Por Ari Lijalad –
Enciende los candiles que los brujos piensan en volver / a nublarnos / el camino
Canción de Alicia en el país, Charly García
Los periodistas solemos ser acusados de venerar las teorías conspirativas. Pero cuando hay documentos, datos, informes, balances y hechos que mostrar, fáciles de chequear y disponibles para todo aquel que quiera mirar, la cosa cambia. Y hay demasiados elementos sobre cómo el gobierno de Javier Milei es parte de las maniobras para convertir a la Argentina en un país de sueldos bajos en dólares que sostengan un proceso de exportación de materias primas a costo mínimo para corporaciones internacionales, especialmente de Estados Unidos.
La pista de todo esto se remonta a la página web de la Casa Blanca (www.whitehouse.gov), donde hay un apartado -público, aclaro- sobre la Estrategia Nacional de Seguridad de la administración actual de Joe Biden. En la web de la Secretaría de Defensa de Estados Unidos figuran además los documentos con las Estrategia de Seguridad Nacional desde 1987, durante la presidencia de Ronald Reagan, y se pueden recorrer los papeles de George Bush padre e hijo, Bill Clinton, Barack Obama y Donald Trump. Todo de acceso público.
Estados Unidos tuvo que desarrollar distintas estrategias para involucrarse en la política interna de otros países, discursos que legitimaran sus acciones ilegítimas, siempre con épicas de lucha actualizadas para retroalimentar su injerencia en el exterior. Una fue la lucha contra el comunismo, que utilizó para formar, fomentar y financiar dictaduras en todo el continente con el objetivo declarado de frenar una supuesta cooptación soviética de Latinoamérica pero con el objetivo real de abortar su desarrollo económico soberano; otra fue la lucha contra las drogas, reconocida por John Ehrlichman (funcionario de Richard Nixon y uno de los condenados por el caso Watergate) como la excusa para perseguir a militantes de izquierda y pacifistas que se oponían a la guerra de Vietnam y de la comunidad negra que peleaba por sus derechos civiles ya que no podían declararlos ilegales directamente.
Ya sin el “riesgo comunista” ni manifestaciones pacifistas e incluso con un hombre negro como Obama en la presidencia tuvieron que cambiar de estrategia. La nueva épica fue la lucha contra la corrupción. Quien crea que esto es una teoría conspirativa puede dejar de leer. El que quiera información, siga.
En la Estrategia de Seguridad Nacional de 2022, última disponible -y, perdón la insistencia, de acceso público-, la administración Biden afirma, textual, que:
- tienen “la lucha contra la corrupción como el núcleo de interés de Seguridad Nacional”
- “la estrategia para combatir la corrupción reconoce la amenaza única que significa la corrupción para la Seguridad Nacional”
- “Estados Unidos va a elevar y expandir la escala de sus compromisos diplomáticos y de su asistencia exterior, incluso capacitando a gobiernos socios para combatir la corrupción en cooperación con las fuerzas del orden de Estados Unidos”
- “Juntos, apoyaremos una efectiva gobernabilidad democrática que responda a los intereses de los ciudadanos, que defienda los derechos humanos y combata la violencia de género, aborde la corrupción y los proteja frente a interferencias y coerciones externas, incluyendo las que sean de China, Rusia o Irán”
- “Haciendo todo esto en coordinación con nuestros aliados y socios, vamos a establecer reglas de juego justas mientras a la vez sostenemos nuestras ventajas económicas y tecnológicas y damos forma a un futuro definido por la competencia justa, porque cuando los trabajadores y las compañías americanas compiten en igualdad de condiciones, ellos ganan”
No es cosa exclusiva de Biden. En la Estrategia de Seguridad Nacional de 2017, en la administración Trump, hay un apartado de “Lucha contra la corrupción extranjera” donde escribieron:
- “Utilizando nuestras herramientas económicas y diplomáticas los Estados Unidos continuaran apuntando contra funcionarios extranjeros corruptos y trabajando con países para mejorar su habilidad para combatir la corrupción para que las compañías de Estados Unidos puedan competir de manera justa en climas de negocios transparente”.
La administración Obama, en su Estrategia de Seguridad Nacional de 2010 especificó:
- “Vamos a promover el reconocimiento de que la corrupción generalizada es una violación a los derechos humanos básicos y un severo impedimento para el desarrollo de la seguridad mundial. Vamos a trabajar con gobiernos y la sociedad civil para lograr más transparencia y rendición de cuentas en los presupuestos gubernamentales, los gastos y los patrimonios de los funcionarios públicos. Y vamos a institucionalizar prácticas transparentes en torno a los flujos de ayuda internacional, la política fiscal y la participación del sector privado en torno a los recursos naturales para que sea más difícil que los funcionarios roben y fortalecer los esfuerzos ciudadanos para que sus gobiernos les rindan cuentas”.
Ya no es el comunismo, los negros o los hippies pacifistas, ahora es la corrupción y frenar a China (nuevo adversario global de EEUU) con el uso de ONGs locales financiadas desde el gobierno estadounidense (algo que se profundizó y mucho durante la gestión Obama), el interés ya explícito para que sean las compañías estadounidenses las que se queden con los mercados y, sobre todo, los recursos naturales, con un eje de acción “apuntando contra funcionarios extranjeros”.
¿Exponer que existe esta estrategia de intervención significa decir que no hay corrupción? No. La hubo, la hay. Casos como el de José López son la prueba de eso. Pero no son la parte por el todo. Y que la corrupción sea el eje de la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos no tiene un objetivo ético sino económico y es el ingreso de las compañías norteamericanas para el control de activos estratégicos.
Esta estrategia, cuyo objetivo es económico, tiene al lawfare como táctica. Por eso el lawfare es una cuestión económica, bajo ese eje de acción en el cual la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos dice que trabaja “apuntando contra funcionarios extranjeros“. ¿Contra todos? No. Ya llega esa parte.
El rol de los embajadores de Estados Unidos fue y es clave. En la era de Macri el enviado a la Argentina fue Edward Prado, un ex juez de Texas que en su audiencia de confirmación ante el Senado estadounidense dijo: “Mi intención es seguir trabajando con los abogados y jueces de la Argentina en la mejora del sistema judicial y fortalecer la confianza que la gente tiene en el sistema judicial”. Su predecesor, Noah Mamet, tras terminar su gestión no se fue sino que se instaló en el país con el objetivo de tejer negocios para empresas de Estados Unidos. Trajo con él a DLA Piper, un estudio global, que concretó una alianza con Cabanellas, Echebarne, Kelly & Dell’Oro Maini, uno de los estudios más importantes de la city porteña. Un dúo perfecto para cumplir los objetivos de Seguridad Nacional: combatir la corrupción (Prado y su “mejora” del Poder Judicial) y abrir negocios para las empresas norteamericanas (Mamet y su estudio de abogados).
¿Qué tiene que ver todo esto con Milei? Esos negocios buscan dos características: reglas a medida, que exigen bajo el eufemismo de reglas claras, bajo costo laboral y alineamiento geopolítico con EEUU. Las tres requieren de gobiernos locales prestos a correr detrás de esos intereses. No era el caso de los gobiernos latinoamericanos de la primera década del siglo XXI. En la Argentina la funcionaria apuntada (tal como establece la Estrategia de Seguridad de EEUU) fue CFK; en Brasil Lula; en Ecuador Rafael Correa; en Bolivia Evo Morales. Y esos “funcionarios extranjeros” apuntados tenían una característica en común: sus políticas económicas apuntaban a un crecimiento de los ingresos de los trabajadores. A trabajadores de sueldos más altos. Y más altos en dólares.
El salario mínimo en dólares también tiene la misma involución. En diciembre de 2015 el salario mínimo en Argentina era de 589 dólares; cuatro años más tarde, al final del gobierno de Macri, era de 268 dólares, una caída del 54,5%, casi la mitad. Se pasó del salario mínimo en dólares más alto de la región al puesto 11 entre 14 países de Latinoamérica. Cuatro años más tarde, al terminar la presidencia de Alberto Fernández, el salario mínimo bajó a 156 dólares. Con Milei cada día vale menos y se descuenta un nuevo salto devaluatorio que licúe aun más los salarios en pesos y, por ende, los haga más baratos en dólares.
De todos ellos la única con una condena inventada por corrupción es CFK, la que había logrado los salarios más altos en dólares. No parece ser casual. La Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos detalla que combatirá la corrupción de funcionarios extranjeros para facilitar el desembarco de sus empresas.
Tener un país barato en dólares no es algo menor. En estos días Acindar anunció el cierre (por ahora temporal) de sus plantas de producción de acero en Argentina. “Acindar tiene mucho dinero. Claramente podrían pagar los sueldos“, dijo en El Destape Radio Pablo González, secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica de Villa Constitución y trabajador de la empresa. Efectivamente no se trata de una pyme, sino de una unidad de negocios de Arcelor Mittal, una multinacional que opera en más de 60 países y cuyos accionistas mayoritarios, la familia Lakshmi Mittal, son de las personas más ricas del planeta.
En una nota publicada en Eldiario.ar, Manuel Sbdar repasó los números de Acindar, en especial cuánto ganaron los accionistas del grupo en relación con el capital que invirtieron, lo que se conoce como ROE (sigla de Return of Equity). Y encontró datos más que interesantes: “en el último año informado, la empresa obtuvo una rentabilidad, o sea un resultado en relación a su patrimonio, del 20,2%. El año anterior, ese indicador había sido el 18%. En España, la compañía ArcelorMittal informa una rentabilidad sobre fondos propios (ROE) del 10,83% y agrega que el promedio de la industria (o sea, la rentabilidad promedio de los competidores) es del 10,87%. Aunque no se trate de los mismos periodos, la comparación es relevante. La misma compañía obtiene en nuestro país el doble de rentabilidad (ROE) de la que obtiene en España. Y también el doble de rentabilidad de lo que obtiene el promedio de la industria en aquel país“.
“¿La rentabilidad de Acindar en Argentina, el doble que la obtenida por su par en España, será el resultado de una mayor productividad de origen tecnológico o de una menor participación de los empleados argentinos en el estado de resultados?“, se pregunta Sbdar. Un dato para arrancar: en Argentina el salario mínimo es de 152 dólares; en España supera los 1.200 dólares.
Esa rentabilidad extraordinaria tiene más explicaciones. Un informe reciente del Programa de Capacitación y Estudios sobre Trabajo y Desarrollo (CETyD) de la Universidad de San Martín revela que el costo laboral unitario del sector metalúrgico cayó un 36% entre finales de 2022 y finales de 2023 mientras que los precios subieron un 255%. El costo laboral unitario es la proporción de los ingresos de las empresas -netos de insumos e impuestos- que es destinada a remunerar a los trabajadores.
En una frase: el costo de los salarios bajó 36% y el precio de lo que venden subió 255%. El trabajo del CETyD destaca que “entre fines de 2022 y fines de 2023 tuvo lugar una importante caída del costo laboral unitario en el conjunto de la economía como consecuencia principalmente de la aceleración inflacionaria. Esa tendencia fue particularmente acentuada en la actividad metalúrgica“. El sector metalúrgico incluye Acindar y Techint, multinacional de fachada argentina pero radicada en la guarida fiscal de Luxemburgo con control desde las Antillas holandesas.
El informe del CETyD, que dirige el ex ministro de Trabajo Carlos Tomada, destaca que “el costo laboral unitario de estos tres subsectores (metalúrgicos) quedó en 2023 por debajo de los valores del año 2004 (momento desde el cual se cuenta con registros)“. El gráfico muestra que desde que asumió Macri el costo laboral unitario de los trabajadores metalúrgicos cayó 66%: el 36% es en la era Milei. Es decir: estamos ahora en la regresión a un país de sueldos bajos. Y este estudio es sobre los metalúrgicos, un sector de sueldos altos, trabajo registrado y fuerte poder de negociación sindical. No hay que ser muy imaginativo para pensar lo que pasa en otros sectores, ni hablar en el trabajo no registrado.
El período de crecimiento de ese costo laboral coincide con el inicio de la gestión de los gobiernos de NK y CFK, que luego llevarían el salario mínimo en dólares y el salario de los trabajadores registrados a su pico máximo. Un trabajo de la consultora 1816 grafica la evolución de los salarios reales de trabajadores registrados entre 2003 y 2015 y la involución a partir de 2016, con la caída en picada desde que asumió Milei.
Esta situación, menos costo salarial y mayores precios de venta, significa transferencia de riqueza del trabajo al capital. En uno de sus últimos trabajos, el Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (CIFRA) de la CTA midió la evolución de la productividad y el costo salarial promedio. Tomando como punto de partida (base 100) el 2016, lo que muestran es una caída de la productividad durante el gobierno de Macri que se profundizó en 2020, primer año de pandemia, pero luego repuntó. En el mismo tiempo, el costo salarial solo bajó. Al subir la productividad pero a menor costo laboral lo que hubo fue una transferencia de ingresos del trabajo al capital. Desde CIFRA calcularon que entre 2018 y 2022 fue de 101.471 millones de dólares al cambio oficial, 54.149 millones al ilegal. Mas de la deuda con el FMI entera de transferencia de ingresos del trabajo al capital gracias a que la incidencia de salarios cayó mientras la productividad creció.
Todos los datos muestran que Milei va a profundizar este camino hacia un país de sueldos bajos. En una de sus charlas con Eduardo “Larry” Feinmann, Luis “Curly” Majul y Pablo “Moe” Rossi, incluso reconoció que la Reforma Laboral que impuso en su DNU –hoy suspendida pero que implica la eliminación de la ultraactividad, de las horas extra, de las multas en las indemnizaciones por trabajo no registrado, de las asambleas y paros– ya no es necesaria. Que los sueldos bajos son la verdadera reforma laboral, ya que junto a la recesión y al aumento de desempleo van a generar un ejército de reserva que hará que los trabajadores tengan que aceptar cualquier condición para conservar su empleo.
Como describía Mark Fisher en su libro “Realismo capitalista”, uno de los logros de los ricos fue instalar la idea de que la lucha de clases era antigua, un anacronismo, fuera de tiempo. La noción de ejército de reserva que esbozó Marx entra en ese léxico supuestamente fuera de catálogo. Pero el mismo libro retoma citas de Warren Buffet, el magnate de las finanzas estadounidense, que reconoció: “La lucha de clases se siguió peleando, y nosotros los ricos vamos ganando”.
¿Qué tiene que ver todo esto con Milei? En el Pacto de Mayo que Milei quiere que le firmen los gobernadores hay un punto que dice: “Un compromiso de las provincias de avanzar en la explotación de los recursos naturales del país“. Milei ya anticipó que cualquier acuerdo incluye la aprobación de la fallida ley Ómnibus Ramal Miseria, en especial algunos de los capítulos. Uno de ellos es la creación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), un plan de beneficios extraordinarios para que las corporaciones extranjeras inviertan sin riesgos en el país. Las reglas claras, como le dicen. El RIGI plantea que esas compañías tendrán:
- Baja de impuesto a las ganancias del 35 al 25%
- Amortización acelerada
- Exención de impuestos para importación
- Exención de derechos de exportación luego de 3 años
- Prohibición de restricciones a importaciones y exportaciones
- Un régimen cambiario por exportaciones propio
- Plena disponibilidad sobre los productos resultantes del proyecto, sin obligación de comercialización en el mercado local
- El derecho a pagar utilidades, dividendos e intereses mediante acceso al mercado de cambios sin restricciones de ninguna clase
- Estabilidad tributaria, aduanera y cambiaria por 30 años
A todos estos beneficios se les suma un costo laboral bajo en dólares. Un país de sueldos bajos.
Que ese régimen apunta a la explotación de recursos naturales es más que evidente. De nuevo, y volviendo al inicio, la Estrategia de Seguridad Nacional de EEUU dice: “vamos a institucionalizar prácticas transparentes en torno a los flujos de ayuda internacional, la política fiscal y la participación del sector privado en torno a los recursos naturales para que sea más difícil que los funcionarios roben y fortalecer los esfuerzos ciudadanos para que sus gobiernos les rindan cuentas”. También dice: “Haciendo todo esto en coordinación con nuestros aliados y socios, vamos a establecer reglas de juego justas mientras a la vez sostenemos nuestras ventajas económicas y tecnológicas y damos forma a un futuro definido por la competencia justa, porque cuando los trabajadores y las compañías americanas compiten en igualdad de condiciones, ellos ganan”. Parece escrito por Milei, o para Milei.
¿A qué vendrán esas inversiones? No a sectores industriales ni productivos, sino a llevarse recursos naturales, en especial energía, desde petróleo y gas hasta la nueva joya, el litio. La ley Ómnibus busca prohibir los paros en las actividades de minería, transporte y logística. El DNU habilita a la exportación de toda la producción de hidrocarburos sin tener en cuenta el autoabastecimiento. Y las devaluaciones hacen que los sueldos sean cada día más baratos en dólares.
Australia, donde hay litio, está en el podio mundial de los salarios mínimos más altos; en Chile, donde hay litio, el salario mínimo es de 521 dólares; en México, donde hay litio, es de 440 dólares; en Bolivia, donde hay litio, es de 342 dólares; en Argentina, donde hay litio, es de 152 dólares y bajando.
En el país de las maravillas que imaginó Lewis Carrol las palabras podían significar lo inverso, funcionar en el sentido que el que las dice le otorgue, sin importar el contexto. En la Argentina, por el contrario, es como sintetizó Charly García: “Y es que aquí sabes / El trabalenguas, traba lenguas / El asesino te asesina“. Y por más que Milei lo repita, el ajuste no trae libertad.
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