Por Mario Wainfeld –
La reapertura de sesiones en el Congreso posibilitará que se envíen proyectos anunciados por el presidente Alberto Fernández el 10 de diciembre de 2019 y vueltos a prometer el primero de marzo.
La fijación por ley del nuevo coeficiente trimestral de actualización de las jubilaciones, empero, se pospuso hasta el segundo semestre. Las dificultades operativas del Parlamento, explican en la Casa Rosada. También, cabe inferir, la conflictividad del respectivo debate. Para el incremento de junio el Poder Ejecutivo dispondrá un aumento por decreto. En un reportaje publicado en el diario Página/12 Fernanda Raverta, titular de la Agencia Nacional de Seguridad Social (ANSES), especificó que en estos días la Jefatura de Gabinete hará el anuncio. Añadió textualmente; “esperamos que signifique que el aumento le gana a la inflación. Preguntada si solo le ganarían a la inflación los que perciben la jubilación mínima respondió : “No, no. No sólo los de la mínima. La gran mayoría. Esperamos que el 80 o 90 por ciento de los jubilados le ganen a la inflación en este anuncio”. El Jefe de Gabinete Santiago Cafiero ratificó la idea en un mini raid televisivo.
En la Casa Rosada aseguran que el aumento no consistirá en una suma fija como el dispuesto en marzo sino un porcentaje. El método parece más sencillo para superar la inflación. Persiste una duda, que acaso resuelva la implementación. Si hay un aumento porcentual único, todos los haberes podrían superar a la inflación y no ya la inmensa mayoría.
Como es regla en las medidas oficiales cabrá esperar hasta que llegue el anuncio y se lea el respectivo Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU). Cada norma se discute hasta último momento y la “letra chica” recién se conoce con la publicación en el Boletín Oficial. Cuyos trabajadores, se sabe, acostumbran hacer horas extras.
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La Reforma Judicial, dicen en Olivos y zonas de influencia, será pulida y enviada al Congreso si es posible antes del viernes. Fernández la describió en el discurso a la Asamblea Legislativa. El proyecto no será idéntico al imaginado entonces, confidencian en el primer nivel del Ejecutivo. Incidieron en paso del tiempo, los enfrentamientos con parte del Poder Judicial por las jubilaciones de privilegio, las renuncias de varios jueces y otras peripecias.
Aquella movida se inspiraba en una propuesta del ahora Secretario Gustavo Béliz cuando fue ministro de Justicia del presidente Néstor Kirchner. El proyecto (apodémoslo) Beliz II se proponía unificar el famoso fuero penal federal con los juzgados nacionales en lo criminal de la Capital, más numerosos. De esa forma, se licuaban el poder y el número de causas de los tristemente célebres jueces bravos de Comodoro Py.
La ministra de Justicia Marcela Losardo jamás vio con buenos ojos la iniciativa. Su crítica, para nada solitaria y formulada intramuros, es que levantaría resistencias entre magistrados, generaría conflictos serios y costaría mucho ponerla en práctica. Es posible que el nuevo proyecto la deje de lado confiando también en que la existencia de muchas vacantes en el fuero federal permita higienizarlo de un modo más sencillo.
Sí se pondría en marcha el sistema acusatorio, aumentando las facultades de los fiscales y acotando la omnipotencia de los jueces.
Tal vez se establezca a nivel nacional un viejo mandato de la Constitución, incumplido: los juicios por jurados.
Repetimos lo escrito líneas arriba: todo puede reperfilarse hasta que la norma esté publicada.
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La segunda ronda de pagos del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) suscitó asimismo cabildeos en el Gabinete. Se pensó que los beneficiarios que no recibieron todavía el primer pago, podrían percibir las dos cuotas juntas, totalizando 20.000 pesos. Alberto Fernández comentó que se estudiaba esa posibilidad. A esta altura es mucho más probable que se desdoblen los pagos. Existen dificultades operativas en bancos y cajeros automáticos para aprovisionar el total del dinero. Se confía en terminar de abonar la primera cuota antes de fin de mayo. Y articular una operatoria más eficiente para la cuota ulterior. Lo esperan más de 7.800.000 beneficiarios, conjunto al que podrían añadirse aquellas personas cuyos pedidos fueron rechazados por incumplir ciertos requisitos, ahora subsanados.
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