Por Raúl Dellatorre –
La consulta a las entidades que reúnen a los dueños de almacenes y autoservicios, los comercios “de cercanía” en los barrios de CABA y el Gran Buenos Aires, arroja resultados tan contundentes como preocupantes. Entre los últimos días de enero y los primeros de febrero, las listas de nuevos precios que recibieron de sus proveedores mayoristas, marcan aumentos como los siguientes: agua mineral de primera marca , 25 por ciento; cervezas, 8 por ciento. Son productos que ya venían, desde el último trimestre de 2021, con subas del 4 ó 5 por ciento mensual. Los huevos, con aumento del 80 por ciento, en este caso “justificado” en que no había tenido subas desde hacía varios meses. Pero ya se habla un aumento adicional del 8 al 10 por ciento en los próximos días en el mismo producto. Otra referencia: un comercio de Zárate, que recibió el 11 de enero el cajón de 12 maples de huevos (30 docenas) a 2450 pesos comprados al productor, recibió esta semana el mismo cajón a 4500 pesos: un aumento de más del 80 por ciento.
La leche, también provista por empresa monopólica, no aumenta el precio indicado en la factura, pero el rubro que figuraba abajo como “bonificación 20%”, desapareció de un día para el otro. No es un aumento, dice el proveedor, pero el comerciante deberá pagar esa suma adicional que antes le bonificaban. Si no es aumento, se le parece demasiado.
Observar el fenómeno de la inflación desde el lugar del comerciante de barrio da una visión diferenciada de la que se recibe únicamente con los acuerdos de precios que firman las grandes cadenas de hipermercados y firmas líderes de la industria de alimentación. La situación monopólica, por ejemplo, generada en el segmento del pan de molde (lactal, de centeno y todas sus múltiples variantes), que se dio a través de la expansión de una firma extranjera que fue comprando de a una a todas sus competidoras, hace posible que esta marca ofrezca en góndola su producto “premium” (un pan con semillas presentado como de calidad superior) a 490 pesos la pieza o paquete. En este autoservicio, barrio de clase media en la localidad de Morón, se encuentra otro pan con semillas que el dueño del comercio le compra a una pyme de 3 de Febrero, y que asegura que no le va en zaga al anterior, que se vende a 170 pesos. Prácticamente una tercera parte del anterior, pero es una marca desconocida y tampoco tiene escala de producción su fabricante como para estar en todos los negocios, grandes o chicos, donde se ofrece el promocionado producto de la marca monopólica.
Atacar la inflación con alguna chance de éxito significa entenderse con todas estas cuestiones: mercados monopólicos, abuso de condiciones de comercialización entre grandes fabricantes y pequeños comercios, acuerdos de precios y abastecimiento que se cumplen sólo en grandes cadenas de hipermercados y no siempre, pymes con mejores precios pero sin posibilidad de llegar masivamente a las góndolas. Y como consecuencia de todas esas condiciones, remarcaciones de precios absolutamente sin justificación, más que asegurarle a las empresas concentradas el máximo de rentabilidad, acompañadas por aumentos de la mayoría de los otros eslabones de la cadena “para no perder la carrera”. En estos últimos casos, muchas veces como “tomadores de precios”, no formadores, atrapados en la vorágine inflacionaria.
¿Tiene freno esto? Evidentemente, no por “el libre juego de la oferta y demanda” que acomode los precios. En la última semana surgieron varias propuestas, algunas más audaces que otras, refiriendo a la prioridad y urgencia por resolver el tema del aumento del precio de los alimentos y en todos los casos con un horizonte común: la falta de competencia y el rol que debería cumplir el Estado para garantizarla.
Una propuesta que ya lleva varios meses de presentada, pero nunca tratada, surgió de la federación de almaceneros y autoservicios bonaerense. La ideas es articular la oferta de cientos de industrias del interior de la provincia en una red de acceso para todos los comercios minoristas de la jurisdicción, para que éstos puedan hacer la compra on line del producto que le interesa. La novedad está en cómo se resolvería la logística: cada municipio deberá aportar los galpones o “puertos secos” donde el fabricante enviará la producción encargada y de donde el comerciante la retirará, en uno o dos días predeterminados por semana. El transporte entre las fábricas y los puertos secos municipales debería estar a cargo del gobierno provincial o nacional, de modo de eludir el problema de escala en una primera etapa y poder llegar con un precio más bajo al consumidor final.
Por otra parte, en los últimos días Rafael Klejzer, director nacional de Políticas Integradoras, despertó pasiones y odios al mencionar la creación de una Empresa Nacional de Alimentos como respuesta a los monopolios. Pero se trata, en todo caso, de una propuesta no inmediata y que estaría precedida por eslabones previos que empiecen a dar respuesta, en un plazo más cercano, a las necesidades de acercar el productor al consumidor, facilitar el acceso al mercado a industrias pymes de alimentación y presentar productos alternativos con precios accesibles y más estables.
“El Estado tiene que buscar la forma de asociarse con pymes industriales, pequeños productores, cooperativas, que puedan ir garantizando el abastecimiento de productos esenciales en cada región del país, sostuvo Klejzer ante la consulta de este diario. El primer paso, señala, es tomar la experiencia de las empresas públicas provinciales existentes que son proveedoras de alimentos, a las que el funcionario está visitando para interesarlas en un proyecto de mayor alcance.
Los casos de La Pampa, Chaco (fraccionadora de arroz), Formosa (“Nutrifor”), La Rioja (“Mejor Riojanas”), San Luis (“Sol Puntano”), Tucumán (“La Overita”) y La Plata (“País”), son los primeros que Klejzer plantea como antecedentes locales a tener en cuenta. “Son experiencias que están dando buena respuesta a nivel local, por ejemplo ofreciendo la leche 30 pesos más barata que la marca monopólica en La Pampa, el arroz fraccionado con marca propia en Chaco, o mermelada, aceite y harinas hechas en su propia planta por la empresa provincial de San Luis”, cuenta.
Asegura que hay muchos otros proyectos, de mayor o menor volumen, “pero dispersos y sin financiamiento; ahí es donde debe intervenir el Estado nacional, planificando y unificando proyectos y objetivos. En la emergencia, con los monopolios tenés que buscar la forma de acordar; pero visto el problema en perspectiva, el objetivo es desmonopolizar”, completa Klejzer.
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