Por Alfredo Zaiat –
Las cifras de pobreza e indigencia del segundo semestre del primer año de la pandemia son intolerables en términos sociales y políticos. Con la experiencia del ciclo del kirchnerismo, que registró una fuerte caída de esos indicadores luego de la explosión de la convertibilidad para luego estabilizarse en niveles elevados del 25/30 por ciento, la estrategia pública para abordar esta crisis es conocida:
1. Orientar todas las herramientas de política económica para impulsar un fuerte y sostenido crecimiento del Producto Interno Bruto.
2. Fortalecer en consecuencia la creación de empleo.
3. Definir un marco de negociación paritaria que culmine con aumentos salariales superiores al alza de precios, en especial de alimentos, bebidas y servicios básicos.
4. En ese sentido, buscar con políticas macroeconómica (fiscales y monetarias) y de ingresos (precios y salarios) una reducción de la tasa de inflación.
5. Robustecer el esquema de protección social (jubilaciones, AUH y otras prestaciones), ampliando la cobertura y mejorando el ingreso en términos reales de los titulares de derechos.
6. Consolidar un esquema de transferencias monetarias directas a los grupos más vulnerados (Tarjeta Alimentar y otros planes).
Salida de las crisis
El objetivo político principal, además de la estabilidad económica, tendría que ser ingresar en un sendero de reducción de la pobreza monetaria, para encarar al mismo tiempo la multidimensional. Esta incluye el acceso a una vivienda digna, agua potable, cloacas, servicios básicos, educación y salud.
El aspecto relevante del Gobierno debería ser definir una orientación en ese sentido para ir mejorando el cuadro sociolaboral. No es una misión de alcance inmediato, por eso lo importante son las medidas que se instrumentan para definir esa tendencia.
No es complicado de entenderlo en base a la experiencia reciente. La estrategia económica de la alianza macrismo-radicalismo fue una fábrica de pobres como lo refleja la evidencia empírica, más allá de las recorridas en medios con interlocutores amigables y tuits clasistas de los responsables del área económica en esos cuatro años de neoliberalismo.
La definición de la tendencia es clave más aún cuando, se sabe, las salidas de grandes crisis, como la actual, exige mucha perseverancia política, recursos económicos y firmes convicciones para consolidar un recorrido sólido de recuperación socioeconómica.
El antecedente último de esa dinámica se encuentra después del estallido de la convertibilidad. El gobierno de transición de Eduardo Duhalde fijó aumentos de salarios por decretos, política que continuó el gobierno de Néstor Kirchner que impulsó rápidamente paritarias libres.
De ese modo, el salario real pudo recomponerse hasta alcanzar en el 2007 el nivel que tenía en 1998, cuando había comenzado una recesión que se prolongó cuatro años. O sea, fueron casi cinco año hasta cicatrizar las heridas de la gran crisis 2001/2002.
El impulso dado por el Estado permitió la recuperación del salario real vía decretos y fortaleciendo a la parte sindical en las negociaciones paritarias. Acción que resultó fundamental porque el sector empresario buscó también recuperar márgenes de rentabilidad perdidos en la crisis, lo que presionó sobre la tasa de inflación haciendo más complicado avanzar con el aumento del poder adquisitivo de salarios y jubilaciones. Es lo mismo que sucede ahora que se refleja en tasas de inflación del 3 al 4 por ciento mensual. Esa tensión se conoce como puja distributiva.
En 2009, además, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner dispuso la Asignación Universal por Hijos que permitió una fuerte caída de la indigencia, no tanto así de la pobreza.
Ahora, con algunos matices, se repite el mismo escenario de salida de una gran crisis, con un Estado que tiene el desafío de fortalecer a los sectores de ingresos fijos y a los que están fuera del sistema laboral formal.
Margen fiscal
El Presupuesto 2021, el cual constituye el eje central del plan económico del Gobierno, de acuerdo a lo expresado por el ministro Martín Guzmán, prevé un crecimiento de 5,5 por ciento y un déficit fiscal de 4,5 por ciento del PIB.
Como el aumento del Producto sería del 7,0 por ciento, según la actualización realizada por Guzmán en declaraciones recientes, los recursos nominales serían también mayores a los previstos.
Si el crecimiento de la economía fuese del 9,0 por ciento, estimación probable a partir de las primeras cifras oficiales (enero) y privadas (enero-febrero), la disponibilidad de fondos públicos sería todavía más holgada.
Esta precisión de cifras no es simplemente un juego estadístico, sino la descripción contable de la existencia de un mayor margen fiscal para ocuparse de consolidar una política que ubique la tendencia de la pobreza e indigencia hacia la baja.
El mayor espacio fiscal estará presente si se mantiene el objetivo de déficit fiscal de 4,5 por ciento, evitando caer en la tentación de agradar a la tecnoburocracia del FMI con la posibilidad de un recorte adicional del desequilibrio de las cuentas públicas.
Como se mencionó al comienzo, el crecimiento fuerte y sostenido de la economía es uno de los requisitos indispensables pero no único para generar empleo y, por consiguiente, reducir la pobreza e indigencia.
Más allá de las presiones locales, no sería entonces necesario complacer la ortodoxia del staff del Fondo porque, además de ser corresponsables del desastre macrista, la posición institucional liderada por Kristalina Georgieva es la de habilitar, si es posible, la expansión fiscal.
Un horizonte probable de crecimiento del 7 al 9 por ciento ofrece ese mayor margen fiscal.
Recesiones
En “Cicatrices de curación lenta: el legado de la pandemia”, los economistas del FMI Sonali Das y Philippe Wingender mencionan que las recesiones causan estragos y el daño suele durar mucho tiempo, como indica el caso argentino.
Dicen que la recesión provocada por la pandemia de la covid-19 no es una recesión ordinaria. Señalan que en comparación con las crisis mundiales anteriores, la contracción fue repentina y profunda: la producción mundial disminuyó aproximadamente tres veces más que en la crisis financiera de 2008, en la mitad del tiempo.
En esta instancia, pese a la visión conservadora que se vislumbra en el texto, Das y Wingender plantean que el camino hacia la recuperación sigue siendo un desafío, especialmente para países con espacio fiscal limitado, y se ve dificultado por el impacto diferencial de la pandemia. Para indicar que la experiencia de recesiones pasadas subraya la importancia de evitar dificultades financieras y garantizar un apoyo político eficaz hasta que la recuperación esté firmemente en marcha.
Aquí aparecen las recomendaciones: “Los países deberán adaptar sus políticas a las diferentes etapas de la pandemia con una combinación de apoyo mejor dirigido a los hogares y empresas afectados e inversiones públicas”. Apuntan que “para abordar el aumento de la desigualdad que probablemente resultará de la pandemia, se deben ampliar las redes de seguridad social y se deben asignar los recursos adecuados a la atención médica y la educación”.
Transferencias
El aumento de la pobreza en el segundo semestre al 42 por ciento, 1,1 puntos porcentuales más respecto al primer semestre, se explica en parte por la eliminación del IFE (el último se terminó de transferir en septiembre pasado), a lo que se le sumó la aceleración inflacionaria del último trimestre. Ambos efectos acotaron la mejora del ingreso real familiar derivada de la recuperación de empleos en ese período.
En situaciones sociales tan críticas los planes de transferencias directas son potentes amortiguadores de las crisis. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) propone que los gobiernos garanticen transferencias monetarias temporales inmediatas para satisfacer necesidades básicas y sostener el consumo de los hogares.
Para el mediano y largo plazo postula que el alcance de esas transferencias debe ser permanente, ir más allá de las personas en situación de pobreza y llegar a amplios estratos de la población muy vulnerables a caer en ella, lo que permitiría avanzar hacia un ingreso básico universal para asegurar el derecho básico a la sobrevivencia.
El informe de la Cepal “El desafío social en tiempos de covid-19” sugiere un ingreso básico de emergencia (similar al IFE) para implementar en forma inmediata, con perspectivas de permanecer en el tiempo de acuerdo con la situación de cada país.
“La pandemia ha hecho visibles problemas estructurales del modelo económico y las carencias de los sistemas de protección social. Por ello, debemos avanzar hacia la creación de un Estado de Bienestar con base en un nuevo pacto social que considere lo fiscal, lo social y lo productivo”, afirmó Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Cepal.
“La pandemia ha agudizado las dificultades de la población para satisfacer sus necesidades básicas. Por ello, es preciso garantizar los ingresos, la seguridad alimentaria y los servicios básicos a un amplio grupo de personas cuya situación se ha vuelto extremadamente vulnerable y que no necesariamente estaban incluidas en los programas sociales existentes antes de la pandemia”, destacó Bárcena.
Límites
Con los últimos datos de pobreza e indigencia, estos indicadores se ubicaron en niveles de 2006, pero en ese año estaban en un corredor descendente.
Ahora están en un nivel alto que exige ubicarlos en una tendencia a la baja, teniendo en cuenta la situación alarmante que está expresada en tres frentes:
1. La pobreza en la franja de menores de 14 años anotó el 57,7 por ciento, cuando un año atrás estaba 52,3 por ciento.
2. La cantidad de personas en situación de pobreza pasó de casi 10 a 12 millones en doce meses.
3. No sólo hay más pobres, sino que los pobres están más lejos de salir de esa situación (ampliación de la brecha de pobreza), porque los ingresos monetarios de esos hogares se distanciaron de la canasta de bienes y servicios que mide la pobreza.
El sociólogo Daniel Schteingart explicó en su cuenta de Twitter que para que la pobreza vuelva a disminuir después de tres años tan negativos (dos años de recesión macrista y uno de coronavirus) se requiere del crecimiento económico, fundamental para subir salarios reales, crear puestos de trabajo y de esta manera mejorar el ingreso de las familias.
Para concluir que en los últimos 17 años, la evolución de la pobreza fue casi un espejo respecto a la del PIB: cuando el Producto subió,la pobreza bajó y viceversa. Por lo tanto, crecer es condición absolutamente necesaria pero no suficiente para reducir sustancialmente la pobreza, cuya meta debería ser quebrar el piso estructural que se ubicaría en el 30 por ciento de la población.
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