Por David Cufré –
“El nivel de desesperación que había en julio y agosto ya no está. Todo es más tranquilo. No volcamos y vamos a pasar el verano relativamente bien, sin estallido devaluatorio ni espiralización inflacionaria”, describe un integrante del gabinete económico el escenario de corto plazo. El panorama es sensiblemente distinto a las proyecciones de analistas y hasta de funcionarios para esta altura del año que dominaban luego de la salida disruptiva de Martín Guzmán del Ministerio de Economía. La aprobación de los distintos actores del Frente de Todos a la figura de Sergio Massa como jefe del Palacio de Hacienda empoderado fue el primer movimiento clave para empezar a acomodar una economía que se iba a pique.
Sin un mínimo ordenamiento político no había una voz de autoridad para conducir la situación y regenerar expectativas. A la coalición oficialista le llevó dos años y medio alcanzar acuerdos básicos de gobernabilidad, que si hubieran estado de entrada habrían hecho más fácil la tarea de resolver la grave crisis económica y social que había dejado Juntos por el Cambio, a la que se sumó la pandemia y luego la guerra en Europa.
No es que las diferencias hayan desaparecido y ahora todos piensen lo mismo sobre lo que hay que hacer y cómo hacerlo. La disputa sobre si otorgar un bono por única vez a trabajadores formales, como ocurrió, o una suma fija permanente para recuperar salarios es un ejemplo de esas discrepancias que persisten. Pero ahora se procesan de otra manera. La pregunta que develará el tiempo es si eso ocurre porque ya no había margen para escalar los enfrentamientos, porque el país podía terminar en hiperinflación y default, o si realmente hay una comprensión y un aprendizaje que pueda resultar virtuoso hacia adelante.
Pasaron cosas
Con autoridad para tomar decisiones, Massa y equipo lograron encarar una agenda de estabilización que muestra como resultado más destacado lo que describía el funcionario más arriba: no hubo una devaluación abrupta, ni asfixia financiera para la refinanciación de la deuda en pesos, ni caída del acuerdo con el Fondo Monetario y seguramente tampoco habrá inflación de tres dígitos al finalizar el año.
El primer paso fue robustecer el nivel de reservas del Banco Central para despejar las perspectivas de devaluación descontrolada. Otra vez, sin un mínimo de cohesión política no podría haber existido el dólar soja, que está resultando esencial en esa tarea, ni carta blanca al ministro de Economía para negociar desembolsos con organismos internacionales como el BID, el Banco Mundial y el propio FMI.
En relación al dólar soja, en el gabinete económico dan por sentado que habrá una versión 3 en abril, dado que la concesión de un tipo de cambio preferencial a productores y exportadores es considerado a esta altura como el mal menor. Forma parte de un desdoblamiento cambiario de hecho que solo se podrá emprolijar si el Banco Central consigue multiplicar la acumulación de divisas. En su versión 2, la actual, el dólar soja generó la liquidación de exportaciones por 1824 millones de dólares, frente al compromiso de 3000 millones. Quedan diez días para cumplir el objetivo y esta semana no fue la mejor, lo que motivó algún chispazo entre funcionarios y la cámara de exportadores de cereales y oleaginosas.
La suba de las tasas de interés por arriba de la inflación fue otra decisión que al Gobierno le costó sudor y lágrimas, con peleas permanentes entre Guzmán y Miguel Pesce, presidente del Banco Central. Frente a la emergencia, la medida terminó por imponerse, con el doble objetivo de desalentar la dolarización de ahorros y estimular la renovación de la deuda en pesos. Este último desafío resultó superado este año, pero seguirá estando presente en el verano, con vencimientos mensuales por arriba del billón de pesos, y el resto de 2023. La clave para empezar a disminuir esa presión es la baja de la inflación.
Especulación y acuerdos
Con mayor orden político y más reservas en el Banco Central, el Gobierno también puso énfasis en el cumplimiento de las metas fiscales y monetarias pactadas con el FMI, con intención de que ese programa sirva como guía para coordinar expectativas de los agentes económicos.
Sin embargo, la aceleración inflacionaria desde mitad de año demostró que Massa tenía que hacer algo más para recuperar el manejo de la situación. Lo que hizo fue utilizar un instrumento básico del herramental heterodoxo: acuerdos con formadores de precios para terminar con los aumentos especulativos, que llevaron a las principales empresas a acumular ganancias extraordinarias a costa de las mayorías populares.
Precios Justos, con las compañías alimenticias y de consumo masivo, textiles, calzados, combustibles e insumos difundidos son los ejemplos principales de esa política. La desaceleración de la inflación en noviembre muestra un primer resultado positivo en la compleja tarea de acomodar los precios.
Las versiones interesadas de que en realidad no bajó la inflación si no que el Indec empezó a tergiversar los datos quedan en ridículo al comparar los informes estadísticos del Indec y la Ciudad de Buenos Aires. De once meses trascurridos del año, en 6 el organismo porteño midió menos inflación que el Indec: febrero (4,1 el IPCBA contra 4,7 del Indec), marzo (5,9 contra 6,7), abril (5,3 contra 6,0), junio (5,1 contra 5,3), agosto (6,2 contra 7,0), septiembre (5,6 contra 6,2). Es decir, el Indec registró más inflación que el gobierno de la Ciudad, con 85,3 por ciento en lo que va del año en el primer caso, contra 82,9 en el segundo. En la comparación interanual, también el Indec marcó la inflación más alta, con 92,4 por ciento, contra el 89,9 de CABA.
2023 opaco
La neutralización de los mayores peligros que enfrentaba la economía desde mitad de año permite observar la mitad del vaso lleno, sobre todo porque la actividad económica sigue creciendo de manera robusta y creando empleo. Pero para 2023 los propios funcionarios reconocen que no se podrá disimular la mitad del vaso vacío.
“El año que viene tendremos un crecimiento bajo, de entre 1 y 2 puntos, que también se explicará por las trabas que pone la restricción externa. Vamos a tener que seguir limitando importaciones para tener el frente cambiario más ordenado”, explican en el gabinete económico.
“Será un año casi de estancamiento con una inflación que si todo sale bien puede bajar al 60 por ciento como está planteado en el Presupuesto, pero que se puede estirar un poco a la zona de los 70 puntos”, agregan.
De todos modos, los funcionarios remarcan que “lo que juega es la película”. “Veníamos de una situación muy al límite y ahora estamos más armados. La inflación bajará en relación a este año y puede haber recomposiciones salariales por arriba del índice de precios”, indican. Aun así, para el oficialismo no será fácil entusiasmar con la economía en el año electoral.
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