Por Néstor Espósito –
La Cámara Federal de Casación benefició a los principales sindicados como responsables de que el atentado contra la AMIA continúe hoy impune. Disimuladas en la atribución de responsabilidad a Irán por el ataque (algo que existe en el expediente desde el día posterior a la voladura) y la declaración de lesa humanidad (que está desde 2006), aparecen las lisonjas, comprensiones, contemplaciones, reducciones de penas y sobreseimientos de funcionarios judiciales y políticos.
Tiempo venía adelantando hacia dónde se orientaba la revisión del fallo que condenó al ex juez Juan José Galeano y a los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia, entre otros. A Galeano le rebajaron dos años la pena; a los fiscales les mantuvieron dos años en suspenso pero les alivianaron las consideraciones sobre sus conductas. A los tres, el presidente del tribunal, Carlos Mahiques, los llenó de elogios, personales y profesionales.
Además, sorpresivamente, el tribunal sobreseyó a tres ex secretarios de Galeano que, puerta de por medio con su despacho, fueron parte del rodaje de los capítulos más oscuros de la Causa AMIA. ¿El argumento? “No sabían” lo que hacía su jefe.
Mahiques evaluó “positivamente la actitud asumida por Galeano durante la audiencia de conocimiento en la que reconoció el efecto negativo que tuvo su inexperiencia y la falta de capacitación y de recursos para afrontar con perspectivas de éxito la investigación del atentado”.
Galeano fue destituido justamente por su actuación en la Causa AMIA. Por esos mismos hechos terminó condenado penalmente.
“Dejando a un lado la destitución de la magistratura y sus motivos, a esta altura la pregunta pertinente no es si Galeano fue un buen o mal juez desde la consideración genérica de su integridad ética o profesional. Quizá importe más la constatación de que sus excesos -y hasta los ilícitos en los que intervino- fueron la última consecuencia de que no fue clara y totalmente consciente de su impotencia y limitaciones frente a un escenario donde el Estado exhibió la inoperancia de sus agencias y el oscuro entramado de implicaciones y responsabilidades de varios de sus principales actores”, evaluó Mahiques. Además, pareció alegrarse por cómo rehízo su vida el juez tras ser destituido primero y condenado después. “Galeano es un hombre de hábitos que discurren en la normalidad, en un entorno afectivo estable. (…) Antes de ahora me explayé acerca de las inevitables e insoslayables repercusiones negativas de los protagonistas de este proceso y de su impacto en el ámbito personal y familiar. El propio Galeano recordó en audiencia que padeció un cáncer durante el trámite judicial, que sufrió innumerables presiones como juez, amenazas a él y a su familia, y que fue objeto de incesante acoso mediático”.
Galeano fue condenado por el pago ilegal de 400 mil dólares al desarmador de autos Carlos Telleldín, por entonces detenido, para que cambiara su declaración e involucrara falsamente en el atentado a cuatro policías bonaerenses.
Mahiques reconoció que “se demostró que Galeano sabía que la información suministrada por Telleldín no era sustentable y que las resoluciones que le sucedieron tuvieron como fuente principal a esas manifestaciones”. Los cuatro policías estuvieron hasta ocho años presos por un crimen que no cometieron. Galeano –dice el fallo- sabía que eso estaba mal, pese a lo cual siguió adelante. “Todo adquiere mayor disvalor cuando se trata del proceder de un magistrado que se valió de esa mayor investidura para organizar y ejecutar conductas que sabía ilícitas”, dijo el juez Mahiques.
Y le rebajó la pena dos años.
Otra mirada benévola recibieron los ex fiscales Mullen y Barbaccia. Mahiques deploró “sus respectivas intervenciones -o su ausencia-, dirigidas a convalidar el accionar ilícito de Galeano y la prolongada privación ilegítima de la libertad de los ex policías a la que contribuyeron a mantener como miembros del Ministerio Público Fiscal”. El juez que lideró el extenso fallo señaló que “ello implicó la consiguiente cancelación y forzosa postergación de los proyectos personales, familiares y profesionales de los afectados”. O sea: les arruinaron buena parte de sus vidas.
Sin embargo, el camarista –otra vez paternalista- defendió a los ex funcionarios judiciales como buenos muchachos, que cuentan “con grupos familiares consolidados y una irreprochable y extensa trayectoria en el ámbito profesional jurídico privado como asociados desde el cese de sus funciones en el Ministerio Público. (…) Es igualmente favorable la ausencia de antecedentes penales”.
En su voto en disidencia parcial, la jueza Ángela Ledesma destacó un hecho que Tiempo contó semanas atrás. Ocurrió durante la audiencia “de visu” (de conocimiento) de los imputados, cuando respondía preguntas Ana Boragni, la ex mujer de Telleldín. Al recordar el momento en que se acordó el pago de los 400 mil dólares “precisó que estaba en ese momento en presencia de los fiscales y sentado en un costado el doctor Corach vigilando la reunión”. En ese momento, Carlos Vladimiro Corach era ministro del Interior y principal colaborador de Carlos Menem. Su presencia en esa instancia era desconocida hasta que Boragni la contó el 12 de marzo pasado. Mahiques la interrumpió y dirigió el interrogatorio hacia otro rumbo.
Boragni –recordó la jueza Ledesma- dijo que aquella escena “le generó un miedo muy grande por el hecho de estar en manos de estas personas, coaccionada por los tres poderes”.
Boragni llegó a esta instancia condenada. Se fue absuelta.
“No se desprende de la evidencia aludida que Boragni haya convenido los términos del acuerdo pergeñado entre su entonces pareja y Galeano. (…) Realizó acciones concretas para recibir y ocultar el dinero proveniente de un delito, por lo que sería penalmente reprochable su accionar, pero no en los términos que le fueron imputados en estas actuaciones (peculado). No corresponde en esta instancia avanzar en ese sentido por cuanto implicaría violentar el principio de congruencia”, dijo Mahiques.
En otra resolución, el tribunal sobreseyó a los ex secretarios de Galeano, María Susana Spina, Javier De Gamas Soler y Carlos Alfredo Velasco. “No se pudo probar que tuviesen conocimiento de los delitos cometidos por sus superiores”.
El fallo descree que los secretarios supieran lo que estaba pasando en la causa en la que estaban interviniendo. La hipótesis acusatoria “no alcanza a superar un escenario conjetural o hipotético”. La orden de la Cámara Federal para que se profundizara la investigación respecto de ellos “reposa en la mera subjetividad de los jueces”.
Cualquiera con un mínimo conocimiento de cómo funcionan los juzgados penales sabe que es probable que un juez no sepa qué está haciendo –en el marco de una causa- un secretario. Pero difícilmente un secretario no sepa en qué anda el juez.
Fuente Tiempo Argentino
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