De la Redacción de Contrapoder -
Este jueves la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados declaró la “admisibilidad” de los 14 pedidos de juicio político contra los cuatro integrantes de la Corte Suprema. De este modo quedaron aprobados los expedientes que se tramitan contra los integrantes del máximo tribunal y se abrirá el sumario para acumular las pruebas que sostengan la acusación contra los magistrados Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.
La Comisión arrancó este jueves minutos antes del mediodía la reunión en la que el oficialismo pudo imponerse y avanzar en la búsqueda de la remoción de los cuatro cortesanos que son enjuiciados por el Congreso. La comisión que preside la oficialista Carolina Gaillard (FdT) se reúne en la sala 1 del edificio Anexo, tras dos encuentros previos que sirvieron para establecer el cronograma de trabajo y recibir los testimonios de los autores de los 14 expedientes que se tramitan.
Con su mayoría en esa comisión (16 sobre 31 integrantes), el FdT se aseguró el aval a la admisibilidad del enjuiciamiento y la apertura del sumario para recabar las pruebas que sostengan la acusación contra los cuatro jueces supremos.
Ahora, el proceso continuará con la etapa de recolección de pruebas y testimonios para decidir si se emite dictamen acusando a cada uno de los cuatro jueces, en un trámite que se desarrollaría durante los próximos tres meses.
Los proyectos están en condiciones de ser analizados por el plenario de la Cámara, una instancia que el oficialismo por el momento no arriesgaría, ya que no cuenta con la mayoría especial requerida para su aprobación: dos tercios de los miembros de la Cámara presentes en ese momento (172 diputados si la asistencia de los 257 integrantes del cuerpo fuera perfecta). Igualmente, el dictamen de la comisión tendría tres años de validez, por lo que el FdT evalúa tenerlo en reserva a la espera de algún escenario de correlación de fuerzas más favorable.
De los 14 expedientes que se tramitan, el que el oficialismo toma como anclaje es el presentado por el diputado Eduardo Valdés y otros pares e impulsado previamente por el presidente Alberto Fernández y mandatarios provinciales, quienes advierten que Rosatti, Rosenkrantz, Maqueda y Lorenzetti incurrieron en mal desempeño en el ejercicio de su labor al frente del tribunal que ejerce el rol de superintendencia del Poder Judicial.
Las acusaciones del Ejecutivo se fundan principalmente en el fallo de la Corte que benefició a la ciudad de Buenos Aires en el litigio que mantiene con Nación por los fondos coparticipables, y también por reponer después de 16 años la ley que regía el funcionamiento del Consejo de la Magistratura con una composición de 20 miembros, y que había sido derogada por el Congreso.
También se cuestiona al máximo tribunal el haber legitimado en 2017 el cómputo del “2×1” para que Luis Muiño, un represor de la última dictadura cívico-militar, accediera al beneficio de la libertad condicional. Otra de los causales son una serie de “irregularidades, incumplimientos y desmanejos” en la Obra Social del Poder Judicial de la Nación (Ospjn), que es administrada por la propia Corte.
RSS