De la Redacción de Contrapoder -
El camarista Leopoldo Bruglia presentó la renuncia a la Asociación de Magistrados e hizo trascender que denunciará a Alberto Fernández por calumnias e injurias. Ocurrió luego del tuit del Presidente de la Nación que criticó la decisión del juez y sus compañeros de Sala de liberar a los integrantes de Revolución Federal, cuyo financiamiento es materia de investigación por el vínculo entre el Grupo Caputo Hermanos y el violento líder de la organización Jonathan Morel. Bruglia reprochó a sus colegas magistrados el silencio y al Presidente tratos “ofensivos”, “falaces” e “inaceptables”. También criticó al ministro de Justicia Martín Soria, quien tardó poco en responderle.
“Cuando creíamos que nadie podía ser más caradura, apareció Bruglia”, expresó el ministro y volvió a sostener sus críticas en la misma línea que un día antes se había expresado tanto él como el Presidente y gran parte de las primeras líneas del Frente de Todos. ¿Injerencia indebida?, se preguntó. “Injerencia indebida es la que hizo Mauricio Macri cuando lo trasladó a dedo de un Tribunal Oral a la Cámara Federal”, lanzó. En ese contexto recordó que en estos días se cumplieron dos años desde que la Corte Suprema de Justicia señaló a través de un fallo que ese traslado fue inconstitucional e ilegal y llamó a realizar un concurso que aún sigue pendiente. “Si tuviera honor, lo que tendría que haber hecho es haber renunciado a la Cámara en ese mismo momento”, dijo Soria. “Haber vuelto al Tribunal Oral o incluso haberse presentado al concurso”. (lee más aquí: Soria: “Cuando creíamos que nadie podía ser mas caradura, aparece el doctor Bruglia”.)
Bruglia renunció a la Asociación que encabeza el juez Marcelo Gallo Tagle a través de una carta en la que achacó a sus colegas la falta de respuesta ante las críticas del Ejecutivo. “Que ustedes no adviertan la gravedad institucional de los dichos del Presidente de la Nación -en sus tuits del día de ayer- y de las expresiones del Ministro de Justicia, claramente ofensivos hacia mi investidura y sobre todo falaces -generando una deslegitimación en mis funciones que resultan inaceptables- es motivo suficiente para que, sin dejar pasar más tiempo, renuncie a mi vocación asociativa con la dirigencia de esa Asociación”, señaló Bruglia. “Saben ustedes muy bien que por un decreto presidencial (asentado en una compleja maniobra anterior), publicado en una especial edición del Boletín Oficial de la Nación, fui apartado del cargo que actualmente estoy ocupando y al que, meses después, un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó restituirme”.
Una vez más, la Sala 1 de la Cámara Federal de Comodoro Py, integrada por dos magistrados que ocupan sus asientos de forma contraria a la Constitución, interviene en una causa de relevancia institucional.
— Alberto Fernández (@alferdez) November 2, 2022
Bruglia integró el Tribunal Oral Federal 4 hasta ingresar a dedo a la Cámara Federal por el mecanismo del traslado durante el gobierno de Mauricio Macri. La Cámara Federal es un fuero estratégico de Comodoro Py del que depende el control de legalidad de los doce juzgados federales. Durante el gobierno de Cambiemos, la Cámara avaló con sus resoluciones todas las tropelías de Claudio Bonadío contra los exfuncionarios del kirchnerismo y decenas de detenciones arbitrarias sostenidas en la teoría del poder residual, o doctrina Irirzun. Pero mientras perseguían a un lado de la línea política, no lo hacían a otro. Entre otras resoluciones, desprocesaron al expresidente Mauricio Macri en la causa por el espionaje a los familiares del ARA San Juan y atomizaron los expedientes que intentaban entenderlo como un sistema estatal. La Cámara tiene dos Salas. Bruglia integra una con Pablo Bertuzzi, el otro juez trasladado vía el mismo mecanismo de traslado, y con Mariano Llorens. Por sus fallos, la Sala comenzó a ser llamada la Sala M o Sala Amarilla. Y a ellos, los jueces del Lawfare. El Consejo de la Magistratura ayuda a sostenerlo en el cargo al no votar las ternas para reemplazarlos por jueces o juezas designados por concurso y con acuerdo del Senado.
Fuente Página/12
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