Por Gustavo Veiga -
La investigación sobre los ataques del neofascismo en Brasilia empieza a arrojar datos concretos sobre la trama que los provocó, las consecuencias judiciales que alcanzarán a sus ejecutores y ciertos cómplices de uniforme. Unos 1.500 golpistas fueron detenidos, sus campamentos cuarteleros desmontados y las pesquisas se extienden ahora a sus financistas y sostenes políticos.
Militares retirados
Flávio Dino, el ministro de Justicia, anunció que los bolsonaristas arrestados se exponen a sanciones penales y también civiles por los delitos que cometieron en las sedes de los tres poderes del Estado. Entre quienes invadieron o acompañaron el ingreso violento al Congreso, el Planalto y el Supremo Tribunal Federal (STF) había militares retirados de alta jerarquía. Uno es el ex director de Logística del ministerio de Salud, general de reserva Ridauto Lúcio Fernandes. Fue funcionario durante la gestión del negacionista Eduardo Pazuello entre julio de 2021 y el último día del gobierno del expresidente Bolsonaro. Otro es el coronel (R) Adriano Camargo Testoni, quien según el diario O Globo “se graduó de la Academia Militar de Agulhas Negras, y actualmente trabaja en el Hospital de las Fuerzas Armadas como asesor de la División de Coordinación Administrativa y Financiera”. Pero no solo integrantes del Ejército se involucraron en los hechos. También un oficial de la Marina de Guerra, el capitán retirado, Vilmar José Fortuna, ex asesor de la cartera de Defensa desde 2013 y en la que ya no trabajaba. Se fotografió el domingo en el lugar de los hechos con el desparpajo de un sedicioso que se siente impune.
“Tenemos el delito de golpe de estado, así se denomina en el Código Penal; el intento de abolición violenta del estado democrático de derecho; el delito de daño calificado; la asociación delictiva; lesiones corporales, incluso en relación con los profesionales de la prensa” informó Dino en una conferencia durante la que precisó varios detalles de la investigación.
Su ministerio dio a conocer un correo ([email protected]) para que la gente envíe informaciones sobre los hechos del 8 de enero. Hasta ahora se habían recibido unos 13 mil mensajes que están analizando empleados de la cartera de Justicia. Para Dino, exgobernador del estado de Maranhão y aliado de Lula desde cuando integraba el Partido Comunista de Brasil (PCdoB), esos emails permitirán “que lleguemos a los financistas y organizadores”.
El ministro dijo además que en uno de los vehículos utilizado por los golpistas se encontró un arma de fuego y eso “lamentablemente muestra una preparación para cometer actos de violencia”. Al menos cuarenta ómnibus fueron incautados por la Policía Federal de Carreteras, en varios de los cuales se movilizaron los bolsonaristas a Brasilia. El sábado 7 a la noche, un centenar de estos autobuses que llevaron a unos 4 mil ultraderechistas, llegaron a la capital. Así pudieron sumarse al campamento frente al cuartel general del Ejército en el Distrito Federal.
Acompañando a la turba estaba Camargo Testoni, un irascible coronel que se dejó filmar a los gritos, totalmente fuera de sí, insultando al generalato. “Manada de hijos de puta. Todos se van a cagar. Vanguardias de mierda. Cobardes. Mira lo que nos pasa. Nuestro ejército es una mierda”, vociferaba contra la cúpula militar mientras se lo veía afectado por los gases lacrimógenos y acompañado por su esposa en el ataque al centro del poder político.
Dino adelantó que las pericias dimensionando los daños y perjuicios “serán enviadas al Ministerio Público para cubrir los indemnización de daños materiales perpetuos, algunos irreparables en relación con las edificaciones y el patrimonio histórico que allí se albergan”. Un repaso a las imágenes que circularon en las redes sociales desde el domingo hasta hoy, permitió comprobar escenas escatológicas.
En un video se ve como un hombre usó como baño una sala del STJ para defecar y orinar en público. Otros neofascistas se dedicaron a destrozar cuadros de la pinacoteca del Planalto, el palacio presidencial o utilizaron la mesa de trabajo del expresidente Juscelino Kubitscheck como barricada. Los actos violentos dejaron un saldo cuantioso. Solo el cuadro vandalizado del célebre pintor Di Cavalcanti As Mulatas vale más de 1,5 millones de dólares.
La agencia de noticias Terra Brasil informó que se siguen tres caminos en la investigación sobre el intento de golpe en Brasilia. “La identificación masiva de invasores, el mapeando de la red de financiación de estos grupos y las posibles connivencias de agentes públicos”. Las redes sociales bolsonaristas son la radiografía perfecta de cómo se preparó la convocatoria para converger sobre la capital y voltear al gobierno de Lula con el esperado respaldo de las fuerzas armadas que no se produjo, al menos desde el plano institucional.
“Todos los gastos pagos. Agua, desayuno, almuerzo y cena. Y acamparán en el Planalto”, prometía un mensaje en Telegram enviado por los golpistas nostálgicos del expresidente y de la extensa dictadura brasileña (1964-1985). Para terminar con ese tipo de convocatorias, la empresa Meta anunció que bloquearía “contenido pro-invasión en Brasilia de las redes sociales”.
Con la situación medianamente controlada, el ministro Dino dejó un mensaje aleccionador 24 horas después de los ataques: “Cualquiera que financie el crimen es un delincuente. Ya hemos recogido todos los buses, de dónde vinieron, quién pagó. Tenemos la lista de pasajeros y vamos a pedir a la policía judicial, tanto a la PF como a la Policía Civil, las medidas apropiadas”.
Una caricatura de lo que en apariencia fue, desprestigiado y en franco declive, el exministro de Justicia de Bolsonaro, el senador y exjuez Sergio Moro, dejó una frase sobre los hechos que delata el sentimiento golpista. Criticó al presidente Lula, su condenado sin pruebas, por “reprimir” lo que llamó “protestas”.
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