Por Raúl Dellatorre –
Vienen días decisivos para la definición del escenario de reestructuración de la deuda. La negociación con el Fondo Monetario Internacional está en plena ejecución y promete ser la que brinde las primeras novedades. Los fondos de inversión que reúnen el grueso de la deuda argentina con el sector privado estarán atentos a la presentación que haga el ministro Martín Guzmán ante el Congreso el miércoles, porque allí definirá cuál es la capacidad de pago que va a tener Argentina en los próximos años. “Pretender obtener un superávit primario grande rápidamente, no es consistente con una economía que necesita recuperarse”, explican cerca del ministro, con lo cual despejan cualquier posibilidad de comprometer pagos en los primeros años. El “sendero fiscal” que describirá Guzmán este miércoles, posiblemente con una proyección de varios años, es el que tendrá sobre la mesa la delegación del FMI que arribe ese mismo día, para su evaluación. En términos generales, ya lo conoce la titular del organismo internacional, Kristalina Georgieva. Y de manera informal, cena mediante en Roma, le habría dado su aprobación. El FMI también está atento a la propuesta de reestructuración que le planteará Argentina a los bonistas privados, y si la misma incluye una quita sobre el capital. Lo curioso es que, esta vez, la quita a la deuda privada es el FMI el que la pide.
“No esperen un power point”, le advirtió el ministro a varios de sus interlocutores en los últimos días con respecto a la presentación de este miércoles. Lo que transmite es que no habrá proyecciones “macro” de crecimiento, inflación, consumo, etc, al estilo de las que utilizaban ministros y presidentes del Banco Central del gobierno macrista como una práctica usual. No es por miedo al papelón de errarle al estilo Prat Gay, Sturzennegger o Dujovne, sino porque el actual equipo económico se plantó en que no hará proyecciones ni presupuestos hasta que esté cerrada la negociación con los acreedores.
“Tenemos un programa macroeconómico, pero su implementación debe adecuarse al escenario que surja tras la reestructuración de la deuda”, explican en el Palacio de Hacienda. “Los problemas más inmediatos se empezaron a atender, que son la contracción de la demanda y el elevado costo del crédito, pero la continuidad del programa, y el cómo, lo podremos dar a conocer cuando se termine esta negociación”.
Uno de los puntos que le ha dado fortaleza a la posición de Guzmán en el primer tramo de negociaciones, sobre todo en el diálogo con el FMI, fue la plena coordinación que pudo mostrar tanto con la política del Banco Central (a cargo de Miguel Pesce) como, en las últimas semanas, con el gobierno de la provincia de Buenos Aires en el manejo del vencimiento del bono BP21 del 26 de enero. Cada paso que dio el gobierno de Axel Kicillof en ese tema fue consensuado con el Palacio de Hacienda, incluso la medición de los riesgos y las alternativas en caso de fallar. Así fue en el primer llamado a los bonistas a adherir a una postergación del vencimiento, el segundo llamado con una oferta mejorada y, finalmente, la decisión de emitir un bono en pesos para comprar los dólares y pagar la deuda, con la simultánea convocatoria a una reestructuración del resto de la deuda.
Intencionalmente o no, se buscó mostrar “cortocircuitos” en la relación entre Guzmán y Kicillof. Se intentó exhibir al gobernador como un “duro” que fracasó y terminó “dando marcha atrás” en sus pretensiones. Y a Guzmán, como quien “obligó” a Kicillof a flexibilizar la postura y pagar la deuda. Lo real es que hubo una táctica acordada de buscar primero el acompañamiento de los bonistas, teniendo como segunda instancia endeudar a la provincia en pesos y pagar la vencida en dólares. Las dos alternativas que se acordó descartar, desde un primer momento, fue el “default” o el pago mediante un auxilio de la Nación. El objetivo buscado, doble, era que la operación de deuda de la provincia no impactara negativamente sobre la negociación a nivel nacional, y que el conjunto de la deuda bonaerense se resolviera por vía de acoplarse a la reestructuración de la deuda nacional. El primer objetivo se cumplió, y hacia el seguno de se está marchando.
Las otras cuestiones fundamentales que el actual gobierno planteó ante las autoridades del Fondo en estos dos meses que lleva de gestión fueron:
* El programa en que se asentó el acuerdo de facilidades extendidas firmado en 2018 es, desde un punto de vista macroeconómico, “inconsistente”. Genera compromisos que, a todas luces, eran imposible de cumplir. Y lo que se planteaba como un “plan de estabilización” terminó desestabilizando aun más a la economía argentina.
* Desde Bretton Woods hasta acá (conferencia monetaria y financiera de las Naciones Unidas de 1944 que dio origen al FMI y al Banco Mundial), prácticamente no hubo crisis de deuda de ningún país que se resolviera en forma ordenada. El modelo de austeridad que el FMI impone como receta reduce la capacidad de pago del país deudor, con lo cual agranda el problema que le dio origen a la crisis.
*La economía argentina quedó sumergida en una crisis social y económica de profunda recesión, desestructuración productiva y extendida pobreza, que deberá atenderse prioritariamente si se quiere evitar que el país entre en una “espiral explosiva”. Pretender priorizar el pago de la deuda por sobre estas urgencias sería forzar la situación para llevar al país a una recesión más profunda.
Ya antes del encuentro en Roma, Georgieva había dado muestras de comprensión de estos planteos, inclusive incorporando alguno de ellos a su propio discurso. Más costoso le hubiera resultado al número dos del FMI, David Lipton, aceptarlos, dado que jugó un rol central en el apoyo al gobierno de Macri y en el diseño del plan. El gobierno de Estados Unidos decidió esta semana desplazarlo del cargo, una novedad que sin posibilidad de dudas, es una buena señal para Argentina.
Tras la presentación del “análisis de sostenibilidad de la deuda pública” (capacidad de pago) en el Congreso, el Ministerio de Economía se encamina a iniciar, en la segunda quincena de febrero, las reuniones formales con los acreedores extranjeros para el “intercambio de visiones” acerca de la reestructuración de vencimientos. El denominado “análisis de sostenibilidad” será la base de esos encuentros: cuál es la capacidad de pago de Argentina y a partir de cuándo. Tras el resultado de estas conversaciones, Argentina formulará su propuesta de reestructuración, probablemente en la primera semana de marzo.
La pretensión principal de Argentina ante los bonistas privados será la de evitar pagos en los primeros años, y para los siguientes pautar los vencimientos en función del “sendero fiscal” que se conocerá este miércoles. El FMI, en tanto, sostiene una pretensión adicional: que haya una quita de capital sobre los créditos privados. El “sacrificio” o recorte, sería del 10 o el 15 por ciento según la versión.
Una interpretación es que la conducción del Fondo necesita mostrar, hacia sus propias filas, la “excepcionalidad” del caso argentino. Otra interpretación, oída a un funcionario de larga experiencia en organismos internacionales, es que “la conducción del FMI está obligada a mostrar, en cada negociación, que hubo sacrificios, que alguien dio su sangre: si no es el deudor, a través de un ajuste, una reforma laboral o previsional, que sean los demás acreedores. Pero que alguien ponga el brazo para que le extraigan sangre; el staff justifica los acuerdos, ante el resto de los países miembros, mostrando que impuso sacrificios. Si no hay sangre, no están conformes. Así funciona el Fondo”.
RSS