De la Redacción de Contrapoder –
Los trabajadores de los ministerios de Justicia y Derechos Humanos y de Seguridad nucleados en la Unión de Personal Civil de la Nación (UPCN) se convocaron frente al Palacio de Hacienda para repudiar el ajuste en el sector y defender tanto las fuentes laborales como sus salarios, ante el intento del ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, de disolver los entes cooperadores, la gran caja donde se tramitan los registros y las patentes de los autos de todo el país, con cuyos fondos se abona gran parte de sus sueldos. El gremio denunció que el objetivo es “administrar desde el Ministerio de Hacienda esos fondos en forma discrecional frente a las exigencias del FMI”. Según explicó a PáginaI12 uno de los delegados de UPCN en el Ministerio de Justicia, están en estado de alerta desde que trascendió el proyecto de decreto (DNU) porque la iniciativa de Cambiemos afectaría a 10 mil trabajadores que serían despedidos. “Esto genera angustia, esperamos nos convoque el Poder Ejecutivo para obtener precisiones sobre lo que sucederá”, agregó, al cierre de la jornada de paro y movilización.
En la esquina de Hipólito Yrigoyen y Balcarce, en las inmediaciones de la Casa Rosada, se ubicó la protesta de UPCN a pesar de que la Plaza de Mayo tenía las rejas cerradas. Mientras el presidente Mauricio Macri asistía a una reunión de coordinación con sus ministros, los empleados entregaron un petitorio para que se desestime la medida, rodeados de un importante operativo de seguridad policial. En concreto, la intención de Dujovne es traspasar los entes cooperadores por los que están contratados todos los trabajadores de los ministerios de Justicia y Seguridad. Los despidos se producirían no sólo en esas carteras, sino también en Vialidad Nacional, la Secretaría Legal y Técnica y el Boletín Oficial. “No queremos pensar lo peor, pero necesitamos llevar claridad a los trabajadores, por eso ahora aguardamos la llamada de Hacienda”, agregó la fuente consultada, que prefirió que no se publicara su nombre.
El Sistema de Cooperación Técnica y Financiera, es decir los Entes de Recaudación, es el que autoriza a los ministerios a realizar convenios con entidades públicas o privadas que tengan por objeto la cooperación técnica y financiera de éstas con la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios. Además, es la caja con la cual se abonan los salarios del 70 por ciento de los trabajadores del ministerio y de los organismos descentralizados y programas de esa cartera, tales como la Unidad de Investigaciones Financieras, Oficina Anticorrupción, Servicio Penitenciario Federal, Secretaría de Derechos Humanos, Programas de Reparación, Trata de Personas, Niños extraviados, Plan Nacional Anticorrupción, Inadi, entre otros.
Esos fondos son los que se utilizan para “mantener contratados a miles de trabajadores durante muchos años”, según explicó UPCN en el llamado a la movilización de ayer. No se trata de montos de carácter remunerativo pero “han formado parte del salario real neto, y generó estabilidad laboral tras las continuas renovaciones contractuales”.
El 1 de junio de 2018 los ministros de Hacienda y Modernización habían ya deslizado la posibilidad de avanzar sobre las cajas, pero las autoridades se lo comunicaron finalmente a UPCN el 29 de agosto. Desde entonces, están realizando medidas para visibilizar la situación, de hecho ayer el paro fue convocado por UPCN y hoy llama ATE.
Mientras tanto, la diputada del Frente para la Victoria y ex ministra de Seguridad Nilda Garré presentó un pedido de informes en la Cámara de Diputados, al que suscribieron integrantes de ese bloque, para que el Gobierno explique cómo se preservarán las fuentes de trabajo tras la absorción de los entes. El escrito hace hincapié en cómo hará el Gobierno para “asegurar la continuidad laboral con los mismos niveles de ingreso del personal contratado a través de los entes cooperadores”. También pide que se detalle para qué serán utilizados esos fondos para que “no sean absorbidos por las rentas generales del Tesoro Nacional”. Y pone especial énfasis en cómo harán para “garantizar la calidad y la mejora continua de los servicios administrativos involucrados”, específicamente aquellos que prestan los organismos públicos destinatarios de los convenios.
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