POLÍTICA

Macri no podrá volver atrás el acuerdo con el Correo, ya está en la justicia

Macri no podrá volver atrás el acuerdo con el Correo, ya está en la justicia

Según publica hoy en Página/12 la periodista Irina Hauser, el presidente Macri no podrá “volver a foja cero” el convenio con el correo y la condonación de la deuda que su familia mantiene con el estado. El fiscal Zoni considera que se cometieron los posibles delitos de defraudación contra la administración pública, negociaciones incompatibles y tráfico de influencias. Por lo menos, en el grado de tentativa.

De lo cual se desprende que, aunque Macri consiga volver “a foja cero” en el acuerdo por la deuda del Correo Argentino con el Estado -algo que igual está por verse- no podrá hacer borrón y cuenta nueva en Comodoro Py, donde avanzará la causa en la que quedó imputado junto con el ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, y su director de Asuntos Jurídicos, Juan Mocoroa, quien actuó en la negociación. La investigación penal parte de la base de que, más allá de la suerte que corra, el convenio se hizo y una fiscal mostró que es ruinoso y abusivo para el Estado al generar una condonación de la deuda del 98,82 por ciento en favor del Grupo Macri.

Lo que debe desentrañar la justicia es si hubo un fraude (o cuanto menos una “tentativa”) a las arcas públicas; si existió algún perjuicio previo relacionado con la deuda histórica que data de 2001; quiénes son los dueños del Correo y de las empresas que lo controlan (Sideco/Socma) y cómo es la participación de cada miembro de la familia Macri, y si hubo alguien ligado al Poder Ejecutivo que haya sido instruido para ejercer tráfico de influencias y conseguir un pacto favorable a la empresa. El fiscal Juan Pedro Zoni pidió el secreto de sumario y el juez Ariel Lijo ordenaría las primeras medidas esta semana. A este expediente se sumarían otros dos. Uno de ellos es el impulsado por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que hace denuncias cuando sospecha fuertemente que se cometieron delitos.

Por lo pronto los delitos en la mira son defraudación contra la administración pública, negociaciones incompatibles con la función pública y tráfico de influencias.

 

 

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