De la Redacción de Contrapoder –
El Gobierno está terminando de delinear el decreto por el cual dispondrá que las empresas del sector privado otorguen aumentos a sus empleados de forma obligatoria y a cuenta de las paritarias 2020. También alcanzará a los empleados públicos. La idea es adelantar el impacto positivo que tienen las paritarias en el consumo y la actividad productiva, de modo que con el sueldo de enero, que se cobra en febrero, cada empleado del sector privado registrado reciba entre 2 y 3 mil pesos durante tres meses, hasta que comiencen a regir las nuevas negociaciones salariales. Los aumentos serían a cuenta de futuros desembolsos, con lo cual los sectores que ya tengan pautados adelantos sobre próximos aumentos, no estarían incluidos en la medida. Los gremios quieren que el aumento sea remunerativo desde el momento en que se paga, aunque podría terminar de incorporarse al sueldo una vez que corra el nuevo período paritario. Otro punto de conflicto es el enganche del adelanto con horas extras y otros ítems que exceden al salario de convenio.
“Estamos tratando de garantizar un aumento mínimo”, dijo este jueves por la mañana el Presidente, Alberto Fernández. Según el artículo 54 de la ley de solidaridad y reactivación productiva, el Congreso faculta al Poder Ejecutivo a disponer que las empresas del sector privado “abonen a sus trabajadores incrementos salariales mínimos” y que además esos pagos estén eximidos temporalmente de la “obligación del pago de aportes y contribuciones previsionales”. El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, junto a su par de Desarrollo Productivo, recibieron días atrás a representantes de la UIA y de la CGT para acordar los puntos generales de la idea del aumento por decreto y acercar posturas políticas. Los funcionarios plantearon la intención del gobierno de recomponer el consumo, por lo cual se lanzaron los bonos a los jubilados y titulares de Asignación Universal por Hijo. En ese mismo sentido está el adelanto que tendrán que pagar las empresas del sector privado, que será una suma fija por tres meses.
Dos antecedentes a esta medida son los decretos firmados por el presidente interino Eduardo Duhalde en 2002 y por Néstor Kirchner a fines de 2003, que establecieron asignaciones de 100 y 50 pesos, respectivamente para todos los trabajadores del sector privado. Sin embargo, ambas decisiones implicaron aumentos no remunerativos y sólo aplicaron sobre salarios de empleados bajo convenio colectivo. En esta oportunidad, el aumento sería extensivo a todos los trabajadores del sector privado y los gremios presionan para que tenga carácter remunerativo. “Será un acuerdo de suma fija que haga subir los salarios de los que están más abajo para inyectar una masa salarial para reactivar el consumo”, señaló el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero. El beneficio no hará distinción por sectores que están mejor o peor ubicados en términos de rentabilidad.
Se calcula que a lo largo de la gestión Cambiemos, el poder adquisitivo del salario del sector privado tuvo una reducción promedio del 20 por ciento. Según el Indec, en octubre la suba interanual de salarios es del 41,5 por ciento, frente a una inflación del 50,5 por ciento en el mismo período. En tanto, los últimos datos disponibles muestran que el consumo sigue por el piso. La Came midió una baja del 7,1 por ciento en las ventas minoristas de noviembre pasado en relación al mismo período del 2018, mientras que el Indec registró una merma del 1,3 en octubre y una caída en diez meses del 10,8 por ciento.
La intención oficial de mejorar la posición relativa del salario se enfrenta a la resistencia empresarial, que argumenta que atraviesa una situación de crisis de rentabilidad. Pero además, deberá convivir con la necesidad de reducir la inflación con respecto a los últimos años. De hecho, en el gobierno esperan que el actual adelanto a cuenta de las paritarias funcione como un moderador de los reclamos de los grandes gremios en las negociaciones colectivas que arrancan con fuerza en marzo.
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