Por Mario Wainfeld –
La Justicia tardía no es justicia, se repite a menudo, con razón. Este cronista añade, como abogado retirado con años de rodaje, que los chicaneros siempre corren con ventaja en Tribunales. El que quiere demorar siempre gana, en ese sentido. El problema se ahonda cuando quienes chicanean son los jueces de la Corte Suprema, ay.
Los fallos de la Corte Suprema sobre las elecciones provinciales en San Juan y Tucumán son arbitrarios porque se dictaron con morosidad. Juristas serios como Andrés Gil Domínguez y Domingo Rondina lo explican con claridad en hilos de Twitter. Se los cita en la nota de Irina Hauser a la que remitimos.
La tardanza es taimada, todo lo indica. Los jueces cajonean expedientes, los deciden a destiempo. Trabajan “a reglamento”, cobran sueldo como si fueran reyes. Eluden impuestos como ciertas elites.
Los plazos para una cuestión institucional tan seria distan de ser eternos. Son cortos y perentorios. Procrastinar es la jactancia de los irresponsables. Los jueces deben actuar con celeridad y sensatez (dos caras de la misma moneda) haciéndose cargo de su eventual desidia. De haber sentenciado hace una semana, laburando como cualquier mortal, se hubieran ahorrado costos institucionales y económicos para el sistema político y para las provincias como dice Rondina. Era técnicamente factible y jurídicamente imprescindible.
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Detalle para profesionales de derecho, inspirado en tuits de la abogada Graciana Peñafort. Lo que se debate es “una cuestión de puro derecho”. Ver si las candidaturas son admisibles para la Constitución. Las candidaturas son lo que se llama “hechos notorios”, no requieren probarse porque cualquiera los conoce. Entonces no son necesarios informes ni pruebas adicionales. Con un ejercicio racional se puede resolver. Los pedidos de informes son superfluos, otras chicanas de los supremos.
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Las sentencias tardías e inoportunas incumplen los deberes de los funcionarios públicos, podrían tipificar prevaricato. Marche una nueva causal de juicio político contra los tres supremos firmantes: el presidente Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda. Y, tal vez, hasta una denuncia penal.
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Las cuestiones federales son engorrosas, hay conflicto entre los sistemas provinciales y el nacional. La Corte intrusó en dos elecciones. El justicialismo era favorito en ambas, señalamos como nota de color. Los poderes públicos sanjuanino y tucumano decidieron, en sustancia, no confrontar con el Máximo Tribunal. En Tucumán no se votará el domingo 14. En San Juan solo se elegirán autoridades legislativas, intendentes y concejales.
El discurso del ministro del Interior Eduardo De Pedro (ver asimismo artículo de Melisa Molina) no pecó de unitario ni pasó por arriba de las competencias provinciales. Se diferenció del máximo Tribunal, pues. Subrayó la gravedad de la jugada, la falta de respeto a la voluntad popular, la intromisión.
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Ricardo Lorenzetti no votó porque está paseando, integró un famoso coro con León Gieco y el Papa Francisco. Las licencias larguísimas con goce de sueldo, las ferias interminables, cooperan para comprender qué pocas horas les restan a los supremos para laburar como si fueran gente común.
Carlos Rosenkrantz retractó su criterio expresado un juicio análogo en el que se debatía la re-elegibilidad del gobernador de Río Negro Alberto Weretilneck. Pocos años atrás. No es ilícito pero es extraño, dudoso o hasta sospechoso en el actual contexto. El ¿ex? abogado de Clarín debió fundar por qué cambió de parecer para disipar dudas. Pero los jueces funcionan como mudos intermitentes en el mistongo sistema político criollo. Hablan ante élites, se esconden del vulgo y de los medios de información. Rosatti se explayó ayer ante las corporaciones estadounidenses con intereses en la Argentina. Aduló sus oídos mediante un discurso mendaz y banal. Cuestionó la emisión monetaria por inconstitucional. Un bolazo sin fundamento, música para los oídos de los CEOS. En cambio, ningún Supremo se cree obligado a (ni tiene el coraje cívico para) explicar las sinrazones de sus sentencias para comunicar en el Agora como lo hacen tantas autoridades democráticas. El presidente Rosatti dispone de tiempo para preparar un speech y costearse hacia ese cónclave VIP mas no para cumplir con el deber de sentenciar en término.
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Los dictámenes de la procuradora fiscal Laura Monti aconsejaban rechazar las cautelares. No son vinculantes para la Corte Suprema pero evidencian que estas cuestiones jurídicas son opinables, polémicas. Para nada tan claras como vio la exministra Patricia Bullrich quien sinceró el veredicto en primera persona del plural: “Les frenamos las reelecciones”, celebró.
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Las elecciones provinciales, que esta columna sigue con interés, venían desarrollándose de modo sistémico, razonable, con predominio de los oficialismos locales y pasables niveles de presentismo. Distantes de la furia que trasuntan los medios dominantes, de un clima de apatía “a la 2001”.
En ese contorno, los dirigentes de Juntos por el Cambio atraviesan momentos de zozobra y peleas. Los cortesanos van quedando desnudos por denuncias de irregularidades, despidos infundados, malos manejos en la Obra Social de los judiciales.
Algún suspicaz puede imaginar que los Supremos emitieron un mensaje para la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner como sugirió “Wado” de Pedro. Podría, tal vez, ser uno por elevación para las ambiciones porteñas del alcalde bonaerense Jorge Macri. Vaya uno a saber. El firmante de esta no conoce la respuesta a esos interrogantes fuleros pero fundados.
Lo innegable es que la Corte interfirió en procesos que caminaban bien, sin excusas para sus demoras o sus chicanas que (como rezan los proverbios) no son justicia.
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