De la Redacción de Contrapoder –
Alrededor de 60 represores procesados y varios condenados por delitos de lesa humanidad cobran “pensiones honoríficas” como veteranos de la guerra del Atlántico Sur. Entre ellos hay ex militares acusados por haber torturado a soldados en las Islas Malvinas. La denuncia presentada por ex combatientes indica que el beneficio transgrede una normativa de 2004, que prohibió esos haberes para autores de “violaciones a los derechos humanos, crímenes contra la patria o el orden constitucional”.
La revelación fue hecha por el Centro de Excombatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata, que pidió a la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) revisar esos beneficios, varios de los cuales fueron otorgados en forma “irregular” durante la década del ’90.
Entre los beneficiados se encuentra Julio César Binotti, un represor de la ESMA condenado a prisión perpetua y denunciado por haber estaqueado soldados en Malvinas, y pese a todo conserva el beneficio de esta pensión.
También aparecen procesados y con prisión preventiva el ex coronel Daniel Alejandro Delfor Polano, imputado por delitos de lesa humanidad en Campo de Mayo y acusado de tormentos contra soldados en Malvinas. Es más, fue sindicado por haber participado en un atentado perpetrado en 1970 contra la sede que la AMIA tenía en la ciudad de La Plata.
El relevamiento al que tuvo acceso Télam fue elaborado sobre los registros de la Anses y pueden consultarse por internet. Se trata de personal militar que fue incluido para cobrar esa pensión durante el gobierno de Carlos Menem, sobre la base de las leyes de impunidad, Punto Final y Obediencia Debida e Indultos.
En 1991 se había sancionado la ley 23.848 para que cobren los soldados conscriptos que estuvieron en la guerra de Malvinas. Seis años después se sancionó otra que ampliaba el beneficio a militares de carrera que habían estado en el teatro de operaciones y debían estar retirados o de baja para poder acceder a esta pensión honorífica.
Pero luego, en 2004, el decreto 1357 del ex presidente Néstor Kirchner puso límites. “Estableció que esta pensión no podía ser cobrada por quienes hubieran cometido violaciones a los derechos humanos, crímenes contra la patria o el orden constitucional. Por eso creemos hay irregularidades que deben ser corregidas”, señaló Ernesto Alonso, dirigente del CECIM.
De acuerdo a la información oficial, otros de los represores que figuran en esta lista son el ex capitán Carlos Esteban Pla, condenado por delitos de lesa humanidad en San Luis; el ex contralmirante y represor de la ESMA Edgardo Otero; y el ex teniente de navío Francisco Lucio Rioja.
Entre los procesados y con prisión preventiva que también cobran se encuentran los represores Luis Alberto López y Carlos Salvadores Carrizo, imputado por la masacre de Capilla del Rosario y en libertad tras pagar una fianza de 100 mil pesos.
“Muchas veces, el argumento para mantener esta pensiones es la falta de una condena firme sobre los delitos que se imputan. Pero nos parece que para la ilegalidad no puede haber un derecho adquirido, y más cuando se trata de una pensión honoraria. Los torturadores carecen de honor”, afirmó Alonso.
Tras denuncias similares presentadas por organismos de derechos humanos y agrupaciones de ex soldados de Malvinas, se logró que muchos represores dejaran de percibir estas pensiones que cobraron por años. Es el caso de los ex oficiales navales Antonio Pernías, Jorge Acosta y Juan Carlos Rolón, emblemáticos represores de la ESMA que durante años cobraron estos haberes hasta que fueron denunciados.
En esta línea, el organismo de ex combatientes platense presentó una nota a la directora ejecutiva de la Anses, Fernanda Raverta, para proponerle que los beneficiaron presenten de forma periódica un certificado de antecedentes penales expedido por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Hace una semana, el diario alemán Bild, reveló que el ex oficial naval Luis Esteban Kyburg, requerido por la Justicia argentina por presuntos delitos de lesa humanidad que habría cometido en Mar del Plata, reside en un barrio de Berlín, donde obtuvo la ciudadanía germana.
El CECIM denunció que el beneficio que cobraba Kyburg se suspendió, “pero lo llamativo era que estando prófugo presentaba a través de sus representantes legales recursos para seguir cobrando”, indicó Alonso.
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