Por María Cafferata -
En la sexta audiencia testimonial desde que comenzó la investigación a los jueces de la Corte Suprema, la comisión de Juicio Político abrió el tratamiento de la causal que está generando una guerra interna en el Máximo Tribunal: las irregularidades en la Obra Social del Poder Judicial (OSPJ). Durante siete horas, diversos testigos dieron cuenta de la falta de control interno, la ausencia de presupuestos anuales, la inexistencia de un sistema informático y las irregularidades en los registros contables. Dos trabajadoras judiciales, a su vez, relataron los problemas que habían tenido en el acceso al servicio de Salud. El plato fuerte, sin embargo, fue la presencia de María Guadalupe Burgos, una funcionaria que, sin ser contadora ni tener ninguna otra profesión o antecedente laboral, se dedicó a firmar cheques millonarios durante años en la OSPJ. Identificada como la sobrina política de Juan Carlos Maqueda -el supremo más complicado por este tema, ya que era el encargado de supervisar la OSPJ-, Burgos, sin embargo, rechazó cualquier relación de parentesco.
La reunión comenzó a las 13 con la sala más vacía de lo usual. A modo de anticipo de lo que irá ocurriendo con la comisión de Juicio Político a medida que se vaya intensificando la campaña electoral, se notaban varias ausencias opositoras (el Frente de Todos tenía que estar al completo porque si no se quedaban sin quórum). La atención, incluso, era más flotante que en otros encuentros. Por otro lado, en la previa se había confirmado que el exdirector de la OSPJ, Aldo Tonón, no comparecería. Su argumento era que estaba siendo investigado en una causa judicial por este mismo tema y que podría autoincriminarse. La presidenta de la comisión, Carolina Gaillard, le advirtió, sin embargo, que estaba obligado a comparecer y volverá a citarlo para la semana próxima (bajo la amenaza de que en caso de ausentarse lo traerían por la fuerza pública).
El clima de la comisión cambió abruptamente cuando llegó el momento del testimonio de María Guadalupe Burgos. Con mucho nerviosismo, en un tono de voz que por momentos se quebraba, Burgos fue confesando que hace años que se encargaba -junto a otras tres personas- de firmar los cheques y transferencias de pagos y contrataciones de la obra social. La funcionaria, sin embargo, admitió que no contaba con ninguna experiencia previa ni profesión que justificara aquel rol. Al principio, incluso, dijo que era “empleada administrativa” y, después, ante las preguntas de Leopoldo Moreau, se desdijo y explicó que tenía el cargo de “Pro Secretario Jefe”. Minutos después, lo mismo: “No hubo ninguna resolución que me diera el cargo”, primero y, después, se volvió a desdecir y explicó que “la resolución la firmó el directorio”. Cuando terminó el interrogatorio, Moreau exclamó: “Lo lamento mucho”. “Es una canallada la forma en que la expusieron”, explicó, indignado, un diputado oficialista que estaba cerca.
Cuando comenzaron las primeras denuncias de los sindicatos judiciales sobre los desmanejos de la obra social Burgos había sido identificada como la sobrina de Maqueda. Sin embargo, cuando Mara Brawer (FdT) le consultó si tenía algún vínculo (sanguíneo o político) con Maqueda, ella lo negó, generando desconcierto en la sala. Ningún diputade consultado por este medio pudo decir a ciencia cierta si era o no la sobrina. Fuentes de Tribunales, de todos modos, insistieron en que sí lo era.
Los desmanejos de la Obra Social
Unas horas antes, la doctora María Cristina Interlandi y el contador Oscar Fernández, dos de los peritos que habían formado parte de la demoledora auditoría que se hizo sobre el funcionamiento de la OSPJ entre 2008 y 2021, abrieron las ronda de testigos. Si bien Interlandi fue más esquiva -respondía cada pregunta leyendo el texto de la auditoría realizada-, Fernández fue bastante más descriptivo sobre las irregularidades que se habían registrado durante ese período. Como por ejemplo: que no había manuales de procedimiento, que no existían balances contables, que el sistema informático era “vulnerable”, que no habían Presupuesto anuales. “No vimos ningún Presupuesto en 13 años”, aseguró Fernández.
Luego fue el turno de Melisa Solana, quien ocupó muy brevemente el cargo de contadora dentro de la OSPJ. “Vio el caos que era y a los pocos días se fue”, ironizaban desde el FdT, donde tenían la expectativa que despachara con dureza sobre el escenario con el que se encontró cuando asumió en noviembre de 2021. El interrogatorio, sin embargo, no rindió grandes frutos. “La renuncia fue de índole personal”, aclaró, desde un principio. Sí destacó, sin embargo, que la OSPJ no contaba con sistema contable y que, incluso, no había contado con una oficina propia cuando ingresó. “Es una cosa increíble, ni oficinas había. Manejaban la obra social como si fuera un kiosquito”, cuestionó, desconcertado, un diputado kirchnerista. Al final del encuentro, expusieron Liliana De Brito y Laura Coulin, dos trabajadoras que están afiliadas en la OSPJ y que denunciaron muchas de las trabas burocráticas que habían tenido que atravesar para el tratamiento de sus hijos (los dos con algún tipo de discapacidad).
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