Representantes de sindicatos y organizaciones de la sociedad civil de Jujuy comenzaron hoy en Washington a presentar las denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que depende de la Organización de Estados Americanos.
El gobierno argentino deberá en este primer turno responder por la represión a la protesta social en Jujuy, para lo que fue citado también el fiscal de Estado de esa provincia, Mariano Miranda. Luego deberán defender el endurecimiento de la política migratoria.
En el encuentro los denunciantes pidieron adopción de medidas que aseguren el cumplimiento de los estándares interamericanos sobre el derecho a la protesta. “Hay un discurso amoroso de respeto a los derechos humanos pero, en la práctica hay palos, gases y sanciones”, señaló el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Sl titular, Horacio Verbitsky, señaló que “hay una intolerable situación de persecución en Jujuy contra toda forma de protesta por parte del gobierno que quiere ser juez y parte”. “Se priva de sus derechos civiles y políticos a quienes protesta de manera anticonstitucional y anticonvencional”, señaló.
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