De la Redacción de Contrapoder –
La familia de Jorge Julio López -quien sobrevivió a la dictadura militar, fue clave para la condena al difunto represor Miguel Etchecolatz y está desaparecido desde 2006, cuando se estaba por conocer el veredicto en ese juicio- pidieron un nuevo cotejo de ADN con los restos hallados en un millar de féretros y unas 200 bolsas mortuorias en un cementerio de La Plata.
La irregularidad en el cementerio, detectada por una auditoría ordenada por el actual intendente Julio Alak no parece coincidir, por el estado de los ataúdes y la apariencia de las bolsas, con los tiempos en los que desapareció Jorge Julio López por segunda vez, en 2006. Sin embargo, sus hijos Rubén y Gustavo pidieron a la Justicia que disponga medidas de prueba para constatar si entre esos restos mortuorios están los de su padre.
Los féretros y las bolsas mortuorias fueron hallados en un descuidado escenario, lejos de la preservación y condiciones de higiene adecuadas, en un sector del cementerio platense que no está destinado al depósito de cadáveres. Tal irregularidad está bajo investigación de una fiscalía (UFI) de La Plata. En ese contexto, a través de su abogado, los hijos de López requirieron que se preserven esos restos hasta tanto se obtenga material genético de cada uno de ellos para un posterior cotejo con las muestras preservadas.
Quién es Jorge Julio López
El 18 de septiembre de 2006, López salió de su domicilio hacia los Tribunales de ciudad bonaerense de La Plata donde debía presenciar la audiencia de alegatos en la causa contra el genocida Miguel Etchecolatz por delitos de lesa humanidad, pero nunca llegó a destino.
Sobreviviente de la última dictadura cívico militar, sus testimonios fueron fundamentales para la reconstrucción de los lugares que funcionaron como centros clandestinos de detención en la ciudad capital de la provincia de Buenos Aires.
El albañil brindó un testimonio considerado “clave” para condenar finalmente al represor -quien recibió sentencias a perpetua- al declarar en la audiencia del 28 de junio de 2006, ya que pudo identificar a Etchecolatz como quien participó del operativo en el que fue secuestrado a fines de octubre de 1976 y como uno de los que le aplicaba tortura a él y a otros detenidos en el centro clandestino Arana.
En octubre de 2023, el Estado argentino reconoció su responsabilidad por la desaparición, al sellar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) un acuerdo de solución amistosa con la familia del testigo clave en los juicios por delitos de lesa humanidad cometidos por represores de la última dictadura cívico militar.
A través de este documento, Argentina reconoció su “responsabilidad internacional por la violación de los derechos a la vida, al debido proceso legal, a la protección judicial efectiva y a la integridad personal, en perjuicio de López y de sus hijos”, informó la Secretaría de Derechos Humanos en un comunicado.
El acuerdo fue firmado por el titular del área, Horacio Pietragalla Corti; los hijos de López, Rubén y Gustavo; sus abogados y la Cancillería.
Según se explicó esta responsabilidad estatal está dada “por la falta de articulación de medidas para resguardar a López como víctima y testigo en un juicio por crímenes de lesa humanidad” y de “debida diligencia en la investigación de la desaparición y en la búsqueda de su paradero”.
El 18 de septiembre de 2006, López salió de su domicilio hacia los Tribunales de ciudad bonaerense de La Plata donde debía presenciar la audiencia de alegatos en la causa contra el genocida Miguel Etchecolatz por delitos de lesa humanidad, pero nunca llegó a destino.
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