Por Horacio Verbitsky –
Primero fue Kristalina Georgieva, después Gita Gopinath. Las siguió Janet Yellen. A la directora y subdirectora del Fondo Monetario Internacional y a la ministra de Economía de Estados Unidos, se sumó la vocera del FMI, Julie Kozack. Las cuatro dijeron sustancialmente lo mismo: que deben reforzarse las partidas para el sistema previsional y la asistencia social, para que el costo del ajuste no recaiga sobre los más vulnerables. Lo que ven en juego es la sustentabilidad del programa económico. Les gusta, pero temen sus consecuencias, sociales y políticas. Los experimentos sobre seres vivos que realiza el gobierno de los Hermanos Milei comprometen el éxito del programa económico. Se trata de personas, no de hormigas. El decreto por el que el presidente aumentó su sueldo y el de sus ministros casi un 50% no lo ayuda. Que quien lo haya puesto en evidencia fuera Cristina Fernández de Kirchner, tampoco.
Ay Presidente… usted quiere pelearse conmigo para que no hablemos del decreto que firmó dándose un aumento del 48% a usted y a sus funcionarios mientras pulveriza las jubilaciones y los salarios de los argentinos… y de las argentinas también. Admita que firmó, cobró y lo… pic.twitter.com/hLLb1v4aqb
— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) March 9, 2024
Esa preocupación comprende incluso al ministro de Economía, Luis Caputo, y a su más famoso predecesor y modelo, Domingo Cavallo. Caputo reunió a los principales fabricantes de artículos de consumo masivo (veinte empresas explican el 75% de las góndolas de alimentos, bebidas y productos de higiene y limpieza) para transmitirles la molestia oficial por la escalada de los precios. El Poder Ejecutivo derogó la obligación de las empresas de brindar toda la información que se les requiera, pero no abandonó su práctica, claro que como cordial invitación a un grupo de amigos. Y Cavallo explicó su racionalidad: liberadas de todo control, las empresas aprovecharon para “pegar un saque exagerado a los precios”. Consistió en ajustarlos al valor del dólar paralelo y no del oficial. Para Cavallo, si el gobierno quiere que la economía funcione sin intervención estatal, debe pedirles a las empresas que colaboren, para bajar la inflación sin una recesión tan profunda. No, pero sí.
Uno de los sucesores de Cavallo en Economía, que fue asesor de Milei al comenzar su gobierno, lo fulminó con una dureza sin precedentes. Fundador del CEMA, Carlos Rodríguez escribió en las redes antisociales que el superávit fiscal se logró licuando la jubilación. En febrero, él cobró lo mismo que en diciembre. Y agregó:
En la misma dirección, el Poder Ejecutivo decidió no homologar ninguna paritaria que conceda aumentos superiores al 15%, que es la inflación que prevé para este mes. La primera negociación que intenta acostar en ese lecho de Procusto es la de Camioneros, que firmó con sus patronales por 25% en marzo y 25% en abril. El credo de la desregulación se detiene ante los salarios de los trabajadores, tal como ocurrió en 1976 con Martínez de Hoz. El paro del transporte de cargas parece inevitable, sólo falta conocer su fecha y modalidad.
Otro ex funcionario del gobierno de los Hermanos Milei, Osvaldo Giordano (quien es presentado como un héroe cívico porque descubrió que el costo de los seguros se incrementaba en un 40% por la contratación de gestores), evaluó que el nivel de caída de los haberes de los jubilados es dramático. Dijo que están peor que en 2002 y que es urgente sancionar una nueva fórmula de actualización, que a su juicio debería ser mensual. Una de las dificultades políticas que enfrenta el programa económico oficial es que pretende actualizar las jubilaciones a partir de abril, y compensar sólo con un 10% la pérdida de diciembre y del primer trimestre. Se opone hasta María Eugenia Vidal, que presentó un proyecto más razonable. Lo mismo hicieron el peronista trans Miguel Pichetto y los lilitos.
La prédica libertaria en contra de los impuestos, que serían un delito, entra en colisión con las necesidades del gobierno al que fueron los primeros sorprendidos en llegar. Hasta la Fundación Mediterránea, que reúne al poder económico cordobés, que fue el impulso y sostén de Cavallo y que el año pasado se pronunció por Patio Bullrich, sostiene que el gobierno de los Hermanos Milei debería complementar motosierra y licuadora con “otras posibilidades”. Entre ellas, “aumentar los recursos, preferentemente con impuestos poco distorsivos, o si es con impuestos muy distorsivos (PAIS), que sean realmente transitorios”. Como del dicho al hecho hay mucho trecho, el gobernador Martín Llaryora, más mediterráneo que Serrat, le hizo saber al gobierno nacional que se opone a las retenciones a las exportaciones de productos agropecuarios.
Los dos escenarios
El viernes, las preocupaciones social y política de las finanzas internacionales se escenificaron en el centro de la Capital y en las principales ciudades del país. La excepción fue Rosario, porque las organizadoras consideraron que no estaban dadas las condiciones mínimas de seguridad.
El paro feminista que se realiza cada año en el Día Internacional de la Mujer, tuvo una imponente masividad este 8 de marzo, que decoró con una interminable serpiente verde y morada la avenida de Mayo y colmó las cercanías del Congreso como ni siquiera la CGT lo había hecho el 24 de enero. Mientras, en la Casa Rosada, dos ministros trataron de convencer a 20 gobernadores y 4 vices, de apoyar en el Congreso las leyes que ya rechazaron. El jefe de gabinete Nicolás Posse y el ministro del Interior, Guillermo Francos, entretuvieron durante cuatro horas a los jefes provinciales que el presidente Javier Milei amenazó con mear, pero no parecen haberlos convencido de asumir como una reivindicación propia la exigencia del Fondo Monetario de reimplantar el impuesto a 800.000 trabajadores de altos ingresos, que eliminó el gobierno anterior. Francos incluso formuló, siempre de muy buen modo, una dura amenaza: si no se aprueba la nueva ley, la ANSES debería descontarles a cerca de un millón de trabajadores el impuesto que no pagaron en el último trimestre de 2023, ya que no se cobró por una orden del ministerio de Economía a la AFIP. El descuento superaría el medio millón de pesos por trabajador.
Ante los reclamos de los visitantes de devolución de las partidas suprimidas por el gobierno, los ministros respondieron que debían consultarlo con Milei, quien durante una reunión con empresarios en Expoagro también habría amenazado con cerrar el Congreso. Los mandatarios salieron complacidos por el buen trato del policía bueno Francos, pero temerosos del próximo desplante del policía malo Milei. La ley ómnibus se redujo a 190 artículos, pero incluye las declaraciones de emergencia, la delegación de facultades legislativas al Poder Ejecutivo, la privatización de 15 empresas del Estado, las reformas laboral y previsional que urge el FMI, una nueva ley hidrocarburífera y el régimen de privilegio para grandes inversores en minería y petróleo. Incluso Francos, durante la conferencia de prensa que compartió con los complacientes gobernadores de Tucumán y Entre Ríos, dijo que ni el fondo de incentivo docente ni el de compensación del transporte serían devueltos a las provincias. Suaviter in forma, fortiter in re. Con la idea del Pacto de Mayo y las reuniones preparatorias, el gobierno gana tiempo para demorar el rechazo legislativo del DNU 70/2023, que le permite todas sus medidas salvajes.
El aporte del gobierno al Día Internacional de la Mujer consistió en cambiar el nombre del Salón de las Mujeres en la Casa Rosada. Por decisión de Karina Milei desde ahora será el Salón de los Próceres, y entre ellos se filtró el expresidente Carlos Menem.
El vocero presidencial Manuel Adorni afirmó que la denominación anterior era discriminatoria contra los hombres (sic). Un par de días antes, el presidente había llamado asesinos a quienes llevan el pañuelo verde y asesinato agravado por el vínculo al aborto. La provocación se completa con el anuncio de que se descontaría el día a las empleadas públicas que no asistieran al trabajo y la decisión de Victoria Villarruel y Martín Menem de prescindir de la iluminación del frente del Congreso con luz violeta, en adhesión a la fecha. Cualquier cosa menos que una casualidad. Incluso en Córdoba, donde Milei se impuso en las elecciones presidenciales por amplio margen, el paro feminista congregó a una multitud, estimada en 60.000 personas.
El gobierno atiza estas decisiones de tipo cultural, que no pueden dejar de producir reacciones indignadas, a sabiendas de que detraen del debate público los mazazos con que aturde a trabajadores y jubilados. Incluso la reversión de la ley que despenalizó la interrupción voluntaria del embarazo fue propuesta por una legisladora oficialista. Pero otra especificó que no contaban con los votos para imponerla y difirió esa posibilidad para 2026, luego de las elecciones de medio término, en las que el gobierno de los Hermanos Milei se ilusiona con mejorar su caudal legislativo.
El protocolo policial que prohíbe ocupar la calle, quedó en pausa. Sólo es posible forzar a los manifestantes a subir a la vereda cuando su número es manejable por las fuerzas de seguridad, como en los cacerolazos frente al Congreso, donde hubo más escarabajos que gente.
Quien lo había formulado con exactitud al comenzar la presidencia de Maurizio Macrì fue el entonces jefe de gobierno de la Capital, Horacio Rodríguez Larreta. Hasta hoy, mantiene una tensa relación con la ministra de Seguridad de entonces y de ahora, Patio Bullrich, quien lo venció en las primarias cambiemosas, con la ayuda de Macrì. En las redes antisociales, ambos hechos fueron unidos con una foto de la imponente manifestación, con un escueto título:
La mujer de las doscientas palabras sigue aferrada a su agenda disciplinaria, y el ex alcalde no descarta alejarse del PRO, si Macrì lo subordina a Milei. Una mala noticia para Bullrich y el gobierno fue el fallo de la Corte Suprema de Justicia que condenó al gobierno de la provincia de Buenos Aires a indemnizar a las personas muertas por las balas policiales, cuando quienes habían asaltado el Banco Nación de Ramallo huían con ellos como rehenes. La decisión llega un cuarto de siglo después de los hechos, lo cual es escandaloso, pero también afecta a las reformas que propone Bullrich para consagrar la presunción de legítima defensa iures et de iure (es decir sin admitir prueba en contrario) cada vez que un efectivo de las fuerzas de seguridad acciona su arma. O sea, la doctrina Chocobar.
El FMI y el narcoterrorismo
No es el único contratiempo para la ministra. Su colaborador en el Ministerio de Defensa, Luis Petri, no consiguió que las Fuerzas Armadas aceptaran enviar tropas a Rosario, donde Bullrich anunció la conformación de un comando conjunto de fuerzas federales y provinciales, porque la legislación vigente no lo permite en cuestiones de seguridad interior, por más que los gobiernos nacional y provincial hayan recurrido a la muletilla del narcoterrorismo, que sólo existe en sus fantasías.
“Si no hay medidas sociales, pronto la gente va a salir a la calle”, habría informado Gopinath en Washington al regresar de Buenos Aires. Habló del apoyo popular a Milei, pero dijo que si la situación no mejora, la supresión del déficit sería “un sueño y no una realidad”. Ya lo es, dado que se basa en la licuación de salarios y jubilaciones; en la poda por decreto de transferencias no automáticas a las provincias y de fondos creados por ley, como el de incentivo docente; en la falta de pago a empresas como las que aseguran que haya luz en las casas y trenes en las vías, y en la no contabilización de los seguros de cambio contraídos por quienes canjearon sus créditos con el Banco Central por papeles del Tesoro. Aun así, el superávit alardeado en enero, no se repitió en febrero.
El FMI no apoya la dolarización, entre otras cosas porque se niega a incrementar su exposición al riesgo argentino con el nuevo préstamo que le solicitó Caputo. Además de la ayuda social, el organismo reclama reponer el impuesto a los altos salarios, mantener o aumentar las retenciones que el gobierno promete suprimir, y devaluar nuevamente el peso. El gobierno se resiste, porque teme un nuevo brote inflacionario, pero hasta ahora el Índice de Precios al Consumidor marcha más aprisa que el mercado de cambios y hoy el fenómeno argentino es la inflación en dólares. Tal como consta en los documentos del staff técnico desde la negociación con Mr.Magoo, el FMI exige que nuevas leyes modifiquen la legislación del trabajo, la percepción de impuestos y el régimen jubilatorio. Es lo que con pretendida elegancia llaman reformas estructurales. La caída de la ley ómnibus y la reticencia de los gobernadores a firmar el contrato de adhesión que les pusieron sobre la mesa en la Casa Rosada, coloca esos objetivos en el horizonte.
Los seis gobernadores patagónicos reunidos en Chubut antes de la cita en Balcarce 50 comunicaron que sus 30 diputados y 18 senadores votarán de manera unificada los proyectos de ley del Poder Ejecutivo que afecten sus intereses. Además eligieron a Nachito como presidente de las Provincias Unidas del Sur y declararon en forma explícita su oposición al gravamen sobre los trabajadores de altos ingresos, que en la Patagonia son muchos. Las comisiones política y económica que deberían dar seguimiento al encuentro con los gobernadores no tienen fecha de reunión, ni jurisdicción sobre las redes antisociales del presidente.
Quienes pensaban que no era el propio Milei quien se expresaba, comenzaron a dudar luego de escuchar sus propias palabras en la inauguración del ciclo lectivo en la escuela confesional a la que asistieron tanto él como su hermana. Según el presidente:
- la educación pública es un “mecanismo de lavado de cerebro”.
- la gente se desmaya sólo de oir hablar de comunistas o zurdos.
- “el aborto es un asesinato agravado por el vínculo”, y
- quienes lo defienden son “asesinos de los pañuelos verdes”.
- “la letra con sangre entra”;
- “el burro tiene éxito por insistidor, no por lo otro… ¿Se entendió, no?”.
- Cuando estudiaba en esa escuela, su padre estaba siempre listo para “agarrarme por los pelos y dejarme una zapatería en el traste y mi mamá a bajarme los dientes, a sopapos, para que estudiara”.
Seguro que no
Patio Bullrich no sólo dice disparates cada vez que habla. También sabe hacerlo por escrito. La semana pasada denunció ante el juez Julián Ercolini a su predecesor en la cartera de seguridad, por haber solicitado la intermediación de una empresa vinculada con Héctor Martínez Sosa de Cantero para la gestión de los seguros del ministerio. Según su denuncia, el contador Aníbal Fernández lo hizo en septiembre de 2020, pocos días después de asumir el cargo. Es verdad que ese mes la encargada de “transparencia institucional” del ministerio, Ana Haydée Flamarique, autorizó a Nación Seguros a designar a una empresa vinculada con Martínez Sosa de Cantero como “productor asesor del Ministerio de Seguridad” para todos los contratos habidos y por haber. Pero todavía faltaba un año para que el contador Fernández reemplazara en Seguridad a Sabina Frederic. Bullrich no lo sabe.
De todos modos, el episodio arroja luz sobre el comportamiento del contador Fernández. En 2022 el Cohete recibió parte de la información sobre esas contrataciones. La transmitió un competidor de Martínez Sosa, de estrecha relación con ambos Fernández (Aníbal y Alberto) y con participación en un multimedios estrepitoso, que acaba de incorporar como comentarista a Guillermo 0,8% Moreno. Según el competidor de Martínez Sosa de Cantero, cuando reclamó, el ministro de Seguridad le respondió que siguió una directiva presidencial. La fuente prometió pruebas documentales, que nunca aportó.
Consultado entonces por El Cohete, el contador Fernández lo negó: “Estoy legalmente obligado a contratar todos los seguros del ministerio con el Nación, por lo que no hace falta un intermediario. Alberto nunca me indicó nada al respecto. Yo no haría nada ilegal”. El Contador Fernández asumió en septiembre de 2021, no de 2020. El Doctor Fernández firmó el decreto sobre seguros el 2 de diciembre de 2021. A raíz de la investigación iniciada en la ANSES por el fugaz interventor Osvaldo Giordano, El Cohete volvió a comunicarse con el contador Fernández. El ex ministro suministró esta vez una versión diferente: “No es un tema que sea de análisis diario por parte del ministro. Quien decide el productor es el Banco Nación”. El documento firmado por Ana Haydée Flamarique indica exactamente lo contrario: el Ministerio decide y se lo comunica a Nación Seguros.
El peronismo te da sorpresas
Sin mucha alharaca, las distintas líneas internas del peronismo se sacaron de encima al Doctor Fernández, quien ya pidió licencia como presidente del Partido Justicialista, y dejará el cargo en el Congreso partidario que sesionará dentro de dos semanas. En cambio, Máximo Kirchner continuará al frente del partido bonaerense. El Consejo Nacional del Partido Justicialista decidió formular una amplia convocatoria a “sectores gremiales, feministas, juventudes, productivos, sociales y todos aquellos y aquellas que se sienten parte del movimiento nacional y popular, a los fines de tratar su reorganización”.
Otra sorpresa fue la presentación de CFK en la causa Vialidad, por la que fue condenada y proscripta. La expresidenta elevó a la Cámara de Casación un Dictamen Experto Legal que solicitó el año pasado a Rodolfo Carlos Barra. Antes de ser designado Procurador del Tesoro, antes aún de la elección de Milei, Barra dictaminó en favor de Cristina. Según el resumen realizado por Inteligencia Artificial:
Barra, dice Cristina, “es tal vez el mayor experto en materia de Derecho Administrativo del país y, además, ha participado y participa de espacios políticos de los que siempre he sido opositora. Es de público y notorio que nuestras ideas y nuestra militancia política son diametralmente opuestas, pero los textos de la Constitución y de las leyes dictadas en su consecuencia, en esto sí coincidimos, deberían ser iguales para todos. He aquí uno de los principales problemas del país y tal vez explica mejor que nada la inédita situación que hoy vive nuestra Patria”.
Fuente El Cohete a la Luna
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