Por Marcia Dell´Oca –
El ministro de Economía, Sergio Massa, anunció este miércoles que los aguinaldos para los salarios brutos de hasta $880 mil quedarán exentos del impuesto a las Ganancias. La medida, estimaron fuentes oficiales, beneficiará a más de medio millón de trabajadores y servirá para apuntalar el consumo de cara al comienzo de la campaña presidencial. La reducción de la presión impositiva sobre los sueldos es una bandera histórica de Massa que, esta vez choca con la necesidad de reducir el déficit fiscal de cara a la renegociación del Acuerdo con el FMI que se llevará a cabo en Washington la semana próxima. Producto de la última suba del mínimo no imponible, Ganancias a mayo ya mostraba una caída interanual del orden del 14% y producto de la exención, el fisco dejará de recibir en torno a $58.000 millones sobre los salarios de junio y julio.
El Proyecto de Decreto aumenta la exención del inciso z del artículo 26 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, lo que se traduce en una exención de los aguinaldos para los trabajadores que cobren menos de 10 veces el Salario Mínimo Vital y Móvil, esto es unos 513 mil trabajadores, más de la mitad de los que tributan Ganancias. “Se trata de un beneficio extraordinario por única vez para los trabajadores que pagan el impuesto a las Ganancias, con el objetivo de que recompongan el poder adquisitivo y proyectando que esta mejora del salario de bolsillo se traduce en mayor consumo y actividad económica”, señalaron fuentes oficiales. En promedio el beneficio es de $112.600, un incremento sobre el sueldo promedio de bolsillo del 26% para cada trabajador.
La decisión de Massa llega a menos de una semana de que su equipo viaje a cerrar la negociación con el Fondo para conseguir el desembolso por adelantado de USD10.800 millones con los que blindar el bache que dejó la sequía sobre el balance cambiario, que entre el swap con China y los créditos de organismos multilaterales ya fue parcialmente cubierto. Con ese desembolso, la caída del nivel de actividad podría acotarse solamente al agro minimizando la reducción del PBI a solo 2% en 2023.
De hecho, con esta medida el Gobierno persigue sostener el nivel de consumo con un costo fiscal de prácticamente $58.000 millones apuntalando el poder adquisitivo de los salarios más altos. Esto choca con el FMI y sus lineamientos que solo permiten desviaciones de la meta fiscal –hoy incumplida- para amortiguar los impactos del ajuste fiscal sobre la población más vulnerable.
Cabe recordar que esta no es la única medida para sostener el nivel de consumo de salarios que, de acuerdo a la RIPTE, hasta abril acumulaban una pérdida interanual del 5,6% por la aceleración inflacionaria. Las otras medidas incluyen la suba del mínimo no imponible de Ganancias a comienzos de mayo, lo que lesionó la recaudación de este impuesto en un 14,5% interanual, y el aumento del crédito para el consumo mediante la ampliación de los topes de las tarjetas de crédito y la baja en las tasas de interés para las compras dentro del programa Ahora12. Particularmente, esta última política sirve para compensar la merma del 10% interanual en los préstamos al consumo con tarjeta del conjunto del sistema bancario registrada en mayo, pero no necesariamente alcanza a subsanar la caída del 9,5% en los créditos prendarios ni del 20% interanual de los préstamos personales.
“En el caso del aguinaldo, la retención del impuesto se va calculando mes a mes. Por esto, la medida propone devolver lo retenido para estos salarios en dos cuotas mensuales, iguales y consecutivas, junto con el cobro de las remuneraciones mensuales devengadas en los meses de junio y julio. Para ello, los empleadores deberán exponer la devolución en un renglón separado del recibo de sueldo, identificando claramente el beneficio de la medida”, aclararon en Economía.
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