De la Redacción de Contrapoder –
Decenas de miles de indígenas avanzaron este miércoles sobre Quito en protesta contra los ajustes económicos que practicó el gobierno de Linín Moreno a instancias del FMI. Desde hace una semana el caos y los disturbios se adueñaron de Ecuador, y mientras el pueblo reclama la renuncia del presidente la respuesta oficial fue la declaración del Estado de Excepción, militarización de las calles y una brutal represión que ya se cobró dos vidas y cientos de heridos.
Las protestas llegaron a su pico más alto el martes cuando los manifestantes lograron ingresar a la sede de la 
Asamblea Nacional. Esa noche Moreno, desde su refugio de Guayaquil, decretó el toque de queda que duró hasta la madruga del miércoles.
Una verdadera marea humana marchó en dirección al centro de la militarizada capital, donde se encuentra la desocupada sede presidencial tras la huida del presidente y su equipo de gobierno, mientras más adelante grupos menos numerosos de estudiantes y trabajadores se enfrentaron a piedra con la policía, que respondió con una durísima represión. El saldo trágico es de dos muertos, aunque la información oficial es poca y no muy confiable.
“Nos tiene aquí la indignación ecuatoriana contra el paquetazo”, señaló a los medios Gonzalo Espín, dirigente de 
los indígenas de Cotopaxi (centro). “Mientras no desista, seguiremos aquí”, aseguró.
Moreno sigue la crisis desde Guayaquil, adonde trasladó la sede del gobierno el lunes ante el acoso de los indígenas que fueron llegando a Quito desde el interior. Las Fuerzas Armadas, movilizadas en el marco de un estado de excepción, se mantienen leales al gobierno. El presidente, tildado de “traidor” por la mayoría de sus votantes, ofreció abrir el diálogo, pero con la mediación de la ONU y la Iglesia católica. “El presidente está gobernando solo con las recetas del Fondo Monetario Internacional, de las cámaras empresariales. Y es lo que rechaza el pueblo ecuatoriano”, sostuvo por su parte el líder indígena Salvador Quishpe.
Sin embargo, los indígenas exigen como condición que el gobierno desista de eliminar los subsidios que condujeron al alza del combustible hasta en 123%, llevando el litro de nafta a U$S 2,30 (unos 140 pesos argentinos). El 
presidente no quiere dar marcha atrás en su política, y ofrece a cambio liberar más recursos para los indígenas afectados por el aumento generalizado de precios que lógicamente originó el alza de los combustibles.
El despliegue de los militares y la medida de excepción han sido insuficientes para contener las manifestaciones populares, las más grandes desde la caída del entonces presidente Lucio Gutiérrez en 2005. El martes se produjeron nuevos y violentos enfrentamientos. Un grupo de indígenas alcanzó a ocupar el Legislativo antes de que fuera desalojado por los uniformados, y el gobierno restringió el tránsito nocturno alrededor de instalaciones estratégicas como ministerios, puentes y antenas de comunicación.
En la primera semana de manifestaciones la Cruz Roja atendió a cientos heridos en las calles. El gobierno reporta unos 700 detenidos, aunque las organizaciones de DDHH aseguran que son más de 800.
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