Por María Cafferata –
Con las esquirlas del discurso del Presidente en la Asamblea Legislativa todavía haciendo ruido en el Congreso, la comisión de Juicio Político se prepara para la segunda audiencia testimonial que tendrá al fiscal Carlos Stornelli como protagonista. La citación ya fue enviada, pero no tuvo respuesta y en el Frente de Todos no se hacen muchas ilusiones. Ya se empezó a barajar, incluso, el curso de acción en el caso de que el elusivo fiscal se rehúse a comparecer como testigo en la investigación a los jueces de la Corte Suprema. Primero, el pedido de sanción al Ministerio Público Fiscal y, después, el traslado a la fuerza. Pero hay un paso intermedio: como Stornelli tiene fueros, el FdT primero tendrá que ir por su desafuero si quiere traerlo por la fuerza pública. Es el mismo proceso que intentó el juez Alejo Ramos Padilla en la causa Dolores cuando Stornelli se negaba sistemáticamente a presentarse. Será, sin embargo, un proceso largo, por lo que el interés inmediato del oficialismo se centra en el resto de los testigos citados para el próximo martes: el exsenador radical Mario Cimadevilla y el funcionario de la Corte, Sergio Napoli.
Mientras Alberto Fernández se despachaba contra los jueces de la Corte Suprema en la apertura de sesiones ordinarias, la comisión de Juicio Político, en simultáneo, estaba enviando las cédulas de notificación para la segunda audiencia testimonial del proceso que los está investigando por mal desempeño de sus funciones. Fueron cuatro citaciones – a Stornelli, Cimadevilla, Napoli y María Roteta – para el martes a las 13 horas, pero sólo tres respondieron. Cimadevilla y Napoli asistirían, Roteta –que es la fiscal en la causa por los chats de Robles y D’Alessandro que tramitó Ramos Padilla- pidió, en cambio, reprogramar porque aquel día estaría en un congreso. De Stornelli, en cambio, ni mú.
Carlos Stornelli, el fiscal involucrado en la trama de espionaje ilegal que envuelve a Marcelo D’Alessio, había sido citado para declarar por su rol en el cierre de la causa que investigaba el vínculo entre el vocero de Horacio Rosatti, Silvio Robles, y el ministro de Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro. El juez de la causa Sebastián Ramos –que después se vio envuelto en una nueva filtración de supuestos chats con D’Alessandro– compareció la semana anterior en la comisión y, ante cada pregunta de los diputados, apeló al dictamen de Stornelli. Fue por este motivo que, a pedido de Rodolfo Tailhade, la comisión decidió invitarlo. Desde un principio nadie en el FdT tiene grandes expectativas de que se presente – debido a su prontuario esquivo a la presentaciones judiciales – pero no fue hasta la falta de respuesta del fiscal y su trascendido de que podría optar por enviar un escrito, así como por la defensa corporativa que hizo la Asociación de Fiscales, que el bloque optó por comenzar a delinear un curso de acción.
“Si no quiere venir no puede declarar por escrito, no tiene esa facultad según el reglamento de la comisión. Por lo que si no viene nosotros tenemos que trasladarlo por la fuerza pública. Pero para trasladarlo por la fuerza pública lo tenemos que desaforar”, explicó Tailhade a Página12. Al ser fiscal, Stornelli tiene fueros, por lo que para obligarlo a comparecer primero hay que elevar una denuncia a la Procuración General de la Nación, en donde debe realizarse un sumario y, eventualmente, un tribunal de enjuiciamiento definir una sanción. “Cuando (Alejo) Ramos Padilla intentó este camino, a mitad del sumario, Stornelli se terminó presentando”, precisó Tailhade.
El proceso para el desafuero es, sin embargo, lento, por lo que el oficialismo prefiere concentrar su atención en los otros dos testigos del día. Mario Cimadevilla es un ex senador radical y exConsejero de la Magistratura cuya presencia fue requerida por la propia Coalición Cívica para que dé cuenta de una investigación que realizó, hace unos años, sobre el manejo de los fondos del Poder Judicial. Sergio Napoli, mientras tanto, es un secretario letrado de la Corte Suprema a quien el FdT planea realizarle preguntas sobre el funcionamiento interno de la Corte (como el movimiento de expedientes). La presidenta de la comisión de Juicio Político, sin embargo, no se resigna al faltazo de Stornelli: “Si no tiene nada que ocultar debería ir a la comisión. Sería un bochorno que un fiscal de la Nación no venga y evite dar explicaciones”, aseguró a este diario.
Mientras tanto, más allá de las audiencias testimoniales, la comisión sigue trabajando. Gaillard es quien coordina y está detrás de cada detalle, pero cada diputado oficialista que integra la comisión cumple además un rol -“Nunca estuvimos tan coordinados como bloque”, ironizó una diputada kirchnerista- y varios comenzaron a trabajar con las primeras pruebas documentales. Por ejemplo, un informe solicitado al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que comprueba que uno de los hijos de Silvio Robles trabajó allí.
Otro eje es el informe con los cruces de llamadas entre Robles y D’Alessandro que, sin embargo, deberá esperar. El FdT anda con cuidado, atento a las acusaciones de irregularidades de Juntos por el Cambio. Fue por ese motivo que decidieron, incluso, solicitar una orden judicial para acceder a los registros (cuando antes sostenían que se podía pedir directo a la DAJuDeCO). El oficialismo tiene miedo de una judicialización y es por eso que, en el caso de los cruces de llamadas, aguardará a que el proceso esté un poco más asentado antes de librar los oficios.
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