Por Leandro Renou -
Cuando finalice el proceso burocrático de convertir el principio de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en un Memorando de Entendimiento, ese documento se transformará en ley en la Secretaría de Legal y Técnica de la Presidencia e irá al Congreso para una votación por si o por no. Eso supone que, además de cuestiones técnicas, hay una decisión del Gobierno de Alberto Fernández de respetar lo pactado con el organismo. Pero en paralelo, y para garantizar la existencia de recursos para sustentar el crecimiento y la capacidad de pago, el programa con el Fondo tiene en el capítulo de Administración Tributaria una pata fundamental.
El Gobierno, vía la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), viene en un proceso de sofisticación de las herramientas de control de la evasión que verá en estos meses una aceleración fuerte. Para el Ministerio de Economía que conduce Martín Guzmán, es fundamental que la recaudación crezca incrementalmente por sobre los niveles actuales, lo que permite reducir el déficit fiscal sin bajar el gasto. Ésta es la discusión central que hoy atraviesa al Frente de Todos y que derivó en la renuncia de Máximo Kirchner a la presidencia de la Cámara de Diputados.
Ese perfeccionamiento de las herramientas permitirá, según adelantaron fuentes oficiales a Página I12, que en el Memorando de Entendimiento se incluya un porcentual -que pocos conocen- de aumento en la recaudación vía, sobre todo, una búsqueda de evasores entre los grandes capitales. Es que más allá de que el país tiene niveles de informalidad transversales, el grueso de lo recaudable extra está donde está el volúmen. Esto último lo adelantó la titular del fisco, Mercedes Marcó del Pont, en una entrevista periodística reciente.
Lo más relevante son los datos nuevos que AFIP tiene desde el año pasado sobre cuentas de grandes contribuyentes en el exterior. Eso, sumado a las deudas previas que se informan y se cobran, permite ampliar la base imponible de Bienes Personales hacia adelante, es decir, que empiecen a pagar contribuyentes que hasta ahora no pagaban. Naturalmente, ir por los grandes no será lo único, dado que fuentes del Gobierno confiaron que la informalidad es el alta en el plano laboral, de IVA y de otros tributos. Se estima que en Argentina un tercio de la economía es informal, cuando hay países de la región (Chile, Uruguay y Colombia), que están por debajo del 30 por ciento. En Europa, en tanto, hay naciones que se ubican en torno al 10 por ciento.
Un “no” a nuevos impuestos
La dimisión de Máximo Kirchner marcó, sobre todo, una diferencia clara con el Gobierno sobre lo que, a priori, el acuerdo con el FMI significaría para el eslabón bajo y medio de la sociedad. Para esa parte del Frente de Todos, supone un ajuste que profundiza condiciones críticas que se generaron durante el macrismo y la pandemia de COVID 19.
En ese orden de cosas, los diputados afines empezaron a plantear la necesidad de cambiarle cosas al acuerdo con el FMI. Técnicamente, eso supondría que debería volver a discutirse el pacto. Ante esa imposibilidad técnica y la voluntad de Alberto Fernández de discutir en el Parlamento bajo las condiciones actuales, no son pocos los diputados que entienden que hay que garantizar recursos y gestos políticos que garanticen el no ajuste. Hubo en las últimas reuniones de legisladores con Germán Martínez, el reemplazante de Kirchner, en las que se plantearon debates sobre nuevos tributos para que paguen los que más tienen. Por caso, una renovación del Tributo de Grandes Fortunas.
En la Casa Rosada y Hacienda le cierran la puerta a esa chance por varias razones. Primero, por un factor político: la derrota en las legislativas alteró la correlación de fuerzas y el oficialismo no tiene hoy ni espalda ni votos para sostener una propuesta así con posibilidades de éxito. Lo segundo, es que la no suba de impuestos es una de las banderas de Cambiemos justo este año, con lo cual le dejarían servido un frente para el ataque público. Vale decir que, si por el FMI fuera, Grandes Fortunas debería ser un impuestos permanente y las retenciones a las exportaciones también deberían corregirse al alza. Pero nada de eso se pidió en el marco del acuerdo y para el ministro Guzmán, la mejora en la recaudación corregirá diferencias con menos conflicto que crear, en un contexto político adverso, nuevos impuestos o suba de alícuotas.
Entre los que creen que el programa puede derivar en un ajuste, hay posturas que también plantean cuestiones interesantes. En declaraciones a IP Noticias, el diputado y dirigente de la CTA, Hugo Yasky, consideró que “hay que mirar lo que empiece a pasar con las paritarias, las primeras del año, entre ellas la docente”. Esa apelación tiene que ver con que se trata de una discusión salarial con mucho peso del Estado, y allí el Gobierno dará una señal de cuán duras o no pueden ser las correcciones en los gastos.
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