Por Claudio Mardones –
Hay más firmeza que arrepentimiento después del aumento de las dietas en el Senado. El jueves pasado, en menos de dos minutos, el recinto de la Cámara Alta aprobó a mano alzada un incremento del 165% y le sumó un aguinaldo. A pesar del repudio y las críticas, en el bloque del oficialismo admiten que hubo señales de la Casa Rosada que reforzaron las certezas y disiparon las culpas de último momento. El jueves, antes de bajar al recinto, se enteraron del ascenso para el vocero presidencial Manuel Adorni, que en febrero ya tenía una retribución superior a los 4,5 millones de pesos. El viernes, cuando el escándalo ya había estallado, la preocupación mutó en seguridad después de conocer que la serie de aumentos en el Poder Ejecutivo también incluía al secretario de Medios, Eduardo Serenellini, entre otras áreas de la Presidencia. «Ya desde ese momento a todos nos importó muy poco lo que puedan decir desde el Gobierno», confió una alta fuente del Senado. «Ahora habrá que esperar a que se cumpla la frase que tenía el anillo de Humberto Grondona», apuntó con ironía. La joya que el histórico dirigente de la AFA tenía en su dedo anular decía: «Todo pasa» y eso es lo que espera la vicepresidenta Victoria Villarruel, que la tormenta por los aumentos se disipe al calor de las negociaciones que se vienen para el repechaje de la nueva versión de la ley bases.
En la decisión que pactaron los jefes de todos los bloques había una intención de revancha. Habían quedado con sangre en el ojo desde febrero. La bronca apuntaba a Javier Milei y no a Villarruel. El presidente obligó a la titular del Senado a suspender el incremento del 29,2% de febrero, que sólo enganchaba la paritaria de los trabajadores legislativos con la dieta de los legisladores de ambas Cámaras.
El presidente de Diputados, Martín Menem, ejecutó de inmediato la directiva y abrió un frente interno que acumula entripados sin resolución. Villarruel no estaba de acuerdo pero acató la orden y concedió una entrevista donde ventiló sus discrepancias y aseguró que los senadores ganaban poco ante la responsabilidad que tenían. Desde entonces la titular del Senado pudo ver cómo la bronca por la suspensión de los incrementos de febrero anunciaba la tormenta que arreció el jueves pasado, pero que se cocinó un día antes, en su despacho, en una reunión donde le planteó su desacuerdo a los demás caciques parlamentarios, pero sin romper lanzas. En la reunión de labor parlamentaria que ordenó la sesión, Villarruel decidió irse cuando comenzaron a hablar del aumento, pero en ningún momento los persuadió para que no lo hicieran. Sólo les habría dicho que no estaba de acuerdo y que consideraba que se les estaba yendo la mano. De ese modo, y sin impedirlo, la titular del Senado se despegó de la decisión pero no rompió con los senadores y tampoco con Milei. A diferencia de febrero, esta vez no hubo discusiones dentro del binomio presidencial y finalmente cada uno de los 72 integrantes del Senado pasará a cobrar 4,5 millones de pesos en el bolsillo. El mes pasado cobraban 1.700.000 y si les hubieran enganchado la paritaria de febrero, habrían percibido 3,2 millones. Dos meses después la vendetta con Milei no llevó las dietas a esa cifra. Le sumaron 1.300.000 pesos más para equipararlo con los sueldos que el presidente decidió pagarles a algunos de sus funcionarios, con una táctica administrativa que incluye ascensos para posibilitar los incrementos.
Ahora la tensión se trasladó a Diputados. Menem tiene que lidiar con las consecuencias de haberle hecho caso a los hermanos Milei. Karina, la secretaria general de la Presidencia, también tuvo un incremento y es el principal respaldo político del titular de la Cámara Baja. Desde el jueves recibe planteos en su despacho de todas las bancadas opositoras. Le cuestionan haber cedido sin decir una palabra ante «la sobreactuación» de Milei. El presidente también había percibido un incremento salarial, pero sostuvo que no estaba al tanto y que cobró sin saber. Después despidió al entonces secretario de Trabajo, Omar Yassin, y lo culpó de haber autorizado el incremento salarial, aunque no tenía nada que ver con esa decisión.
Cada uno de esos episodios horadaron la imagen del presidente, especialmente ante un electorado que le compró su discurso de campaña y le creyó que el ajuste lo iban a pagar la «casta y los políticos». «Javier vende ese discurso, pero cobra con aumento y desde la semana pasada pasa lo mismo con los senadores. Los únicos que quedamos colgando somos nosotros», masculló un diputado del oficialismo. Sostiene que Menem no les va a aflojar el aumento y asegura que esa diferencia va a escalar desde todos los espacios políticos. El titular de Diputados redobló la apuesta y anticipó que habría un aumento, pero después de que le voten la nueva versión de la ley bases. El mensaje fue interpretado como una afrenta entre los bloques opositores y como una falta de respeto entre los integrantes de la bancada oficialista, ahora fracturada en dos espacios de 38 y 3 voluntades.
Menem no tiene ningún aumento en mente y si lo aplica será producto de las presiones que podrían jugar algunos jefes parlamentarios. Si hay alguna negociación, será reservada, porque se avecina el repechaje con la nueva versión de la Ley Bases. El oficialismo ya tiene un cronograma tentativo. Hablan de un tratamiento en comisiones para los últimos días de este mes y llegar al recinto antes del 1° de Mayo, día internacional del Trabajador, y fecha de una masiva movilización que convocaron la CGT y las dos CTA.
El nuevo cronograma aprieta los tiempos de una negociación que no está terminada. Según los pronósticos del oficialismo el camino asoma menos espinoso que en febrero. Esperan que esta semana haya dictamen para las dos piezas que obsesionan al Gobierno. Hablan de dictaminar el miércoles la nueva versión de la ley bases y hacer lo mismo el jueves con el paquete impositivo, que contiene los contornos de un nuevo pacto fiscal con las provincias. Si se confirman esas expectativas, la idea es activar el recinto a partir del 29 y tratar la ley bases, los proyectos fiscales y la reforma laboral que el radicalismo quiere sumar para sortear la suspensión de la Justicia al capítulo del DNU 70/23 vinculado a las regulaciones del trabajo.
Menem espera que mayo no lo tenga con más obstáculos vinculados a la ley bases. En la oposición que le aportó quórum en el intento de febrero se muestran cautelosos. Sostienen que todavía no está todo cerrado. Todavía no hay garantías de que la ANSeS reanude los envíos mensuales para compensar a las cajas jubilatorias de 13 provincias que no las transfirieron a la Nación y el Gobierno todavía no hizo ofertas sobre el futuro de los 30 fondos fiduciarios que quería anular en el proyecto anterior. Los gobernadores de JxC quieren coparticipar parte de esos fondos en caso de que avance la idea de achicarlos, pero como parte del ultimo envión de las negociaciones para abrir nuevas instancias de financiamiento. Hasta ahora la Nación sólo esta dispuesta a coparticipar fondos con el regreso de la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias y no quiere abrir ninguna otra instancia. Esa negativa suena inaceptable para los mandatarios patagónicos. Algunos temen una sorpresa de último momento en caso de que vuelvan a naufragar las negociaciones.
Universidades
La hoja de ruta que tiene el oficialismo omite las consecuencias que podrían impactar en el recinto si el conflicto con las universidades sigue escalando. La movilización para el martes será masiva y no tiene marcha atrás. El panperonismo apunta a una sesión especial para el mismo día y busca marcarle la cancha al oficialismo con la misma batería de proyectos que no pudo tratar hace un mes, porque la UCR le quitó el cuerpo tras negociar la presidencia de la Comisión de Previsión Social y negociar la reforma laboral. Sin embargo ese mismo radicalismo podría endurecerse si la tensión con el Consejo Interuniversitario Nacional se agudiza. El secretario de Educación, Carlos Torrendel, viene de una dura reunión con los rectores y luego la ministra de Capital Humano amagó con un aumento que sólo afecta gastos operativos, sin actualización, que sus voceros vendieron como un acuerdo que destrabó el conflicto. Sólo aumentó la tensión con la comunidad estudiantil, luego de una semana donde la sombra ominosa de los aumentos en el Senado y en la Casa Rosada debilitaron el presunto respaldo al ajuste drástico en el Estado.
Si el conflicto estudiantil escala y la tensión universitaria se instala sin fecha de vencimiento, podrían suceder repercusiones inesperadas en el Congreso. La oposición dadora de quórum podría jugar algunas sorpresas en el tratamiento de la ley bases y empiojar la negociación en pleno recinto y reeditar los momentos de zozobra que se vivieron en febrero, cuando el texto original naufragó en la votación en particular y regresó a comisiones. Podrían jugar la coparticipación del impuesto al cheque o meter el tratamiento de un dictamen para actualizar las jubilaciones de acuerdo a la inflación. También existen chances de que recrudezca el entripado por los aumentos suspendidos en la Cámara Baja, con un grupo de legisladores que consideran una extorsión el planteo de Menem de aumentar si le votan la ley. Son sólo algunas sombras que oscurecen el cándido pronóstico que se trazan en el oficialismo, convencidos de contar con la aprobación en Diputados antes de mayo.
Si hay media sanción, luego será el turno del Senado. En ese territorio ya está cubierto el reclamo de las dietas y no les importa el escarnio público. Quizás haya más predisposición ante el riesgo de una nueva acusación presidencial, pero existe una preocupación más importante. Todavía no hubo una negociación que sincronice los tiempos de las dos cámaras y en el Senado todavía no entraron en detalles sobre la ley bases. «No pudimos, el escándalo de las dietas nos corrió todo», admiten en el bloque oficialista. Sus integrantes siguen buscando la forma de dejar sin efecto el aumento que respaldó el bloque y subestiman el arribo de un debate legislativo que, a diferencia de Diputados, deberán afrontar por primera vez, con debilidades numéricas mucho más frágiles. A Villarruel todavía no le tocó el bautismo de fuego legislativo que Diputados ya tuvo en febrero y que no pudo superar por la intransigencia que Milei. Todavía queda un largo camino de obstáculos para que el 25 de Mayo pueda firmarse algún pacto en Córdoba.
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