Por Raúl Kollmann y Sofía Caram –
El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, allanado. El ex presidente de Argentina, Mauricio Macri, más sospechado. Según se ve en la página de un escrito enviado a la Cancillería argentina, el juez federal Rodolfo Canicoba Corral le pidió a la justicia española el allanamiento de la empresa Abertis, con sede en Barcelona, por las maniobras fraudulentas, en combinación con el Grupo Macri, en los peajes de los principales accesos a Buenos Aires, la Autopista Panamericana y el Acceso Oeste. Abertis es un gigante de las concesiones y uno de sus hombres fuertes al momento de las maniobras fue Florentino Pérez. El pedido se cursó por medio de un escrito dirigido al canciller argentino, Felipe Solá, para que se gestione el allanamiento y el secuestro de contratos, precontratos, mails y todos lo relacionado con los peajes argentinos. La causa se denomina: Mauricio Macri y otros, sobre abuso de autoridad y violación deberes de funcionario público.
El expediente que se tramita en Comodoro Py, vinculado con los peajes, abarca tres groseras jugarretas:
* El gobierno de Macri le reconoció una deuda inexistente de 499 millones de dólares a las concesionarias de peajes –en las que Macri tenía parte de las acciones– por “inversión no realizada por el Estado”. O sea que la administración pública tenía que hacer construcciones que no hizo y garantizar ganancias que las concesionarias afirmaron no haber obtenido. El argumento para acceder al pago de semejante cifra fue que de esa manera terminarían un juicio en el CIADI, el tribunal del Banco Mundial, donde los concesionarios armaron una denuncia ficticia para justificar el cobro de los casi 500 millones de dólares. La abogada de Vialidad que desnudó lo que se estaba haciendo, Julieta Ripoli, ya declaró ante Canicoba Corral y fue el mayor obstáculo para que Florentino y Mauricio concretaran la maniobra. De ninguna manera el estado argentino podía aceptar un acuerdo respecto de una denuncia en la que ni siquiera se hizo una primera audiencia en el CIADI ni se había tramitado en la justicia argentina. Además, en Vialidad había un informe desmintiendo lo que alegaban los concesionarios.
* Macri, de la mano de Javier Iguacel, titular de Vialidad, y Guillermo Dietrich, ministro de Transporte, permitió aumentos siderales de las tarifas de peajes lo que derivó en que Socma S.A., Sociedades Macri S.A., vendiera sus acciones a precios record. La acción trepó de tres pesos a 83 pesos a velocidad sideral. Quien se quedó con el siete por ciento vendido por Macri fue una empresa llamada Natal S.A., sin antecedentes en el rubro y que pagó 19,7 millones de dólares, cuando facturaba por entonces unos dos millones de pesos anuales. Siempre quedó la sospecha de una venta simulada.
* Vialidad extendió los contratos que vencían en 2018 y 2020 hasta 2030, pese a que Autopistas del Sol (Panamericana) y Grupo Concesionarias del Oeste (Acceso Oeste) incumplieron los contratos y debían cifras siderales de multas. Se ve que Natal S.A. ya sabía de esta extensión porque esa fue la razón para que aceptara pagar las acciones un 397 por ciento por encima de lo que valían el día de la asunción de Macri.
“En la misma persona confluyeron el empresario que se benefició económicamente con el aumento de las tarifas del peaje, con la venta de las acciones y con la renegociación integral del contrato de concesión. No es que Macri solamente estuvo de los dos lados del mostrador, fue él mismo en todos los casos. Todo confluyó en su persona; negociación incompatible, fraude y estafa”, le dijo Ripoli a Página/12 en su momento.
Gran parte de este inmenso negocio fraudulento fue denunciado por los diputados Rodolfo Tailhade, Leopoldo Moreau, Adrian Grana y Carlos Castagneto. A principios de este año, el juez allanó las empresas, pero encontró poca documentación, por lo que ahora intentará conseguir la evidencia en la sede de Abertis, en Barcelona. En verdad, no hacen falta demasiados papeles: lo ocurrido quedó totalmente expuesto. Todo el negocio terminó redondeándose después con la venta de los paquetes accionarios al grupo Benetton.
Uno de los argumentos con los que se defiende el ex presidente es que él no firmó nada, ni como Grupo Macri ni como gobierno Macri. Sin embargo, no le escapa a nadie que un director de Vialidad, absolutamente vertical como Iguacel, y un ministro de su riñón, como Dietrich no pudieron haber firmado ninguna resolución sin el visto bueno de su jefe político y administrativo.
El pedido de Canicoba, a través de un juez español, es que secuestre toda la documentación relacionada con el “negocio argentino”. Esto significa mails, contratos, análisis de mercado y cualquier material que se vincule con la denuncia trucha en el CIADI, el acuerdo que se pretendió hacer con el estado argentino, los aumentos de tarifas y las ventas de acciones. Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid, es el accionista clave de ACS (Actividades de Construcción y Servicios), un gigante que controlaba a su vez a Abertis, la mayoritaria de los peajes en la Panamericana y el Acceso Oeste.
Habrá que ver los detalles del escrito de Canicoba Corral, los fundamentos y los pedidos exactos, pero la causa judicial abarca los tres aspectos de la sospecha de fraude: la indemnización falsa, el aumento de los peajes, la renovación insólita de los contratos y la extraña venta de acciones a un precio sideral.
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