ECONOMÍA

Entre Ríos avanza contra Monsanto: Concordia y Gualeguaychú prohibieron el Glifosato

Entre Ríos avanza contra Monsanto: Concordia y Gualeguaychú prohibieron el Glifosato
De la Redacción de Contrapoder –

En sintonía con Concordia, que sancionó una ordenanza similar hace solo una semana, el Concejo Deliberante de Gualeguaychú aprobó ayer, con nueve votos a favor (PJ-FPV), y tres en contra (Cambiemos) una ordenanza que prohíbe en todo el ejido de la ciudad el uso del Glifosato. La ordenanza, sancionada a partir de un proyecto presentado en diciembre por el intendente del Frente para la Victoria, Martín Piaggio, deberá estar reglamentada y promulgada en un plazo de 60 días.

La nueva Ordenanza, que deberá estar reglamentada y promulgada en un plazo de 60 días, en su primer artículo prohíbe “en todo el ejido de la localidad de San José de Gualeguaychú el uso, aplicación, expendio, almacenamiento, transporte, comercialización y venta del producto llamado en forma general “Glifosato” y aquellas formulaciones que lo contengan”.

En su segundo artículo establece que “la Dirección de Ambiente, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social y Salud, la Dirección de Inspección General y la Dirección de Tránsito, dependientes de la Secretaría de Gobierno de la Municipalidad de San José de Gualeguaychú, serán los órganos de aplicación y control”.

El tercer artículo de la Ordenanza faculta al Departamento Ejecutivo Municipal a conformar “una Comisión ad hoc, que tenga por objeto el estudio y seguimiento de la temática de esta Ordenanza, donde se encuentren representadas todas las fuerzas políticas integrantes del Honorable Concejo Deliberante, como así también las áreas competentes del Poder Ejecutivo; pudiendo ser invitadas participar por el Departamento Ejecutivo las instituciones y organizaciones intermedias que desarrollen actividades vinculadas a la defensa del ambiente y de la salud”.

Según el texto aprobado por mayoría, “la prohibición no admitirá ningún tipo de excepciones posteriores de ninguna índole y, más allá de las penas que correspondan por el Código de Faltas Municipal, establece las siguientes sanciones específicas para quien incumpla con lo establecido en la presente ordenanza:

a)- A quien o quienes incumplan lo normado por el Artículo 1° de la presente en cuanto a uso y aplicación, se les decomisarán los productos y se aplicará una multa de 500 UTM. En caso de reincidencia se decomisará y corresponderá una multa de 1000 UTM a modo de sanción, incrementándose la misma en futuras ocasiones de manera gradual al doble de la última sanción.

b)- A quien o quienes incumplan lo normado por el Artículo 1° de la presente en cuanto a almacenamiento, expendio y venta, se les decomisarán los productos y se les aplicará una multa de 500 UTM. En caso de reincidencia corresponderá decomiso, multa de 1000 UTM y la clausura preventiva del establecimiento donde se detecte dicha violación”.

También la Ordenanza aprobada ayer en Gualeguaychú insta al resto de los Concejos de las ciudades y comunas de la Provincia a llevar adelante medidas semejantes a la que se establece en su norma, aunque (exceptuando la de Concordia), las experiencias en las ciudades más importantes de la región son más frustrantes que liberadoras.

Una Ordenanza similar había sido aprobada por unanimidad en el Concejo deliberante de Paraná en la última sesión ordinaria de 2017. Pero en febrero de este año el intendete de Cambiemos, Sergio Varisco la promulgó, aunque vetando la mitad de los artículos por considerar que “su contenido resultaba polémico y contradictorio” aunque la verdadera razón fue que no era consecuente con el pensamiento macrista.

También hay un antecedente en Rosario, donde en noviembre se aprobó por unanimidad una Ordenanza parecida, aunque la intendenta del Socialismo “sojero” Mónica Fein cedió al “lobby agrogarca” y no se animó a promulgarla. Fein tampoco la vetó, sino que envió al concejo un nuevo proyecto que promete dormir el sueño de los justos en las comisiones, mientras tanto, la ordenanza aprobada está en una suerte de limbo legal y los productores siguen envenenando a placer.

Es importante resaltar que la sanción de estas ordenanzas tienen un objetivo exclusivamente político, dado que se prohíbe el uso del herbicida en los ejidos urbanos, siendo que en las ciudades no hay campos. Lo que hacen estas normas es colocarle al Glifosato una “etiqueta oficial” de “asesino”, que les facilite el trabajo a las asambleas y grupos ambientalistas en su afán por conseguir leyes provinciales y nacionales que avancen contra el producto de manera masiva y definitiva.

 

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