Por Sol Rodríguez Garnica –
Cuando Cristina Fernández de Kirchner se siente ante los jueces del Tribunal Oral Federal Nº 2 para declarar habrá pasado un año y once meses desde el momento en que su defensa pidió que el caso “Vialidad” vaya a juicio. En el medio hubo peritajes, un cambio de juez y hasta la posibilidad de que el debate no se hiciera. Desde las 9:30 de este lunes, la vicepresidenta electa tendrá la posibilidad de hablar y cuestionar todos los aspectos de la causa.
Una indagatoria es un momento, dentro de los procesos judiciales, donde los y las imputadas pueden defenderse con total libertad. Se considera una de las instancias clave. Por supuesto que hablar no es obligatorio aunque, en el caso de Cristina, ella fue la que comunicó desde el principio del juicio oral, en mayo de este año, que quería declarar ante los jueces. A eso le sumó el pedido que hizo esta semana y que dos de los jueces del Tribunal le rechazaron: la televisación en vivo y en directo de lo que pasara en la sala AMIA de los tribunales de Comodoro Py.
Los magistrados Jorge Gorini y Andrés Basso fueron los que le dijeron que no al pedido presentado por el abogado que ejerce la defensa de la expresidenta, Carlos Beraldi. Sostuvieron que al principio del juicio habían comunicado que sólo se trasmitirían el inicio, la discusión final y el veredicto del proceso y que nadie había rechazado esto. El otro integrante del Tribunal, Rodrigo Giménez Uriburu, votó a favor de la transmisión por “la gran trascendencia” que tuvo el caso hasta ahora y que seguramente aumentará mañana. El pedido de Cristina no era insólito: muchos de los juicios federales se transmiten en vivo y en directo en la etapa de indagatorias y hay una acordada de la Corte Suprema de Justicia que lo avala.
La acusación contra Cristina se leyó durante varias jornadas del juicio. Se la acusa de haber beneficiado con obras públicas viales en Santa Cruz a Lázaro Báez durante sus dos presidencias y por haber perjudicado “los intereses confiados al violar su deber de administrar y cuidar fielmente los bienes del Estado nacional”. Asociación ilícita y administración fraudulenta agravada son los dos delitos por los que fue procesada.
La asociación ilícita es una imputación bastante cuestionada dentro del mundo judicial. Justamente eso atacó la expresidenta cuando le tocó presentarse a indagatoria durante la investigación de la causa. “Es ridículo pensar que un gobierno es una asociación ilícita”, había manifestado, además de que había dejado en claro que ese delito se elige para “perseguir” a dirigentes políticos cuando no se encuentra otra figura penal para involucrarlos. Ese será uno de los ejes también de la defensa que hará mañana, en un alegato que será un mix entre lo técnico-jurídico y lo político.
En el juicio están en la mira 51 contratos que Báez recibió para obras en la provincia de Santa Cruz por 46 mil millones de pesos. El peritaje para ver si existían sobreprecios o irregularidades no se hizo sobre todos los contratos sino que se tomaron cinco casos “testigo” y sobre esos se determinó que hubo 170 millones de dólares de presupuesto. Este será el otro punto fundamental a cuestionar: Cristina siempre quiso y reclamó que el estudio se hiciera sobre todas las obras y no sobre algunas escogidas. “Lázaro Báez no es mi amigo ni mi socio comercial”, aseguró Cristina en el escrito presentado en octubre de 2016 en la causa. Será también otro de los puntos donde hará hincapié para desarmar la idea de un posible “amiguismo” para beneficiarlo.
Otra de las cuestiones que siempre recalcó la vicepresidenta electa fue la politización y utilización mediática que tuvieron sus causas. Ya en 2016 comparó el proceso judicial que tenía con lo sucedido en Brasil. “No es casual que ambos presidentes hayan encabezado procesos de transformación social y económica en favor de las grandes mayorías. Se trata de difamar y estigmatizar a quienes han representado los intereses de millones de compatriotas”, marcó.
Las críticas a Comodoro Py y a la forma en que se llevaron los expedientes que la involucran son la parte política de su indagatoria, que nadie aún puede determinar cuánto durará. «
Un juicio que va para largo
Después de la declaración de Cristina, el Tribunal podrá recibir a los 178 testigos que tiene para llamar. En el medio, el mes de feria judicial traerá un parate obligado, por lo que no hay ni siquiera una estimación de cuándo van a alegar las fiscalías, las querellas y las defensas de todos los acusados. Los más optimistas hablan de un final de juicio más cerca de finales de 2020, con un resultado por ahora incierto.
Un punto interesante para analizar será el rol de las querellas a partir del 10 de diciembre. Las querellas pueden pedir pruebas, testigos y, al momento de hacer los alegatos, solicitar condenas para los implicados. La Oficina Anticorrupción (OA), a cargo de la cuestionada y recientemente indagada Laura Alonso, es una de las partes acusadoras dentro del juicio. La misma Alonso admitió en un programa periodístico que se dedicaron durante su gestión a impulsar las causas contra los funcionarios del gobierno anterior y que no se concentraron en lo que sucedía durante el macrismo. La Unidad de Información Financiera (UIF), a cargo de Mariano Federici, exabogado asesor del Fondo Monetario Internacional es la otra querella.
Tanto la OA como la UIF son organismos dentro del Estado Nacional y que cumplieron a rajatabla con la línea ideológica que partía desde las Casa Rosada. Con el cambio de gestión, el rol que ocupan en el juicio a Cristina podría cambiar.
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