De la Redacción de Contrapoder -
El Tribunal Oral Federal 2, que juzgó y condenó a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la “causa Vialidad” dio a conocer este jueves los fundamentos de la sentencia, y abrió así la etapa de apelación ante la Cámara de Casación. Cristina había sido condenada a seis años de prisión e inhabilitada a perpetuidad para ejercer cargos públicos. Los jueces también ordenaron el decomiso de 84.835 millones de pesos actualizados al momento en que esta sentencia quede firme.
El Tribunal publicó por la mañana los fundamentos de su sentencia, que tiene 1.616 páginas, notificando a las partes. Desde ese momento, se abrió el plazo de diez días hábiles para apelar el fallo ante Casación, el máximo tribunal penal federal del país.
La instancia de revisión determina que el veredicto no se cumpla hasta que quede firme y esa instancia podría darse ante la Corte Suprema de Justicia, que no tiene plazos para resolver. Tras dar a conocer su decisión al final de un juicio oral el 6 de diciembre pasado, los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso distribuyeron un breve informe con un resumen de los motivos por los cuales se condenó a seis años de prisión a la vicepresidenta y se fijaron penas para otros acusados. Pero como fija la ley, ahora difundieron los fundamentos completos, con una explicación fundada de su decisión en base a la cual las partes ya anticiparon que recurrirán ante Casación.
Entre los argumentos, destacaron en la descripción de los hechos con detalle en lo que sigue, lo que allí juzgaron “es un hecho de corrupción estatal” que “socava la legitimidad de las instituciones públicas, atenta contra la sociedad, el orden moral y la justicia, así como contra el desarrollo integral de los pueblos”. Asimismo, señalaron: “Se ha acreditado la intervención en la maniobra de integrantes de las más altas esferas del Poder Ejecutivo Nacional, de la Dirección Nacional de Vialidad y de la Administración General de Vialidad Provincial de la Provincia de Santa Cruz, en connivencia con un empresario de la construcción dedicado a la obra pública, con el propósito de asegurarle un beneficio económico tanto a éste como a la sociedad conyugal integrada por los ex presidentes Néstor Carlos Kirchner y Cristina Elisabet Fernández de Kirchner”.
En cuanto a la responsabilidad penal de Cristina Kirchner señalaron que “la maniobra defraudatoria bajo juzgamiento no se deriva de una solución dogmática semejante a la que subyace al argumento de sus defensores, ni por haber designado a los empleados de la administración pública aquí imputados, ni siquiera a quienes violando sus deberes especiales perjudicaron a una administración pública, ni en base a un modelo de responsabilidad vicaria”.
Al retomar el argumento de la defensa sobre que “no existe ni existió ninguna disposición constitucional, legal o reglamentaria que impusiera a la ex Presidenta de la Nación el deber de controlar los actos administrativos” de la Dirección Nacional de Vialidad, apuntaron: “Pese a que dentro del Poder Ejecutivo Nacional la administración general del país desde la reforma constitucional de 1994 es ejercida por el jefe de gabinete, el Presidente de la Nación es asimismo “responsable político de la administración general del país”.
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