Por Leandro Renou -
Detrás de los números de los aumentos y la resistencia al congelamiento de precios hay una puja política entre el Gobierno y los organismos de lobby de la industria de los alimentos y el consumo masivo. En este escenario, el ministro de Economía, Sergio Massa, decidió un abordaje integral para hacer cumplir los acuerdos. “Vamos a usar todas las herramientas del Estado”, dijeron laderos del funcionario. Ese todas las herramientas supone que el Gobierno trabajá con los “antecedentes fiscales” de todos los sectores que se niegan a colaborar con precios y además requieren todo el tiempo diferentes tipos de ayuda del Estado.
A saber, vía diferentes funcionarios, se observarán los pedidos de importación, el nivel de créditos que se piden en bancos oficiales y, en paralelo, se hará efectivo el endurecimiento de las multas por violaciones a la Ley de Defensa del Consumidor y las investigaciones a empresas que aumentan por sobre la media.
“No es el camino congelar precios ni amenazar empresas”, dijo en declaraciones radiales el titular de la Coordinadora de Productores de Alimentos (Copal), Daniel Funes de Rioja. El empresario, que además preside la Unión Industrial (UIA), reaccionó así a los primeros gestos de presiones fuertes por parte del Estado al sector privado. Y agregó que “Defensa de la Competencia tiene roles dentro del estado de derecho, no pueden ejercerlo con discrecionalidad. Toda la industria está sometida a los controles que la ley establezca, pero esperemos que no cometan ningún tipo de abuso”. El abogado laboralista apunta a la investigación en curso, que verá la luz en 30 días, sobre empresas que aumentaron los precios por encima de la inflación y tienen altos niveles de concentración en la producción.
Es que Massa puso el pie en el acelerador al ver que no le cumplen los pedidos. En las últimas horas, de hecho, mantuvo una reunión muy dura con fabricantes de productos de limpieza e higiene personal en donde no les dio lugar para no ser parte del congelamiento de precios. Además, el ministro optó por la vía de no negociar con cámaras sino con empresas de forma individual, donde puede marcar más la cancha y hacer números puntuales de cada una de ellas. Otro caso similar fue la reunión que Massa mantuvo con los textiles de FITA y Protejer, donde en términos muy duros no sólo avisó de la apertura de importaciones, sino que criticó que aprovecharan las ayudas de un gobierno que los sacó de la mala en la que los había metido el macrismo, y no estaban “a la altura” de las necesidades del país en materia de precios.
De allí salió el acuerdo de precios con la industria textil que se conocerá esta semana y dispone un congelamiento del precio de los hilados, el insumo fabril que luego termina en una prenda de vestir.
Con las multinacionales, ajustar las tuercas está siendo de utilidad. Según supo este diario, en la casa matríz de la principales firmas, odian los escándalos y retan fuerte a los gerentes que, con su negativa, empapelan los medios con citas negativas a las marcas internacionales. Con los grandes de la industria nacional es más complejo: Arcor, Molinos, Ledesma y -ahora menos- Mastellone, son los más resistentes a congelar y los más representativos en la góndola. No sería extraño que alguna de las investigaciones en curso aborde algún caso de estas empresas.
En paralelo, Funes de Rioja y las empresas de Copal quedaron muy sorprendidos con la suba del monto de las multas por incumplir precios. Hasta ahora, la penalización mayor era de 5 millones de pesos, algo que las empresas pagaban y seguían aumentando. Pero por primera vez desde el 2008, esa cifra se actualizó en el Presupuesto a un valor de 238 millones de pesos. Ahora la cuenta no es tan fácil de hacer.
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