Por Irina Hauser –
El agente de inteligencia Martín Coste aseguró que las operaciones de espionaje que se hicieron sobre el Instituto Patria en 2018 respondían a órdenes ya sea de la cúpula de la AFI o “directamente del ex presidente de la Nación”. A su entender sería “inaudito” que “un agente de operaciones realizara una tarea semejante por sí solo, sin conocimiento de las máximas autoridades de la institución”, lo que no quita –sostuvo– que el exespía Alan Ruiz haya impartido instrucciones para concretar las tareas de inteligencia ilegales. Así lo afirmó ante el juez Juan Pablo Augé y los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide en la ampliación de su declaración indagatoria y se convirtió en el primer personaje de esta trama en introducir de manera taxativa el nombre de Mauricio Macri, que ya aparecía salpicado por otras sospechas y ex funcionarios cercanos involucrados en distintas maniobras.
Coste fue indagado como sospechoso el viernes último en la causa sobre las tareas de espionaje en el Instituto Patria y en la casa de Cristina Fernández de Kirchner en 2018. En agosto de ese año acababa de asumir como jefe de Contrainteligencia del organismos que dirigían Gustavo Arribas y Silvia Majdalani. A su área pertenecían los vehículos enviados a ambos lugares. El recién llegaba de vacaciones y asegura que fue una actividad que se ordenó en su ausencia y que supo por los noticieros. Se le imputa no haber “hecho cesar” las acciones ilegales. Su relato tuvo varias aristas reveladoras, algunas ya anticipadas ante la Bicameral de inteligencia: dijo que fueron actividades sin sustento legal y que se intentó usar como argumento para justificarlas la existencia una supuesta amenaza de grupos “antisistémicos”, anarquistas, contra la expresidenta, que no era real. Aseguró, además, que por indicación de la señora 8 participó de la confección de documentos para dar aspecto de legalidad al espionaje.
En la elaboración de esa ingeniería documental reveló que tuvo un papel central la Dirección de Asuntos Jurídicos, que estaba a cargo de Sebastián De Stéfano, que dependía de Arribas, el “señor 5”, y que controlaba causas judiciales. En ella, una de las personas que incidía era Bernardo Miguens, un ex secretario del fallecido juez Claudio Bonadio. Cuando le dieron las primeras indicaciones, contó, estaban también Hernán Martiré, de Jurídicos, y Ruiz, quien había firmado documentos internos como Augusto Rovero.
La relevancia de “Jurídicos” fue señalada también esta semana en la Bicameral por otro hombre de Contrainteligencia, Andrés Bertolini, quien la describió como una “agencia dentro de la agencia”, a favor de la cual se habían desplazado funciones que no le pertenecían, operativas y de recepción y transcripción de escuchas. Bertolini de hecho confirmó que por allí pasaron las que se hicieron en el penal de Ezeiza. Coste y Bertolini coincidieron en que la AFI de Cambiemos estuvo marcada por el desembarco masivo de policías federales y de la Ciudad, que fueron desplazando a los agentes de carrera (como ellos), sin experiencia en “inteligencia”, y el viraje hacia la investigación criminal. El ex titular de Jurídicos, De Stéfano, fue citado por la bicameral para este jueves pero avisó que solo piensa hablar en tribunales, si lo convocan.
Después de la indagatoria de Coste, comenzó a correr el plazo de diez días para definir su situación procesal.
Coste declaró que supo por su superior, Juan Hernández, que la operación en el Patria la había puesto en marcha Ruiz. Y que ante un pedido de explicaciones se amparaban en que eran disposiciones en una causa penal del juzgado de Federico Villena. Era un expediente abierto por pedido de la propia AFI y que, según la fiscalía, habría sido usado para hacer seguimientos ilegales. Pero a Coste y a una abogada que trabajaba con él, y que declaró en la bicameral, les encomendaron “fabricar” el “circuito interno” de documentación para luego sostener presentaciones judiciales.
El primero, y más escueto, fue entrado por los jefes de la AFI ante la Bicameral de inteligencia apenas se armó el revuelo por la aparición de los autos del organismo en la puerta del think tank de CFK. Decía que nadie había espiado sino que los vehículos estaban allí por una orden judicial. Luego le pidieron a Coste que respondieran al juez Marcelo Martínez de Giorgi, que tenía una causa abierta contra los jefes de la AFI por esos seguimientos (donde fueron desvinculados) y también que se confeccionaran dos presentaciones para el juzgado de Villena. En estas últimas se afirmaba que desde fines de julio la AFI tenía advertencias de que, en el contexto del G-20, podía haber ataques de grupos anarquistas contra Cristina Kirchner. Coste explicó que se agregaron descripciones similares sobre otros políticos como el propio Macri, Waldo Wolff, María Eugenia Vidal, Diego Santilli y Graciela Ocaña, para disimular lo que se decía sobre la expresidenta, aunque en algunos casos también habría habido seguimientos.
“En contra de mi voluntad, debí firmar esos documentos para proteger a los agentes. Los informes elevados a Villena y la respuesta al oficio de Martínez Di Giorgi fueron confeccionados por el área de Dirección Administrativa de Asuntos Jurídicos (…) la inclusión de distintas personalidades puede venir a colación de querer tener cobertura de actividades ilegales ya realizadas sobre ellos”, declaró Coste. A la vez, marcó que el informe elevado a Villena se había generado en la Dirección de Eventos Especiales, que dirigía Carlos Tonelli –entonces cuñado de la exvicepresidenta Gabriela Michetti– y que a la vez dependía de Terrorismo, que dirigía Darío Biorci.
El agente indagado precisó que si hubiera existido un peligro real de seguridad se debía “trasladar la amenaza o conocimiento de riesgo, hacia el Ministerio de Seguridad” y también a la supuesta víctima, lo que no ocurrió. Para describir la ilegalidad, Coste dijo que no había relación con un problema de seguridad: “el objetivo era ver si sacaban bolsos o documentación del Instituto Patria y de la casa de CFK”. Enumeró que los “falsos” se llamaban “Atómica”, “Rojo”, “Avanti” y “Waffle”, y que antes del final de la gestión armó “biblioratos” a modo de “contrainteligencia institucional” para poder “demostrar todo aquello que estoy relatando”.
“La Dirección Administrativa de Asuntos Jurídicos dependía directamente de Arribas” y fue la que armó la justificación legal, aseguró Coste. Luego contó que sabía de la relación directa de Arribas con Mauricio Macri y que “poseían un teléfono encriptado, especialmente diseñado para ellos dos, realizado por el área de ciberinteligencia de la agencia sin el consentimiento, hasta donde yo puedo afirmar, de Contrainteligencia”. “Los lineamientos generales que debía cumplir la agencia –describió Coste– provenían de presidencia de la Nación”. Y luego fue más lejos: Dijo que las tareas en el Instituto Patria se hicieron por orden ya sea de los jefes de la AFI “o directamente del presidente del la Nación, ya que es inaudito que un agente de operaciones realice una tarea semejante por sí solo sin conocimiento de las máximas autoridades de la institución”.
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