De la Redacción de Contrapoder –
El gobierno de Alberto Fernández otorgará un bono de 45.000 pesos en dos cuotas, que será percibido por sectores vulnerables que no reciban ningún plan social por parte del Estado. La suma extraordinaria será abonada en noviembre y en diciembre y buscará ser un aporte económico frente a una crisis social producto de la alta inflación.
El bono fue anunciado ayer por el ministro de Economía, Sergio Massa, en una entrevista radial y hoy ratificada por el presidente Alberto Fernández. Para definir los detalles y la instrumentación de la medida, Massa se reunirá con la titular de la Anses, Fernanda Raverta. El organismo previsional fue quien pagó el IFE durante la pandemia y los bonos que se pagaron a mediados de este año. Luego del cónclave entre ambos funcionarios, se hará público el anuncio.
“Quiero contarles que en esta semana vamos a reforzar la ayuda social. Vamos a entregar un bono para sectores vulnerables que no reciben ayuda del Estado”, dio a conocer el Presidente durante un acto de inauguración de obras viales en Cañuelas, que aprovechó para homenajear el Día de la Lealtad Peronista. “Así como hicimos con el IFE durante la pandemia, ahora vamos a sacar este bono para llegar a los más marginados y postergados”, agregó Fernández.
Alrededor de 12 millones de personas solicitaron inscribirse al pago del bono de $ 18.000 de Anses en mayo, cuando en Argentina hay cerca de 20 millones de personas ocupadas. Este fue el último panorama de ingresos a gran escala para la
La inscripción al Refuerzo de Ingresos canalizada vía Anses finalizó con la recepción de pedidos de inscripción de 11,8 millones de personas, de las cuales 1,6 millones fueron rechazadas automáticamente por ser trabajadores/as formales, tener jubilación y/o pensión, no cumplir la edad u otros motivos.
Sin embargo, al desagregar los datos fríos, los resultados obtenidos reflejan la crisis de ingresos que atraviesa el país. Según los últimos registros del Indec, la población económicamente activa se estima en 21.500.000 individuos -si se amplían los cálculos sobre la base de los 31 aglomerados urbanos a la totalidad de habitantes en el país-, de los cuales cerca de 20 millones se encuentran ocupadas y el resto desempleada.
De estos datos se desprende que al menos la mitad de las personas ocupadas pidió por el refuerzo de ingresos (cerca de 10 millones de trabajadores). Y algo aún más preocupante: del universo de personas que intentaron aplicar, 7,5 millones fueron aprobadas en aquel momento.
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