Ante la creciente inflación y el recorte de los haberes impuesto por Cambiemos, la jubilación mínima cubre sólo el 40% de la canasta de un adulto mayor, por lo que este grupo debe recurrir los a préstamos para afrontar sus gastos corrientes. A ese fin quedó degradado el crédito Argenta, ideado en sus orígenes para financiar proyectos personales y recreativos. La creciente preocupación por la morosidad en el sistema llevó que ANSES cree un protocolo para reclamar el dinero ante la quiebra de los beneficiarios.
La jubilación mínima, compartido por la mayoría, alcanzó en septiembre los $ 8.637, una cifra menor a la que correspondería si el Congreso no hubiera cambiado la fórmula en diciembre. Un adulto mayor, en cambio, precisaba en agosto de $ 21.127 para saciar sus necesidades básicas y no considerarse pobre, según la Defensoría de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires.
Las créditos Argenta (ahora llamados simplemente “ANSES”) se crearon en 2013, cuando lo recibieron 281.122 personas. La mayoría lo había utilizado para mejoras en la vivienda, compras de electrodomésticos y ocio, según datos del propio organismo. Al año siguiente, el espectro se agrandó a 457.822 y en el último año de Diego Bossio en la dirección ejecutiva del organismo se les repartió a 922.424. El máximo monto afectado, proveniente del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, fue de $ 12.727 millones.
No obstante, al asumir Emilio Basavilbaso en el ente previsional, las líneas se ampliaron más allá de los jubilados, a todos los beneficiarios del sistema. Con estas nuevas reglas se alcanzaron a 3.362.647 individuos en 2017, año de elecciones legislativas, donde se distribuyeron $ 69.309 millones. Esto formó parte del uso político del fondo de los jubilados, junto con los créditos a las provincias a tasa subsidiada que, en conjunto, ocupan el 11% de la cartera del FGS. En lo que va de 2018, Cambiemos escaló más de 150% interanualmente la cantidad y los montos de los préstamos personales otorgados, de acuerdo al último balance previsional.
Al incluir en las líneas a receptores de la asignación universal por hijo y pensiones, Basavilbaso aumentó el riesgo de falta de cobro, ya que este grupo no posee un derecho perpetuo como la jubilación, sino uno que puede caducar. Las cuotas de los Argenta se debitan de los haberes, por lo que si una persona deja de percibir las transferencias de ANSES y no cuenta con ingresos suficientes, no podrá devolver el dinero que pidió para pagar los servicios del hogar o las compras del supermercado.
En vistas de la disparada inflacionaria y la creciente morosidad, ANSES resolvió crear un protocolo de acción ante la falta de pago de los beneficiarios. El documento detalla los pasos que deben seguir las distintas áreas del ente para pedir la quiebra o concurso de los afectados e incluso sumarse a una causa judicial iniciada por otro acreedor.
La norma interna FFSU-21-15, lanzado el 10 de agosto, tiene el objeto de “establecer el procedimiento que deberán llevar a cabo las direcciones involucradas en el proceso de oficios de quiebra/concurso del beneficiario del programa Argenta”, según reza el propio escrito de siete páginas.
Antes de Cambiemos nunca había existido este tipo de instructivos, dado que el potencial inconveniente financiero estaba atado exclusivamente al fallecimiento del jubilado, lo que fue cubierto con un seguro de vida asociado del Banco Nación. Durante la gestión de Bossio no hubo casos de morosidad en los préstamos.
Pero con el endeudamiento en ANSES y en bancos comerciales para pagar gastos corrientes por la inflación descontrolada, muchos jubilados quedan con escasos fondos para hacer frente a sus necesidades. Esto puede llevar a muchos al límite de no devolver las cuotas en las entidades bancarias y que estas inicien oficios judiciales para cobrarlo. Con este protocolo, Basavilbaso repartió los roles específicos de cada área para bloquear el acceso al crédito del denunciado y sumarse al proceso.
Fuentes de ANSES matizaron la norma interna al deslizar que su objetivo es sólo el de “introducir un cambio en la intervención de las áreas de legales según sea la jurisdicción; es decir, la Ciudad de Buenos Aires o el interior”. “No hay novedad alguna respecto a declaración de quiebra de los beneficiarios, lo que se rige desde la creación del FGS por el régimen general para toda entidad financiera”, interpretaron.
Pero la situación sí se modifica para los beneficiarios de pensiones, AUH y asignaciones familiares, los nuevos receptores del programa Argenta desde 2016, que tienen préstamos por $ 30.555 millones, el 39% del total. Este grupo puede haber contraído un pasivo y, posteriormente dejar de percibir la transferencia previsional, con lo que le quitaría al organismo la posibilidad de descontar las cuotas. Aquí, ante la falta de pago, la UDAI (oficina territorial) o algún área de ANSES puede generar un oficio de quiebra legal.
Tras el inicio del expediente en la Unidad Central de Apoyo, la Dirección de Control de Créditos y Entidades Externas es la encargada de verificar los antecedentes y elaborar un informe de control. Luego, la Dirección de Operaciones Argenta elabora el saldo adeudado, tras lo que la Dirección de Registro de Operaciones e Información comunica la cuenta bancaria del FGS para que “con el ingreso de activos del quebrado se pague a los acreedores”. Esta última elabora un informe mensual y se lo entrega a la Dirección de Asuntos Legales del FGS o a la Dirección General de Asuntos Jurídicos, en caso de que el deudor pertenezca a alguna provincia. Luego de que éstas verifiquen el crédito en el juzgado, remite el documento a la Dirección de Control de Créditos y Entidades Externas, que elabora un informe de control de proceso. Si ANSES consiguió cobrar la deuda, la Dirección Central de Apoyo desbloquea el beneficio e inhibe por un año el código correspondiente a Argenta. Por último, la Dirección de Registro de Operaciones e Información / Dirección de Riesgo Crediticio inscriben en la cartera del FGS el resultado del proceso legal.
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