Por Werner Pertot –
El Gobierno concretó el pedido de destitución del juez Alejo Ramos Padilla, que investiga una red de espionaje y extorsión que podría alcanzar a sectores del oficialismo. Por orden del presidente Mauricio Macri, el representante del Poder Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura, Juan Bautista Mahíques, hizo una presentación de cinco carillas que está basada exclusivamente en la presentación que hizo el juez ante el Congreso. Curiosamente, mientras el oficialismo lo acusa, también lo está citando a la comisión bicameral de Inteligencia. El presidente sostuvo el domingo que Ramos Padilla “no es un juez que actúe con ecuanimidad. Se presta a un show mediático. Además, ya se mandó varias”. No especificó cuales serían esas “varias”. “Espero que el Consejo evalúe con todas las pruebas que hay y determine si hay que destituirlo”, sostuvo el presidente. Su representante hasta ahora solo presentó como “prueba” que el juez fue al Congreso.
Siguiendo la directiva presidencial, Mahíques presentó un escrito de cinco carillas –a las que tuvo acceso PáginaI12– en las que le solicita al presidente del Consejo, Ricardo Recondo, que dé intervención a la comisión de Disciplina y Acusación para destituir al juez Ramos Padilla. Mahíques advierte que la denuncia la hace por orden del ministro Germán Garavano.
En el texto, asegura que en su presentación ante el Congreso Ramos Padilla “reveló cuestiones vinculadas a dicha investigación en curso, lo que demuestra una irregular actuación, violatoria de los deberes de imparcialidad y reserva que todo juez debe guardar respecto de las causas que tramitan ante sus estrados y en resguardo de los derechos de las partes involucradas”.
“Durante el transcurso de la audiencia, el magistrado expuso acerca de detalles de la causa en trámite, lo que representa una evidente infracción al deber de reserva que debe asegurar en su condición de garante del proceso”, sostuvo el representante del Poder Ejecutivo, que insistió en que “el magistrado hizo de su investigación una cuestión pública, política y mediática, alejada del rol que la Constitución Nacional reconoce al Poder Judicial, poniendo gravemente en crisis la confianza de los habitantes que depositan en ese poder del Estado”.
No hay en el texto otros elementos para acusar a Ramos Padilla. Toda la presentación está basada en distintas consideraciones y adjetivaciones sobre su paso por el Congreso, donde denunció una red de espionaje que podría involucrar a sectores de los poderes Judicial, Ejecutivo y Legislativo, ya que habría diputados involucrados, como Paula Oliveto, de la Coalición Cívica. Sobre todo esto, el magistrado mostró parte de la prueba que existe en la causa y hasta pasó algunas grabaciones.
No obstante, para el representante del Poder Ejecutivo Ramos Padilla tuvo “una actitud confrontativa para con algunos legisladores, lo que demuestra un accionar contrario con la prudencia y el decoro que se espera de un juez federal”. No aclaró a qué legisladores se refiriere, dado que el bloque oficialista vacío la exposición, a la que calificó de “una farsa”. “Después de su insólitamente extensa exposición ante la comisión, Ramos Padilla afirmó como verdaderos diversos extremos de la investigación que, según sus propios dichos, todavía no han sido verificados”, sostuvo Mahíques, sumando adjetivos al texto. “Cuestionó e involucró a otros magistrados y diputados nacionales, lo que resulta, además de imprudente, contradictorio y constitutivo de inaceptable prejuzgamiento”, arguyó, en línea con la defensa del fiscal Carlos Stornelli. Sostuvo que su “actuación pública habla de una pérdida total de ecuanimidad”.
En el escrito, también cuestiona que el juez se haya presentado en la comisión de Libertad de Expresión y no en la comisión bicameral de Inteligencia, pero omite un pequeño detalle: el oficialismo venía bloqueando la exposición de juez en esta última. Recién después de que reveló la gravedad de los hechos que investiga el presidente de esa comisión, el radical Juan Carlos Marino, lo citó. Tampoco se explica desde el oficialismo cómo lo citan de nuevo al Congreso Nacional y, al mismo tiempo, lo acusan por haber ido a una de sus cámaras.
En suma, no hay otro elemento probatorio que no sea la presentación de Ramos Padilla ante el Congreso. En su primera declaración al respecto, el presidente Macri sostuvo que el juez “ya se había mandado varias”, pero el Poder Ejecutivo no pudo informar al Consejo de la Magistratura cuáles serían esas “varias”. Solo mencionó un hecho.
Por su parte, el ministro Garavano asseguró que “es extraño que un juez vaya al Congreso y haga presentaciones extrañas y pedidos extraños que no siguen lo que marca la ley”. “No es una causa que perturbe al Gobierno: el Gobierno ve que alguien lo quiere involucrar en una causa en la que no tenemos ninguna vinculación, se nos quiere involucrar y se hace con un show político en un año electoral”, sostuvo el ministro de Justicia, aunque las acciones del Ejecutivo parecerían indicar lo contrario.
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