Por Leandro Renou –
Los empresarios están que trinan, como pocas veces en los últimos años. Y no es porque no apoyen la liberación de la economía que propone el presidente Javier Milei, sino más bien porque están viendo que lo que era un combate a la casta, viró a la protección y financiamiento del Estado a un solo polo empresario: el régimen de ensambladores electrónicos de Tierra del Fuego. Un negocio que está en manos de pocas empresas y tiene un rey, el hermano de la vida de Mauricio Macri, Nicolás “Nicky” Caputo.
En todos los despachos empresarios, sobre todo en la industria y los constructores, está la certeza de que hay un lobby de protección política a las firmas de la isla, y que está sintetizado en la coraza que establecieron otros dos Caputo: el ministro de Economía, Luis Caputo, primo de Nicky, y su sobrino Santiago, el asesor del presidente Milei, cuya designación fue formalizada hace algunos días pero fue central en el armado de la campaña libertaria y en las negociaciones de la Ley Ómnibus por parte del Gobierno.
El dato más polémico del asunto es que, si se toma el total de lo que el Estado destina para la isla, se cubriría el total de transferencias a las provincias sin necesidades de ajuste. Por eso crece de manera importante la presión empresaria para que se termine el régimen que beneficia a las electrónicas. Vale decir, también, que el debate sobre los negocios allí viene dándose desde el mismo gobierno de Alberto Fernández. En este caso, con Milei y más allá de las presiones de la oposición, el lobby político parece no querer ni mencionar el asunto.
En los pasillo del Círculo Rojo, la bronca
Hace unos días, en una reunión de catarsis en la Cámara de la Construcción (Camarco), se plantó un histórico y jugó fuerte. “Parece que no hay plata para unos y para otros sí hay”, dijo Hugo Dragonetti, de la constructora Panedile, uno de los gigantes de la actividad ladrillera. Detrás de él se cuadró un gerente de la firma Rovella Carranza, que agregó también que “no nos dan ni la medida de AFIP para evitar las ejecuciones fiscales”, en referencia a una decisión del fisco apuntada al sector de pymes. Ambos dispararon dardos al negocio y protección del gobierno de Milei y los Caputo al sector electro.
Está tan expuesto el problema de los constructores, que se quedaron sin obra pública, que en algún momento hubo interlocutores que trataron de hablar para ver si era más equitativo el destino de la actividad fomentada por el Estado. Uno de esos casos fue el del titular de la Uocra, Gerardo Martínez, quien se reunió con el ministro del Interior, Guillermo Francos, pero terminó dándose cuenta de que Francos estaba de acuerdo con la disparidad en los subsidios a Tierra del Fuego, pero no podía aplicar nada de lo pedido. Ambos decidieron cortar el diálogo: hoy, el poder de decisión no pasa por el ex titular del BID.
Algo similar al malestar de los constructores ocurrió en una charla informal que mantuvieron dos altos dirigentes de la Unión Industrial (UIA), en la cual se penó por la apertura de importaciones, la caída de la actividad y los favores entre la familia Caputo. La entidad que preside Daniel Funes de Rioja salió a bancar fuerte y tallar en la reforma laboral que impulsa Milei, pero rápido se dio cuenta que la recesión pondrá a las industrias en un escenario mucho al que tuvieron en la era Macri, la peor desde la crisis del 2001.
En la otra esquina, Mario Grinmann, titular de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), recibió críticas de algunos de sus pares por haber salido a bancar tan fuerte al gobierno, cuando están perdiendo dinero todos los sectores económicos y, en particular, el comercio, mientras el Gobierno le reparte directamente a los protegidos de los Caputo. Algunos integrantes de diferentes gremiales empresarios se enojaron bastante por las apariciones públicas y la militancia pro Milei del líder de los empresarios mercantiles.
La plata y la familia
Si se mide en dinero, el régimen de Tierra del Fuego debería imponerle al Gobierno que ajusta un dilema central, pero el lobby de los Caputo lo impide. ¿Por qué? El Estado desembolsa 1560 millones de dólares anuales en la protección fiscal de la isla, donde no se paga IVA y, bajo la decisión del actual ministro de Hacienda, también se le concedió un beneficio enorme: por resolución, las empresas de electro no pagan el Impuesto País, que se abona en aquellos casos que se deseen importar insumos o mercaderías.
Ese decreto definió que Tierra del Fuego no pagará el 7,5 del Impuesto País, justo uno de los temas que trabó la aprobación de la Ley Ómnibus. En la otra esquina, cualquier industrial que importe una parte para producir, lo estará pagando, aún siendo una pequeña y mediana empresa.
Lo paradójico es que empresarios de diferentes rubros, en el marco de la disputa por el régimen, contabilizaron que esos 1560 millones de dólares cubren el total de las necesidades de transferencias a las provincias sin necesidad, por ejemplo, de subir el Impuesto a las Ganancias.
En la situación de cubrir el negocio de Mirgor en la isla, no sólo juegan fuerte los Caputo, sino otro honmbre clave en Hacienda: el secretario de todos los ministerios, Juan Pazo, ex socio de Francisco De Narváez en el grupo textil Alas y amigo íntimo de Nicky Caputo. Es el más activo sosteniendo los beneficios fiscales, casi a la par del asesor. Ambos apagaron, de hecho, una breve rebelión que se intentó dentro mismo del Gobierno.
Cuando se empezó a debatir el plan de financiamiento Cuota Simple, que reemplazó el Ahora 12, un libre pensador racional en Hacienda y Comercio sugirió que no era conveniente que se habilitara la compra en cuotas de productos de electrónica. “No se le puede dar otro beneficio a la isla”, expresó. Esa situación ya se había planteado en otras ocasiones, pero no le llevaron el apunte.
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