La trayectoria de Enriqueta Estela Barnes de Carlotto es la de una docente jubilada, ama de casa, quien, como presidenta de una institución que transita sus 40 años de vida como “Abuelas de Plaza de Mayo”, no ha podido evitar las contradicciones y las polémicas a partir de que el dinero, la ambición y el personalismo militante fueron distorsionando y erosionando el prestigio y la finalidad de muchas organizaciones defensoras de los derechos humanos.

En 2008, consultada sobre las acciones de los militantes del Movimiento Peronista Montoneros, del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) y de grupos similares que operaban en la década del 70, los calificó elogiosamente de “mártires”, negando el amplio abanico de gravísimos delitos que se les comprobaron. Con ese mismo falso y distorsionado idealismo, que tanta sangre derramó en los años de plomo, se refería a su hija desaparecida como integrante de “una generación que dejó la vida y nos dejó la democracia”. Paradójicamente en su afán militante salió también con vehemencia a defender al general César Milani negando toda evidencia en su contra.

Alterando también los hechos, cargó contra el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv), acusando a esa institución de promover la impunidad para los responsables del terrorismo de Estado cuando, al igual que Abuelas pero en la vereda opuesta, Celtyv defiende los justos pero silenciados derechos de las víctimas inocentes del terrorismo subversivo de aquellos años. Con este mismo espíritu beligerante, no sorprendió que tildara de “disparate” la propuesta pacificadora de la Conferencia Episcopal, que promovía la reconciliación nacional.

“No hay que confundir Abuelas con Madres”, señalaba Carlotto, marcando distancia con la agrupación dirigida por Hebe de Bonafini y, al mismo tiempo, alejándose todo lo posible del escándalo Schoklender.

Sin embargo, con aquel mismo estilo agresivo y destemplado de Hebe de Bonafini, casi un par con el que rivalizó en la interna de esos mismos organismos, Carlotto no pudo disimular su militancia partidaria y arremetió recientemente contra la ministra de Seguridad por el caso Maldonado, al afirmar que “Patricia Bullrich es una gendarme, pero una gendarme mala”. Incluso, sostuvo la hipótesis de que el cuerpo de Maldonado “fue plantado” en el lugar en el que se encontró, instando a averiguar dónde había estado conservado y quién lo tenía. “Es una muerte desde el Estado y en democracia”, y como tan superficialmente acostumbran a calificar, aseveró enfáticamente que se trata de “un delito de lesa humanidad” acusando al Presidente de falta de sensibilidad, frialdad y autoritarismo, llegando a asimilar la ideología de los gobiernos de facto con la de esta democracia. También, en su momento, apuntó contra el juez federal Claudio Bonadio quien, según ella, “se maneja como si viviera en una isla de esclavos”. “Si pudimos con Videla, vamos a poder con Macri”, extrapoló, incapaz de percibir las abismales diferencias en otra muestra del registro distorsionado de la realidad en el que cae con frecuencia.

Además de haber colocado a numerosos parientes y amigos en cargos públicos, Carlotto ejerció la presidencia de la Comisión Bonaerense de la Memoria, organismo integrado por representantes de entidades de Derechos Humanos, el sindicalismo, la Justicia, la Universidad, la Legislatura, funcionarios y profesionales, de los que se alejó en 2002 cuando le cuestionaron el manejo de los cuantiosos fondos estatales. El resultado fue que denunció que le habían falseado la firma, lo que la llevó a confrontar con su sucesora en el cargo.

Firmante de una solicitada en apoyo a Aníbal Ibarra tras la masacre de Cromagnon, calificó a los padres de las víctimas de “delincuentes”, lo cual le valió un amplio repudio. Tampoco dudó en pedir por la libertad de terroristas internacionales de la ETA española, el MIR chileno, o las FARC colombianas. En la lista, sumó también a Milagro Sala cuya inocencia Carlotto defiende con una cínica pregunta: “¿Cuándo la vieron a ella empuñar algo que fuera peligroso, salvo el martillo o alguna pala?”.

Junto con Madres, avaló perversamente la decisión del gobierno de Cristina Kirchner de cargar contra la empresa Papel Prensa sobrepasando cualquier límite ético en una disputa política en otro uso espurio de los derechos humanos, como definió de manera crítica la propia Graciela Fernández Meijide. Es oportuno recordar que, en 2010, en el acto central por el Día Nacional por la Memoria y la Justicia celebrado en las instalaciones de la ex ESMA, una Cristina Kirchner abrazada a Carlotto afirmó que el caso Noble era “la prueba del ácido” de la democracia argentina. Refiriéndose una vez más en público a los hijos de Ernestina Herrera de Noble, amenazó con ir a la justicia internacional, según ella, para “terminar este capítulo tan trágico de la historia de la verdad”. Después de denunciar durante años que Marcela y Felipe Noble eran “parte del ocultamiento de un delito”, Carlotto no supo siquiera pedir disculpas cuando la Justicia se expidió. Como quien teme gastar las palabras, dijo lacónicamente: “No fueron nuestros nietos”.

“Cuando fui citado por la jueza Servini de Cubría -explicó un joven llamado Roberto J. Gutiérrez, sindicado erróneamente como nieto de Carlotto y sometido a un maltrato que le ocasionó un grave daño moral-, comprendí que esta mujer es tan distinta de como la ven todos, tan insensible que no me resultó extraño enterarme de que había hecho con su familia un negocio de los derechos humanos”. Gutiérrez, además, la acusó de haber manipulado los ADN en el Banco Nacional de Datos Genéticos, causa que sigue abierta ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En otro caso, el de Hilario Bacca, una airada Carlotto cuestionó a la Justicia por autorizar que ese hijo de desaparecidos mantuviera la decisión de llevar el nombre y apellido dado por sus padres apropiadores. Al momento de encontrarse al nieto número 122, y aplicando falaces e interesadas fórmulas matemáticas propias, Carlotto afirmaba que ese hallazgo demostraba que fueron 30.000 o más los desaparecidos, dado que el padre del recuperado no figuraba denunciado como desaparecido. En su afán por manipular los dolorosos hechos vividos y a pesar de que sólo hubo 230 denuncias, Carlotto continúa pretendiendo instalar que fueron 500 los niños desaparecidos.

Durante la llamada “década ganada”, desde el poder se hizo mucho más que aplicar el canon kirchnerista, distorsionar la democracia, imponer el mandato del relato único como cuestión de fe, estigmatizar al opositor o al crítico e instalar y justificar la corrupción como método válido para financiar a una facción política y enriquecerse personalmente con los recursos del Estado. Con la complicidad de muchas de las organizaciones a las que benefició, la sesgada política de los derechos humanos sólo incluyó a algunas víctimas e ignoró a otras en su afán por mantener al país encadenado a los odios del pasado. El vasto agujero negro en el que se esfumaron millones de dólares destinados a sostener lo que terminó siendo la “industria” de los derechos humanos, resulta un enigma que no ha sido todavía investigado.

A esta altura resulta inaceptable continuar distorsionando la verdad histórica y manipular tendenciosamente los derechos humanos para ponerlos al servicio de la mezquindad política, con burdos fines económicos e ideológicos alejados de la reconciliación y el reencuentro entre compatriotas que debiera primar a la hora de construir unidos el futuro de nuestra Nación.