De la Redacción de Contrapoder –
La Comisión Provincial por la Memoria dio a conocer ayer su informe anual, del cual se desprende que de los 43.094 detenidos en cárceles y alcaidías policiales de la provincia de Buenos Aires, 38.320 se encuentran hacinados en
apenas 20.071 plazas penitenciarias, es decir que de acuerdo al estudio, en el distrito de María Eugenia Vidal hay casi dos presos por cada cama. Además, en todo 2017 se registraron 16.300 hechos de tortura, mientras que los datos oficiales informaron 134 fallecimientos dentro de las cárceles, algo que el organismo considera irreal. Comparativamente, “el endurecimiento de las políticas de seguridad del gobierno de María Eugenia Vidal es mayor que en el gobierno de Carlos Ruckauf”, definió el organismo de derechos humanos.
La CPM también advirtió del recrudecimiento de la represión desde la asunción de Mauricio Macri. En 2017 se dieron 121 muertos por represión, en los cuales se incluye los casos paradigmáticos de violación de los Derechos Humanos, como el de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel.
Como todos los años, la CPM presentó a medios de comunicación, personalidades de la política y funcionarios públicos, un informe que detalla graves violación de los derechos en lugares de encierro, así como sobre la violencia institucional/policial y la situación de las políticas de niñez en la provincia.
A pesar de las promesas por modificar estas graves denuncias, lo cierto es que las medidas por acabar con la inseguridad terminan por aplicarse con las viejas recetas: mayor mano dura, detenciones, represiones y criminalización de la pobreza.
Según el informe de la CPM, a diciembre de 2017 había 43.094 personas detenidas en cárceles, alcaidías, comisarías y bajo arresto o prisión domiciliaria, que representa una tasa de encarcelamiento de 253 detenidos cada 100.000 habitantes. “La tasa de detención en los últimos 10 años creció 78, 37 (casi la mitad) corresponden solamente al periodo 2016-2017. A junio de 2018 el número de detenidos supera los 45 mil”, explicaron.
En relación a la superpoblación, en las 50 cárceles y 12 alcaidías del Servicio Penitenciario Bonaerense había, a diciembre de 2017, “38.320 personas detenidas que se alojaban en 20.071 plazas penitenciarias”, es decir, esto significa quee casi la mitad de los detenidos no tiene espacio para dormir. “Esto representa también un récord histórico de sobrepoblación: 91%, 20 puntos más que en 2016”, agregaron desde el organismo.
Por su parte, el informe apunta a las consecuencias del sobre-encarcelamiento, que termina en detenidos ilegales en comisarías. Según la CPM, el año pasado 3.097 personas ocupaban 1.040 camastros, es decir, que “dos de cada tres personas duermen en el piso”.
“La sobrepoblación se mantiene desde mayo de 2016 por encima del 100% y con una tendencia en aumento que entre mayo y diciembre de 2017 alcanzó valores cercanos al 200%”, indicaron desde la Comisión Provincial.
Uno de los puntos más preocupantes y escabrosos se refiere a los casos de torturas en contexto de encierro. Durante el año 2017 la CPM registró 16.300 hechos de agravamiento de las condiciones de detención que constituyeron “torturas o tratos y penas crueles, inhumanos y degradantes”. Algo propio de contextos históricos que no se condicen con una democracia moderna.
Sobre esto, también se refirieron acerca de las personas enfermas en las cárceles. Según el organismo de DDHH, los casos registrados de enfermos por tuberculosis “ascendieron de 187 en 2016 a 436 en 2017”, y determinaron: “es urgente que Salud Penitenciaria, hoy bajo la órbita del Ministerio de Justicia, pase a depender del Ministerio de Salud e integrarse a sus políticas y programas”.
También, el informe del organismo provincial busca plantear la polémica sobre los casos de muerte en contexto de encierro. Tal como denunció la CPM, por primera vez el Ministerio de Justicia “no informó la cantidad de personas fallecidas” durante 2017.
“El listado de 134 personas que hemos podido reconstruir es sin dudas un sub registro; las condiciones de detención, la deplorable situación de la salud penitenciaria y el mismo silencio oficialista nos obliga a ser pesimistas y creer que el número de muertos es mucho mayor”, manifestaron.
Durante el año pasado, el organismo contó 121 muertes por “uso letal de la fuerza”, algo que abarca hechos represivos como así también casos de gatillo fácil y otras violencias letales de las distintas fuerzas de seguridad. Entre ellas, las recordadas y denunciadas por el organismo, como la “Masacre de Pergamino”, que se cobró la vida de siete jóvenes que murieron en un incendio dentro de una comisaría.
Esto representa un 11% más casos represivos que en 2016. Por su parte, el informe indica que casi el 80% de las víctimas tenían menos de 30 años y en “el 73% de los casos el policía que mató estaba fuera de servicio”.
A su vez, el registro de represiones de la CPM explica que durante el 2017 “el Estado reprimió el 57.7% del total de protestas y manifestaciones que se realizaron: estas intervenciones represivas dejaron 2 muertos: Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, 250 heridos y 331 personas encarceladas”.
Finalmente, otro de los indicadores del informe puntualiza que entre los años 2002 y 2017 la cantidad de mujeres detenidas “creció un 197.6% en la provincia de Buenos Aires”.
“En 2017, había 1.346 mujeres detenidas en cárceles bonaerenses, que representan el 4.3% del total de detenidos en el SPB. Asimismo, El sistema penal también reproduce desigualdades de género: 6 de cada 10 mujeres están detenidas sin haber sido condenadas, 10 % más que los varones detenidos con prisión preventiva”, ampliaron.
Esto tiene uno de los agravantes en los casos de mujeres detenidos con hijos: hasta el mes de diciembre de 2017, se contaron 81 embarazadas, 62 madres con sus niñas y niños, y 63 niños y niñas continuaban detenidos en las cárceles bonaerenses.
La CPM también se refirió a la violencia y los casos de abuso policial frente a la comunidad trans y travesti, en las cuales se incluye “limitaciones constantes a su libertad ambulatoria, detenciones arbitrarias, vejaciones, humillaciones y agresiones que sufren durante la detención, torturas impuestas en contexto o ámbito de encierro, armado de causas judiciales a través de relatos fraguados por agentes públicos y ausencia de programas o políticas públicas de inclusión socio-laboral”.
Como último punto del informe anual de la CPM, se detalla la situación de los y las niñas en situación vulnerable.
La CPM advirtió que a doce años de la sanción de la ley 13.298 de la Promoción y Protección de los Derechos del Niño, se estima que sería necesario “2.5 veces más servicios locales que los existentes en la Provincia”, ya que “sólo 40 de 135 municipios han conformado el Consejo local de niñez y adolescencia, y casi la mitad de los municipios no tienen programas propios para niños, niñas y adolescentes”.
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