De la Redacción de Contrapoder -
La Policía mendocina reprimió ferozmente una impactante marcha contra la reforma de la ley 7722, conocida como “Ley del Agua”. Los uniformados dispararon gases lacrimógenos y balas de goma a mansalva, sin respetar la presencia de niños en el lugar. Miles de manifestantes, llegados desde distintos departamentos se habían reunido frente a la Casa de Gobierno. En las últimas 48 horas ya habían ocurrido protestas que incluyeron cortes de rutas nacionales y provinciales.
La reforma de la Ley 7722, votada por casi todo el arco de la legislatura provincial el viernes pasado, generó la “movilización más grande de la historia de Mendoza”. La caravana ingresó a la capital provincial para la concentración que tuvo lugar frente a la Casa de Gobierno, con el objetivo de que el gobernador Rodolfo Suárez vete la ley recientemente reformada.
La modificación de la ley agitó los ánimos de la población, que expresó su bronca contra Suárez y el resto de los políticos, tanto oficialistas como opositores, pues la ley pone en juego el agua ante el avance indiscriminado de la megaminería contaminante, en una provincia donde es un bien escaso, pues la falta de nieve en las altas cumbres desabastece a los ríos de montaña.
El viernes, senadores y diputados mendocinos aprobaron irresponsablemente y por amplia mayoría la modificación a la ley 7.722, que ahora permite el uso de sustancias químicas en las explotaciones mineras, poniendo en serio riesgo la distribución de agua en toda la provincia.
Por el momento, y a pesar de todas las reacciones contrarias, el gobernador Suárez no promulgó la nueva normativa, pero abrió un campaña pública para defender la apertura de la provincia a la megaminería. Desde la cuenta oficial del Gobierno sostuvo que “la reactivación de la minería moverá recursos por alrededor de 349.234 millones de dólares” y “que la actividad pueda generar 17.550 puestos de trabajo durante la etapa de construcción de 6 proyectos”.
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