Por Ari Lijalad –
Primero una aclaración: no hubo sentencia (lamentablemente) en la causa AMIA. Eso está (lamentablemente) muy lejos. Todo el sistema de medios alineado a Comodoro Py salió a repetir una misma gacetilla titulada “Justicia y Verdad para el caso AMIA”, puesta a circular desde la ciénaga de Comodoro Py, pero lo cierto es que lo que pasó fue que se bajaron condenas contra los que participaron del encubrimiento y desvío de la investigación original y que nada se sabe aún de quienes efectivamente cometieron el atentado.
“Fallo histórico”, repitieron en redes periodistas y dirigentes políticos. Es cierto: es histórico, pero no por los motivos que esgrimen. Esa gacetilla la circuló el camarista Carlos Mahiques, hacedor de este fallo, primer apellido del lawfare, designado a dedo por Mauricio Macri en el máximo tribunal penal del país y viajero a Lago Escondido invitado por el Grupo Clarin. En el texto que mandó a la prensa se cuidó de explicar que entre él y el juez Diego Barroetaveña (también designado por Macri) redujeron las condenas de los que destrozaron el expediente desde el día uno y los absolvieron en la parte que se los acusaba por no seguir la pista Siria y solo apuntar a Irán.
No hay que ser muy avezado para ver los hilos de la Embajada de EEUU en esta nueva operación. Para confirmarlo el gobierno de Javier Milei emitió enseguida un comunicado donde celebró el fallo, afirmó que “puso fin a décadas de postergación y encubrimiento en el caso AMIA, determinando que los atentados contra la Embajada de Israel y la AMIA fueron perpetrados por Hezbollah, bajo el auspicio de organizaciones estatales de la República Islámica de Irán” y que “pone de manifiesto los reiterados intentos del kirchnerismo por encubrir la responsabilidad de Irán y postergas este fallo histórico, traicionando a la Patria en el año 2013 con la firma del denominado ‘Memorándum de Entendimiento’, pacto que promovía y garantizaba la impunidad terrorista”.
Nada más lejos de la realidad, aunque tiene coherencia dentro de la lógica Milei. Traición a la Patria fue la acusación contra el entonces canciller Héctor Timerman que le impidió viajar al exterior para el tratamiento de un cáncer y falleció. El gobierno de Milei cortó los tratamientos de casos oncológicos que garantizaba el Estado y anteayer murió Maria Teresa Troiano luego de 4 meses de no recibir los medicamentos.
Sin temor a la redundancia: el fallo no puede establecer quienes cometieron el atentado a la AMIA y a la Embajada de Israel porque no es el objetivo de este expediente y, por ende, no tiene información ni datos ni documentos que prueben eso. La Cámara de Casación trató los expedientes caratulados “Galeano,Juan José y otros s/ recurso de casación” y “Telleldín, Carlos Alberto s/recurso de casación”, y tenía que revisar las condenas por desviar la investigación del atentado a la AMIA contra el ex juez Juan José Galeano, el ex jefe de la SIDE Hugo Anzorreguy, los ex fiscales Eamon Mullen y Juan José Barbaccia, Carlos Telleldín y el espía Patricio Finnen, entre otros, resueltas en un juicio oral que terminó en 2019. De hecho, las condenas fueron reducidas y de nuevo, sin temor a la redundancia, los jueces Mahiques y Barroetaveña agregaron un capítulo más al encubrimiento al absolver a todos en la parte correspondiente a la Pista Siria.
Lo que resolvió Casación es sobre el encubrimiento de la investigación desatada durante el gobierno de Carlos Menem. No es esta la causa donde se investiga el atentado, que está a cargo del Juzgado N 6 de Comodoro Py, hoy vacante y con el concurso para ocupar el cargo trabado en el Consejo de la Magistratura, y de la Unidad Fiscal AMIA, hoy a cargo de los fiscales Sebastián Basso y Gonzalo Miranda.
Que se trata de una operación lanzada por Mahiques lo confirmó él mismo, ya que apenas conocido el fallo le dio una entrevista a Romina Manguel, que durante el macrismo era la vocera de la lista de jueces que el gobierno quería fuera de Comodoro Py. Uno era Daniel Rafecas, que rechazó dos veces la denuncia del fiscal Alberto Nisman porque no había ningún delito. Mahiques no tenía ese problema: pasó de juez del fuero nacional a ministro de Justicia bonaerense de María Eugenia Vidal y de ahí Macri lo designó a dedo, sin concurso, en la Cámara de Casación, el máximo tribunal penal del país, desde donde aún opera. Y fuerte.
Mahiques, que ahora pretende que este nuevo fallo impacte sobre el caso desatado por Nisman y que hizo circular que estableció la responsabilidad de Irán en los atentados a la Embajada de Israel y a la AMIA (algo, repito, que no podía hacer), le dijo a Manguel que “es un fallo que tiene que ver con la seguridad nacional“, que “en el fallo se especifica quiénes fueron los autores y por qué eligieron a la Argentina como blanco“, que “es llamativo que nunca se hayan roto relaciones diplomáticas con Irán“, que “los jueces que intervengan en la causa memorándum tendrán que seguir este fallo“, que “lo del memorándum tiene una conexión directa con la consecuencia del atentado y la responsabilidad que le cabría a Irán como Estado gestor de esta sucesión de hechos terribles“, que “lo de Nisman fue una fatwa” (sentencia religiosa árabe) y que “es posible que dicten una fatwa como a Nisman, nos tenemos que manejar sin paranoia“. El delirio es de época: la peligrosidad para el país por estos actos también.
El fallo busca un efecto secundario: empujar el juicio contra CFK por la denuncia del fiscal Nisman. Una muestra más de que Comodoro Py es autónomo y sigue en la línea del lawfare, quiera Javier Milei o no. De hecho, el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona también tuvo un paso oscuro por este expediente ya que fue procesado y detenido por el robo de un video del despacho de Galeano donde se lo veía en una entrevista con Telleldín.
Retomando, esos desaguisados mediáticos de Mahiques también los repitió en el texto del fallo, donde pidió juicio en ausencia a los imputados iraníes, algo no previsto en la legislación argentina. Lo que no comentó es que este fallo es un nuevo eslabón en el encubrimiento del atentado. Tanto que ni siquiera califica el encubrimiento como tal.
Los familiares de víctimas de la AMIA nucleados en Memoria Activa tuvieron que aclarar “un punto de mucha gravedad sobre el fallo: sostiene que ‘hubo irregularidades’ en la investigación del atentado a la AMIA, pero no ‘encubrimiento’“. También informaron lo siguiente: “En resumen: no hubo encubrimiento del atentado a la AMIA, las penas son tan bajas que preso no irá ninguno, parece que nadie desvió nada y el juez, SIDE, PEN, etc. actuaron como es debido y que el responsable asegurado (¿hicieron un juicio ya tan rápido?) es Irán y ya está“. Una vez más los familiares de las víctimas manoseados y maltratados por el Poder Judicial.
El fallo, y de nuevo vale repetir, redujo las condenas de los que desviaron la investigación del atentado a la AMIA. Era lo que tenían que resolver. Pero en una evidente operación político-mediática el juez Mahiques se puso a opinar por fuera del objeto del expediente. En la gacetilla que le adelantaron a Joaquín Morales Solá y Asociados y que luego repitió todo el arco mediático del lawfare dicen que “concluyó que ambos ataques -contra la embajada de Israel en marzo de 1992 y la mutual judía el 18 de julio de 1994- respondieron a un designio político y estratégico de la República Islámica de Irán, y fueron ejecutados por la organización terrorista Hezbollah que actuó bajo la inspiración, organización, planificación y financiamiento de organismos estatales y paraestatales subordinados al gobierno de los ayatollahs“.
La investigación por el atentado a la Embajada de Israel está en manos de la Corte Suprema, que tampoco resolvió el caso en 32 años. Y respecto a la AMIA no hay nada en este expediente que pueda llevar al camarista Mahiques a esta conclusión, simplemente porque no se investigó eso sino óomo se operó para desviar la causa original. No es el objeto de este expediente y, por ende, no puede resolver nada al respecto. De hecho, no lo hace, ya que en la parte resolutiva se limitan a las condenas por encubrimiento dictadas en 2019 y reducidas.
Hay que pasar en limpio. ¿Se sabe quienes cometieron el atentado a la AMIA? No.
¿Qué se sabe? Algunas cosas que constan en el expediente. Por ejemplo que al ida siguiente del atentado a la AMIA el gobierno de Israel pidió al gobierno de Carlos Menem “coordinar una versión coincidente“. Consta en un cable del embajador José María Valentín Otegui enviado el mismo 19 de julio de 1994 a las 10.48 desde la Embajada en Israel. El documento revela que ya había partido de Israel un vuelo hacia Buenos Aires con el Subsecretario para Asuntos Latinoamericanos Dov Schmorak a bordo. “Hombre de relación personal y directa con primer ministro Rabin ha sido designado para entrevistarse con el nivel más alto posible de nuestro gobierno“, dice el cable.
El mismo documento detalla que el israelí Schomorak le comunicó a Otegui: “Para el gobierno israelí es importante coordinar con el nuestro una versión coincidente del atentado -principalmente por el impacto que tendrá manera de presentar la cuestión ante opinión pública israelí“. Agregaba que “Gobierno Israel no tiene queja alguna sobre manera en que el nuestro está menejando el tema. Objetivo de entrevista alto nivel solicitada es coordinar interpretación del atentado efectos presentar a la prensa -inmediatamente después del encuentro-una versión unificada de lo ocurrido“.
Efectivamente lo hicieron. Solo con revisar las tapas de los diario de época se lee que al día 2 “llegaron los especialistas israelíes”. Y al día 5 ya apuntaban a Irán pese a que era imposible que en tan poco tiempo tuvieran alguna prueba. Al igual que en la era del lawfare, no habría encubrimiento sin los medios cómplices. Pero es otro capítulo.
La causa le tocó al juez Juan José Galeano, un joven de 36 años recién llegado al Comodoro Py, que quedó a cargo del caso más importante del país. Una analogía con la jueza María Eugenia Capuchetti, última llegada a esa ciénaga de la mano de los servicios de inteligencia macristas, que quedó a cargo de la investigación de otro atentado, el intento de magnifemicidio de CFK. Ninguno investigó: Galeano desvió la causa hacia un grupo de policías bonaerenses y no siguió la denominada Pista Siria porque tocaba de cerca a la familia Menem a través del empresario Kanoore Edul; Capuchetti también desvió la investigación hacia los autores materiales del ataque y no siguió las pistas que apuntaban al dinero de la familia Caputo y al rol de funcionarios macristas como Patricia Bullrich y Gerardo Milman.
Los jueces Mahiques y Barroetaveña absolvieron a Galeano y al ex jefe de la SIDE menemista Anzorreguy “respecto del hecho que fue calificado como encubrimiento por favorecimiento personal en la causa ‘Pista Siria‘”. La jueza Ledesma votó por confirmarles esa parte de la condena pero quedó en minoría.
¿Hay imputados iranies en la causa AMIA? Si. ¿Está comprobado que iranies fueran los responsables del atentado a la AMIA? No. ¿Por qué, entonces, se instaló su exclusiva responsabilidad?
Varias semanas después del atentado a la AMIA, el único avance del juez Galeano era la detención de Carlos Telleldín, un oscuro personaje que en 1994 se dedicaba a reducir y revender autos. Fue el último poseedor de la Traffic presuntamente utilizada para el atentado a la AMIA. Años después se supo que Telleldín aceptó 400.000 dólares provenientes de los fondos reservados de la SIDE para dar una versión falsa y desviar la investigación hacia un grupo de policías bonaerenses que fueron acusados de ser la conexión local del atentado.
Tras la declaración de Telleldín, Galeano detuvo a un grupo de policías bonaerenses encabezados por Juan José Ribelli. Los acusó de ser la conexión local del atentado y los envió a juicio oral. Fue todo una puesta en escena. En diciembre de 2003 el propio Galeano fue apartado de la causa AMIA. El 2 de septiembre de 2004, el Tribunal Oral Federal N 3 declaró nula toda la causa y absolvió a los policías bonaerenses. Fueron claves los testimonios de Claudio Lifchitz, que denunció el encubrimiento y de la entonces senadora Cristina Fernández de Kirchner, que integró la Comisión Bicameral de seguimiento de la investigación por el atentado y denunció todo esto en soledad.
El tribunal determinó que el Estado actuó para desviar la investigación por el atentado a la AMIA y ordenó investigar a Galeano, Mullen y Barbaccia, al ministro del interior de Menem Carlos Corach, al jefe de la SIDE Anzoreguy, al titular de la DAIA Rubén Beraja y más tarde incluyó a Menem y a Jorge “el Fino” Palacios, entre otros.
La investigación por el encubrimiento quedó a cargo del juez Claudio Bonadío. Desde 1992 hasta pocos días antes del atentado Bonadío era funcionario menemista. Su cargo, Subsecretario de Asuntos Legales bajo el mando de Corach, hombre de la mesa chica de Menem. Cuando Domingo Cavallo denunció la famosa servilleta en la que Corach escribió los nombres de los jueces y fiscales que dominaba el Gobierno de Menem, Bonadío estaba en la lista.
Cuando Menem amplió de 6 a 12 los juzgados de Comodoro Py puso en el 11 a Bonadio. Fue el 1 de mayo de 1994, pocos días antes del atentado a la AMIA. Bonadío demoró la investigación por el encubrimiento del atentado durante años. Finalmente fue apartado y denunciado ante el Consejo de la Magistratura pero el caso nunca prosperó. En 2010, el propio fiscal Nisman denunció a Bonadío. Lo acusó de integrar una asociación junto al Fino Palacios y Corach para apartarlo de la investigación del atentado.
Cuando le sacaron la causa por encubrimiento, Bonadio intentó una maniobra que repitió luego en el lawfare en la era K: armó una investigación paralela para favorecer a sus amigos Corach, Galeano y el Fino Palacios. La Cámara Federal lo apartó de esta causa paralela e irregular.
El juez Ariel Lijo, hoy propuesto para la Corte por Javier Milei, quedó a cargo de continuar la investigación respecto a Corach, empleados de Galeano y otros imputados. Ante la falta de avance en este tramo, llamado “residual”, Lijo fue apartado en 2016 y la investigación quedó a cargo del juez Sebastián Ramos.
La causa por encubrimiento llegó a juicio oral y público recién en 2015. El juicio terminó en 2019. Menem, Beraja y el Fino Palacios fueron absueltos; Anzorreguy condenado a 4 años y 6 meses de prisión, Galeano a 6 años, Mullen y Barbaccia a 2 años, Telleldín a 3 años y 6 meses. Esto es lo que ahora revisó la Cámara de Casación, no el expediente por el atentado que sigue paralizado. Y rebajó la condena de Anzorreguy a 2 años y 6 meses de prisión, la de Galeano a 4 años, la de Tellelín a 1 año y 9 meses y mantuvo las de Mullen y Barbaccia pero les bajó la calificación.
La lectura del sistema de medios del lawfare incluyó una asociación libre donde afirmaron que esto complica más a Cristina Fernández de Kirchner en la causa inventada por el fiscal Nisman, que la acusó de pactar la impunidad de los imputados iraníes a través del Memorándum de Entendimiento con Irán. Esto también tiene su historia.
Mahiques, que lidera esta nueva operación, es el padre de Juan Bautista Mahiques, ejecutor del lawfare durante el gobierno de Macri y también viajero a Lago Escondido invitado por el Grupo Clarín. La jueza Ana María Figueroa denunció que Mahiques hijo fue a su despacho para presionarla para que fallara en contra de CFK en la causa Memorándum. Todo se encadena.
¿De donde salió el Memorándum? En 2012, Irán solicitó a la Argentina una reunión diplomática en el ámbito de las Naciones Unidas. En su discurso ante Naciones Unidas, Cristina Fernandez de Kirchner aceptó el pedido de Irán, con la condición de que se tratara la cuestión AMIA y el sometimiento de Irán a los pedidos de indagatoria de los acusados por la Justicia argentina.
Argentina no fue el único país que negoció acuerdos con Irán en esos años. Por entonces Estados Unidos, Rusia, Francia, China, Gran Bretaña y Alemania comenzaban a negociar con Irán para impedir su desarrollo nuclear, acuerdo que se concretó en 2015. En 2013, CFK impulsó un memorándum de entendimiento con Irán para avanzar en la búsqueda de la verdad sobre el atentado a la AMIA.
El texto era corto, 9 artículos en los cuales se establecía una Comisión de la Verdad que, si bien no tenía el nombre más apropiado, su única tarea era analizar información judicial y elaborar un informe con recomendaciones para ambos países. El memorándum incluyó el compromiso de intercambiar información relativa a la causa AMIA y la posibilidad de que la Comisión y autoridades judiciales argentinas e iraníes interrogaran, en Teherán, a las personas sobre las que pesaba una notificación roja de Interpol. En ningún lugar pedía la baja de las notificaciones rojas ni la impunidad para los iraníes.
Para que el Memorándum entrara en vigencia tenía que ser aprobado por cada país según sus leyes. En el caso iraní nunca avanzó. En el caso argentino, fue aprobado por el Congreso al mes de su firma pero frenado por sectores del poder judicial. En primera instancia, juez federal Rodolfo Canicoba Corral (el mismo que tenía a su cargo la causa AMIA y era responsable de las notificaciones rojas) sostuvo que era constitucional. Pero en mayo de 2014, la Sala I de la Cámara Federal, con los votos de Eduardo Farah y Jorge Ballestero, lo declaró inconstitucional.
La Constitución establece que el Presidente puede firmar tratados con otros países y que el Congreso debe aprobarlos. Las dos cosas ocurrieron. Sin embargo, el lobby y las presiones tuvieron efecto. Los jueces, insólitamente, declararon inconstitucional la Constitución. Para colmo, el Memorándum nunca entró en vigencia.
Nisman, que trabajaba codo a codo con Stuiso, también criticó el Memorándum pese a que antes estuvo de acuerdo con la firma de acuerdos similares. La dupla Nisman-Stiuso empezó trabajar en contra de CFK. La entonces presidenta decidió un gran reordenamiento de la ex SIDE. Primero removió a Stiuso, que revistaba las filas de los servicios de inteligencia desde 1972. Luego, modificó el su estatuto, le cambió el nombre a Agencia Federal de Inteligencia y, entre otras cosas, eliminó los gastos reservados.
Pero, ¿de donde salió Nisman? En 2004, tras años de encubrimiento, el presidente Néstor Kirchner impulsó la creación de la UFI AMIA, una unidad fiscal dedicada exclusivamente a investigar el atentado ocurrido 10 años antes. La UFI AMIA quedó a cargo de Nisman, que había integrado el grupo de fiscales que intervino en la investigación del atentado junto a Mullen y Barbaccia pero justo antes de la falsa acusación a los policías bonaerenses se había apartado de la operación de encubrimiento.
En un principio, la figura de Nisman fue bien recibida por los familiares de la víctimas, pero con el paso del tiempo advirtieron que no quería investigar determinadas líneas. Nisman centró su investigación principalmente en la pista iraní y se apoyó fundamentalmente en el Director General de Operaciones del a SIDE, Antonio Horacio Stiuso. Este dato es clave: más que una investigación, Nisman se guió por aportes de servicios de inteligencia argentinos (la SIDE), de Estados Unidos (la CIA) y de Israel (el Mossad).
En 10 años a cargo de la UFI AMIA Nisman presentó dos dictámenes, en 2006 y 2009, donde apuntó al Gobierno de Irán y pidió nuevamente las capturas internacionales de cuidadanos iraníes sospechados de haber participado en el atentado. Estas capturas fueron pedidas por el entonces juez a cargo de la causa por el atentado, Rodolfo Canicoba Corral, y los iraníes fueron incluidos en el sistema de notificaciones rojas de Interpol, lugar del que nunca salieron.
En esos 10 años Nisman no aportó nada a la investigación por el atentado a la AMIA. Nada es nada. Ni siquiera encontró al muerto 85, cuyos restos estaban en las pruebas que no revisaba ya que solo seguía las líneas que le marcaban servicios de inteligencia extranjeros canalizados por la SIDE.
Fue en este contexto que llegó la denuncia de Nisman contra CFK, el canciller Héctor Timerman y otros funcionarios. Nisman presentó su denuncia el miércoles 13 de enero de 2015, en plena feria judicial. El 14 Nisman fue a TN a relatar su denuncia, que hasta el momento no era pública. El 15, la jueza Servini de Cubria se negó a abrir la feria. “No se han acompañado las pruebas que le otorgan sustento a sus solicitudes” le dijo Servini de Cubría a Nisman cuando presentó la denuncia.
Nisman iba a pasar un papelón en el Congreso, donde fue citado para que explicara su denuncia. Y apareció muerto en el baño de su departamento. ¿Que dijo el peritaje del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema? Que no había ninguna evidencia de homicidio. Pero como a Clarín y al macrismo no les gustó hicieron otro a medida a través de la Gendarmería, cuyo resultado fue adelantado varios meses antes por el holding de Héctor Magnetto.
Hace 8 años que Ercolini tiene el expediente por la muerte de Nisman. Era, supuestamente, el caso más importante que existía, la muerte del fiscal que denunció a la presidente, prioridad absoluta. Ercolini no movió un centímetro el expediente. Obviamente porque no tiene ninguna evidencia de que fuera un homicidio. Clarín, que anticipó por meses la pericia de Gendarmería que dijo que fue homicidio, se lo llevó a Ercolini de paseo a Lago Escondido. Coincidencia: el juez Mahiques, que armó esta última operación, también fue a Lago Escondido invitado por Clarín. Todo se encadena.
Durante la campaña electoral de 2015, el macrismo insistió en que había que derogar el Memorándum con Irán. Apenas asumió fue una de sus prioridades y cumplió. Macri también le devolvió los fondos reservados a los servicios de inteligencia.
El caso fue tan manoseado que incluso se metieron los fondos buitre, que financiaron una campaña a través de la American Task Force Argentina donde decían que CFK hizo un pacto con el diablo, en referencia al presidente iraní Mahmoud Ahmadinejad. ¿Les importaba la verdad sobre AMIA? No. Solo querían limar al gobierno de CFK para cobrar más dinero del que les correspondía. Y tanto la denuncia de Nisman como otras causas armadas fueron utilizadas para tapar la entrega de Macri a los Fondos Buitre de todo y más de lo que pedían.
La denuncia de Nisman, mientras tanto, fue rechazada en 7 instancias judiciales. Pero fue reabierta por los jueces Mariano Borinsky y Gustavo Hornos justo después de reunirse con Macri en la Quinta de Olivos.
Ahora llegó una nueva operación. Van 30 años de operaciones. Y el mismo tiempo sin Justicia por la AMIA.
Fuente El Destape
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