Por Luciana Bertoia -
El Ministerio de Justicia anunció que el martes 11 de julio terminó con la primera etapa de la centralización de los archivos que estaban en poder de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y que se refieren al atentado contra la AMIA. El material fue trasladado hasta el Palacio Barolo, donde funcionan los equipos de relevamiento de la Unidad Fiscal para la Investigación de la causa AMIA (UFI-AMIA).
En el Palacio Barolo, la SIDE tenía una de sus bases. En 2017, el gobierno de Mauricio Macri decidió que ese lugar pasara a la órbita de la Unidad Especial de Investigación del atentado de la AMIA (UEI-AMIA) –que funciona dentro del Ministerio de Justicia– y que allí se centralizara toda la información que está desperdigada en las distintas delegaciones de los servicios.
Más allá de la declamación, la centralización no avanzó hasta hace unos pocos meses. Durante los primeros tiempos del gobierno del Frente de Todos, la entonces interventora de la AFI, Cristina Caamaño, denunció que había encontrado la documentación en pésimo estado en bases que no estaban acondicionadas para resguardarla. Tiempo después, le reclamó al Ministerio Público Fiscal (MPF) que se hiciera cargo del material.
Archivos en riesgo
No es una sorpresa el estado en el que halló los documentos Caamaño. Los familiares de las víctimas vienen hace tiempo describiendo que los archivos nunca fueron preservados como se debía. Desde palomas que volaban entre los ficheros de Migraciones hasta papeles con 40 centímetros de agua, nadando entre ratas y cucarachas. Todo visto por sus propios ojos.
La AFI tenía documentación sobre la causa AMIA en dos bases: la de la calle Salta –donde se concentraban las grabaciones en casetes– y la base de Contrainteligencia de la calle Estados Unidos –donde todavía hay cintas y papeles–.
La preservación, el análisis y el acceso a los archivos es uno de los reclamos que la agrupación Memoria Activa llevó el año pasado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH). Ante ese organismo, el gobierno nacional se allanó para ser condenado. La titular de la UEI-AMIA, Natalia D’Alessandro, dijo ante los integrantes del tribunal que el Estado argentino reconocía su responsabilidad en todas las manifestaciones de impunidad que rodearon al atentado que se cobró 85 vidas.
El juez Daniel Rafecas –a cargo actualmente del Juzgado Federal 6, donde tramita la causa sobre el ataque– realizó una serie de audiencias para que las querellas y la fiscalía pudieran ponerse de acuerdo con las medidas a seguir. Las críticas a la actuación de la UFI-AMIA –a cargo de los fiscales Sebastián Basso y Gonzalo Miranda– también fueron un eje central de las audiencias ante la Corte IDH.
Rafecas llevó adelante inspecciones oculares en las bases para ver en qué estado se encontraban los archivos. El Ministerio de Justicia, a cargo de Martín Soria, se ocupó de las remodelaciones del Barolo para poder instalar allí toda la documentación. El Archivo Nacional de la Memoria (ANM) hizo un estudio para determinar si efectivamente se podía trasladar el material. La Procuración designó al fiscal Pablo Ouviña para hacerse cargo del trabajo con la documentación. Fue una señal positiva para las partes más allá de los cuestionamientos contra el procurador interino Eduardo Casal: Ouviña tiene una larga trayectoria en temas de lesa humanidad -así está catalogado por la justicia argentina el atentado contra la AMIA- y conoce el funcionamiento de la SIDE por su participación en distintos juicios que estuvieron centrados en el accionar de este organismo durante los años del terrorismo de Estado.
El martes de la semana pasada, el Ministerio de Justicia informó que se había terminado con la primera etapa de la centralización. Esto significa que se trasladó –con la logística que proporcionó la AFI– el material que estaba almacenado en la base de la calle Salta. En el gobierno estimaban que, después del receso de invierno, se hará lo propio con lo que se encuentra en la calle Estados Unidos.
El reclamo de los familiares
Memoria Activa y otras agrupaciones como APEMIA también reclaman acceder a los archivos que están en poder de otras agencias del Estado, por ejemplo de la Policía Federal Argentina (PFA) –que también tuvo un rol importante en los primeros años de la investigación del atentado. En marzo de 2020, el presidente Alberto Fernández firmó el decreto 213 que desclasifica toda la información del atentado –en un refuerzo del decreto de Cristina Fernández de Kirchner de 2015 y el que impulsó Macri en 2017–.
Durante la audiencia ante la Corte-IDH, su presidente, Ricardo Pérez Manrique, le reclamó al Estado que operacionalice ese decreto y que no espere a un fallo condenatorio para hacerlo. Después de eso, el entonces jefe de Gabinete, Juan Manzur, convocó a una reunión de trabajo en la que participaron también Soria y el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández. Hubo señales de buena voluntad, pero el tema sigue sin activarse.
El fallo de la Corte-IDH se esperaba para principios de este año. Sin embargo, el proceso parece haberse demorado. Las integrantes de Memoria Activa que participaron de la audiencia --Diana Wassner y Adriana Reisfeld— les pidieron a los jueces que sea una sentencia ejemplar porque el Estado, en estos 29 años, no les proveyó ni verdad ni justicia.
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