Por Dario Pignotti –
Quitar de raíz todo rastro de la dictadura. Jair Bolsonaro disimuló dentro de un conjunto de medidas sobre varios asuntos la que ordenó poner fin al trabajo de un grupo de forenses dedicados a identificar los cuerpos sin nombre hallados en San Pablo entre los cuales ya se descubrieron víctimas del régimen militar. Anunciado luego de la ceremonía del Día del Ejército, realizada la semana pasada, el “decreto ómnibus” 9.759 determinó acabar con las pesquisas sobre los restos descubiertos hace casi tres décadas en fosas comunes del Cementerio de Perus, ubicado en la zona norte paulistana.
Entre los más de seiscientos cadáveres encontrados el 85 por ciento corresponde a hombres y el 5 por ciento a niños. Por cierto, una parte de ellos corresponde a personas que vivían en situación de calle pero lo que aún no se determinó es cuántos fueron militantes.
Los trabajos en curso indicaron que en más de un cajón se encontraron por lo menos dos cuerpos y que un número importante mostraba signos de violencia.
Una de las últimas identificaciones ocurrió el año pasado cuando el Ministerio de Derechos Humanos reportó el hallazgo del sindicalista y guerrillero Aluizio Palhano Pedreira Ferreira. Desaparecido en 1971, Pedreira Ferreira integró la Vanguardia Popular Revolucionaria liderada por el ex capitán del ejército Carlos Lamarca.
Recientemente Bolsonaro recordó que a poco de ingresar como cadete militar, en los años 70, participó en la búqueda de Lamarca en el interior de San Pablo.
El jueves último al presentar el paquete con varios decretos el mandatario no citó la extinción del equipo de identificación de los NN formado por iniciativa del Ministerio Público durante el gobierno de Dilma Rousseff. Ni hizo mención a la finalización de los trabajos realizados por otro grupo de especialistas en Araguaia, región amazónica, donde fueron asesinados y desaparecidos guerrilleros que se opusieron al régimen.
Estas investigaciones también tuvieron el respaldo de Rousseff.
Bolsonaro jamás le perdonará a la ex presa política su enfrentamiento armado de la dictadura y luego, en su primer mandato presidencial (2011-2014), haber creado la Comisión de la Verdad sobre el gobierno de facto.
La procuradora federal Eugenia Gonzaga rechazó la orden presidencial y anunció que el Grupo de Trabajo sobre el cementerio paulistano.
“Nosotros entendemos que el Grupo continúa funcionando independientemente del decreto, el problema es que tenemos que renovar el acuerdo con la Universidad Federal de San Pablo”, señaló la fiscal que además dirige la Comisión Especial sobre Muertos y Desaparecidos Políticos de la Dictadura.
Dejar sin efecto las pesquisas de los cuerpos NN del Cementerio Perus guarda coherencia con la obsesión bolsonarista por convencer a los brasileños de que jamás vivieron bajo un gobierno de excepción. “No fue dictadura” aseguró el mes pasado al ser indagado sobre lo ocurrido el 31 de marzo de 1964 cuando fue depuesto el presidente electo Joao Goulart cuyo cargo fue ocuado por el general Humberto Castelo Branco.
El 31 de marzo pasado se “conmemoró” en las principales unidades castrenses el inicio de la experiencia autoritaria más prolongada de América Latina después de la paraguaya conducida por el general Alfredo Stroessner (reivindicado en otro acto oficial por Bolsonaro).
Siendo diputado federal el ahora presidente sumó a sus frecuentes apologías dictatoriales un ataque a la búsqueda de las identidades de los restos del Cementerio de Perus. “Quienes buscan huesos son los perros”.
Ahora, en el Palacio del Planalto, pone al aparato del Estado al servicio del negacionismo histórico ordenando que los libros escolares borren las referencias sobre la opresión de los años de plomo. Si bien ese proyecto del Ministerio de Educación fue dejado sin efecto ante la repulsa causada, no se descarta que la medida sea restaurada a través de alguna trampa administrativa.
El nuevo diseño del Ministerio de Derechos Humanos también fue concebido dentro de este plan amnésico.
Desde enero el organismo fue convertido en Ministerio de Mujer, Familia y Derechos Humanos al frente del cual designada la (presunta) abogada Damares Alves. La pastora evangélica implementó una política hostil hacia las reparaciones económicas pagadas por el Estado a los ex presos políticos.
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