Por Gerardo Aranguren -
La jueza federal de Resistencia, Zunilda Niremperger, declaró este miércoles como “hecho probado” el asesinato de Pablo Martinelli el 7 de noviembre de 1976 en la capital de la provincia del Chaco en el marco del terrorismo de Estado.
La jueza sostuvo que las pruebas en el expediente permiten demostrar que el homicidio ocurrió cuando Martinelli intentó escapar de una emboscada de fuerzas conjuntas de la Policía provincial y el Ejército. Luego de su muerte, como condición para entregar el cuerpo a la familia, hicieron figurar su muerte como un accidente.
La resolución, a partir de un pedido de la familia y de la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Resistencia, estuvo basada en el derecho a la verdad ya que los dos posibles acusados de esos hechos murieron antes de poder realizar un juicio oral.
Desde el juzgado de Paso de los Libres, Corrientes, ciudad de la que era oriundo Martinelli, siguieron la audiencia virtual sus hermanos, su hermana, junto a sobrinos, sobrinas y otros familiares, que podrán ahora tramitar el cambio en el certificado de defunción para que figuren las verdaderas razones de su muerte.
“El pronunciamiento tiene como objetivo principal el esclarecimiento de la verdad, un derecho que permanece inmutable por el paso del tiempo y es imprescriptible”, explicó la jueza en sus fundamentos y señaló el alcance tanto individual como colectivo del derecho a la verdad: “El derecho autónomo a la verdad se manifiesta con alcance individual, respecto del derecho de las víctimas y familiares a recibir información sobre graves violaciones a los derechos humanos, y otro colectivo, que se relaciona con la necesidad de que la sociedad conozca lo que pasó”.
“El tiempo transcurrido en este caso solo permitió avanzar sobre el esclarecimiento y la investigación del hecho, lo cual representa una deuda para con la víctima, sus familiares y la sociedad en general. La satisfacción del derecho a la verdad en este caso aportará a sus familiares y a la sociedad en general, un elemento relevante para la recomposición del daño causado”, concluyó.
Pablo Martinelli tenía 22 años y era estudiante de veterinaria. Se encontraba en la búsqueda de algún rastro de su hermana Susana, quien había desaparecido a mediados de 1976 en Mar del Plata. El día de su asesinato fue a una reunión con una persona en el centro de Resistencia, pero en realidad se trataba de una trampa tendida por las fuerzas represivas.
El homicidio comenzó a investigarse en 2012 por la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Resistencia, integrada por los fiscales Carlos Amad, Patricio Sabadini, Diego Vigay y Horacio Rodríguez. El cuerpo del joven fue exhumado por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), que comprobó las heridas de bala que le provocaron la muerte.
Sin embargo, en el trascurso de la investigación, las dos personas acusadas por esos hechos murieron: el médico policial Pedro Grillo, quien firmó el certificado de defunción falso, y el policía provincial Fermín Montiel, quien figura como declarante en ese documento.
A partir de eso y con el antecedente cercano del juicio por la verdad que se realizó en Resistencia por la Masacre de Napalpí, los fiscales y la familia reclamaron una sentencia que reconstruyera lo sucedido.
“Esto es reparador para todos”, dijo emocionada Mariana, sobrina de Pablo, al finalizar la audiencia. “La verdad se va haciendo pública y eso es importante para todos, para familiares y para la ciudad de Paso de los Libres. A pesar de que no se puedo castigar a los culpables, que esto se haga público es reparador para todos, a pesar de que ha pasado más de 40 y pico de años. Son un poco lentos los procesos, demasiados. Creo que mis abuelos, los padres de Pablo, desde donde estén saben que esto está pasando y de algún modo repara con la verdad los asesinatos que se han cometido injustamente”, añadió.
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