De la Redacción de Contrapoder –
El proyecto establece la creación de un impuesto a la compra de dólares para turismo o atesoramiento, aumento de alícuotas del impuesto a los bienes personales, moratoria para las pymes, congelamiento y revisión de las tarifas, suba en las retenciones y la suspensión de la movilidad jubilatoria.
En la primera sesión extraordinaria conducida por el bonaerense Sergio Massa, el Frente de Todos se encamina a lograr su objetivo de sancionar una ley clave para el gobierno ya que logró cosechar el respaldo de los interbloques Federal -integrado por Consenso Federal y diputados cordobeses- y de Unidad Federal para el Desarrollo, que conduce el mendocino José Luis Ramón.
Con el claro rechazo de Juntos por el Cambio, la bancada oficialista -que preside Máximo Kirchner- contó con la colaboración de los dos interbloques para formar el quórum de 129 diputados para abrir la sesión, y además tenía garantizado el apoyo de esos legisladores para la sanción en general y en particular.
El presidente Alberto Fernández aseguró apenas iniciado el debate que el oficialismo cuenta con los “votos necesarios para aprobar” el proyecto de ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva “en su actual versión”, pero señaló que le sugirió al bloque oficialista mejorar la ley para “construir confianza entre todos y que nadie dude de nuestros propósitos sinceros”. Explicó que le había “sugerido” a Máximo Kirchner “mejorar la ley que se está tratando”.
Fernández también propuso que los diputados incorporen “un artículo que disponga que el Poder Ejecutivo deberá establecer mecanismos de compensación de los efectos de los derechos de exportación específicos para pequeños productores y cooperativas”.
De hecho, el Frente de Todos acordó con bloques opositores un cúmulo de cambios para que queden excluidos de la suspensión de la movilidad jubilatoria los docentes, los científicos, los beneficiarios de la ley Brisa (victimas de femicidios) y las pensiones graciables para ex presos políticos, así como cambios en las retenciones para las pymes agropecuarias, y la eliminación del artículo que impedía incorporar prestaciones al Programa Médico Obligatorio.
El debate fue abierto por el diputado del Frente de Todos Carlos Heller, quien destacó “el rol del Estado para defender a los más débiles”. Heller remarcó que “este gobierno considera a la función pública como herramienta de transformación, y en el rol del Estado es donde reforzamos la idea de defender a los más débiles y aplicar la justicia distributiva”.
Los argumentos de la oposición
El macrista Luciano Laspina rechazó el proyecto al sostener que se “otorgan superpoderes e implica un cierre del Congreso, y es un abuso del artículo 76 de la Constitución Nacional” y enunció que el “congelamiento de las jubilaciones superiores a la mínima terminará judicializado”.
Laspina dijo que “rechazamos este proyecto en nombre del 40% que votó por Juntos por el Cambio para evitar que vuelvan el populismo y los superpoderes” y señaló que “no aceptamos que quieran cerrar el Congreso”.
José Luis Ramón, por su parte, expresó el respaldo del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, aunque expresó algunos reparos, como la duración de las emergencias propuestas en la iniciativa.
El santafesino Luis Contigiani ratificó hoy la posición del lavagnista interbloque Federal al señalar que seguirá “trabajando para terminar con el tema del odio”, que “no hay República sin justicia social” y que esa bancada “no se para en ninguno de los dos lados”.
En tanto, Nicolás del Caño, del Frente de Izquierda, reclamó “que la crisis no la pague el pueblo trabajador” y en cambio “la paguen los grandes empresarios que la generaron”, al cuestionar el proyecto oficialista.
Los antecedentes del proyecto oficial
Después de la jura de los diputados que reemplazaron a los legisladores que asumieron funciones ejecutivas en distintas administraciones, en la segunda sesión de la jornada se discute el proyecto de ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en la Emergencia Económica enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional.
El interbloque oficialista en la Cámara baja había conseguido en la víspera el dictamen que necesitaba en el plenario de las comisiones involucradas para habilitar un debate que se espera terminará durante la madrugada.
Con 41 firmas propias, el apoyo de dos legisladores del interbloque Unidad Federal y el respaldo en disidencia del representante del interbloque Federal, el oficialismo logró incluir la iniciativa en las sesiones extraordinarias convocadas por decreto presidencial.
Se espera un extenso debate, con una larga lista de 138 oradores. Las intervenciones finales, a cargo de los presidentes de bloque, podrían comenzar alrededor de las 5 de la mañana del viernes, siempre y cuando cada uno de los oradores respete el tiempo asignado a cada cual.
En caso de ser aprobado en Diputados, el proyecto sería convertido en ley mañana tras un tratamiento exprés del Senado, de acuerdo con el compromiso alcanzado hoy por las bancadas de Juntos por el Cambio y el Frente de Todos en la Cámara alta.
El debate
Uno de los primeros en intervenir fue el presidente de la comisión de Hacienda, Darío Martínez (FdT), quien ayer presidió junto a Cecilia Moreau el encendido debate en el plenario de comisiones . El diputado por Neuquén señaló que “la emergencia no está plasmada en una hoja o en un proyecto, sino en la mesa de cada argentino”.
Martínez recordó los datos de la crisis, entre ellos la inflación del año en curso, que trepó al “52%, la más alta de los últimos 28 años (…) la caída del 11% en la industria manufacturera (…) la tasa de desocupación ha llegado a los dos dígitos (…) y la deuda externa, que creció un 76% en los últimos cuatro años”. “Estos son indicadores de una verdadera emergencia”, afirmó como puntapié del debate.
Las condiciones de los aliados
José Luis Ramón, presidente del interbloque Unidad Federal, por su parte, que ayer aportó los votos para alcanzar el dictamen de mayoría, dijo que esperaba que, en el transcurso del debate, “podamos resolver muchos de los pedidos que hemos hecho para poder, de manera federal, apoyar a este proyecto”.
Durante su intervención, el diputado mendocino celebró la eliminación del artículo 85, que según él hubiera significado otorgarle el Presidente “la suma del poder público”, y adelantó que su bloque espera que haya controles parlamentarios sobre el presupuesto que manejará el Ejecutivo.
Ramón anticipó, además, que otras de las modificaciones que pedirá el bloque de diputados provinciales será la eliminación del artículo que limita la modificación del Programa Médico Obligatorio, que establece las prestaciones que deben ofrecer las prepagas sin recargos adicionales, y la implementación de mecanismos que tiendan a una “equidad federal” en los cuadros tarifarios de los servicios de gas y electricidad.
La diputada Alma Sapag (MPN), a su turno, también solicitó que se acuerde “una fecha cierta de presentación del presupuesto 2020” para acotar la discrecionalidad del manejo de los fondos públicos. “Las facultades de emergencia deben ser precisas”, exigió Sapag y advirtió que “no podrá esgrimirse esta ley para pretender, ilegítimamente, la suspensión de las autonomías provinciales”.
El rechazo de la izquierda
Los legisladores del Frente de Izquierda se sentaron en sus bancas con un cartel que marcaba su postura de rechazo a la ley: “Ajustan a los jubilados para pagar a los banqueros”. Tanto Romina del Plá como Nicolás del Caño criticaron el artículo 2 de la norma que contempla “crear condiciones para asegurar la sostenibilidad de la deuda pública”.
“Esta ley la necesitan para pagarle al FMI”, dijo Del Caño, quien se preguntó “¿Ni siquiera vamos a investigar la deuda y la van a pagar los que ganan un poquito más?” El legislador también rechazó los artículos que proponen la suspensión de la movilidad jubilatoria.
“Una jubilada que gana más de 19 mil pesos tiene que ser solidaria, cuando el proyecto plantea la reducción de las retenciones a las petroleras y a las mineras y no les toca un peso a los bancos, que ganaron 250 mil millones de pesos en el último año”, subrayó el diputado del FIT.
Del Plá, por su parte, señaló que “el proyecto tiene enormes problemas confiscatorios”, entre los que señaló que “el trabajador que está en blanco va a seguir pagando ganancias, mientras que los capitalistas las ocultan detrás de sus empresas”. “Es una ley cuyo hilo conductor es un ajustazo nuevamente sobre los jubilados y los trabajadores”, sentenció.
El apoyo de los movimientos sociales
La CCC, La CTEP, eL Movimiento Evita, Somos Barrios de Pie y el FPDS acompañaron la iniciativa oficial en las afueras del Congreso Nacional, donde expresaron su explícito apoyo a la iniciativa oficial.
Fuente Página/12
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