Por Irina Hauser -
La Inspección General de Justicia (IGJ) denunció que Patricia Bullrich utiliza la asociación que dirige, llamada Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad (IEES), en teoría sin fines de lucro, para financiar su campaña política. El organismo detectó un doble mecanismo para esa finalidad: la entidad recibió -solo en 2022- 90 millones de pesos por supuestos encuentros/almuerzos presentados como seminarios (que en realidad eran eventos proselitistas) y donaciones de empresas, mientras que en ese mismo período pagó pasajes, catering, alquiler de salones y estadías ligados a actividades políticas y hasta las cuatro líneas de teléfono que están a nombre del partido Unión por la Libertad, que lideraba Bullrich y se acopló al PRO, que ella preside. También gastó en consultorías por más de 6 millones de pesos y abonó casi 9 millones a sus propios miembros de la comisión directiva, entre ellos el diputado Gerardo Milman, algo que está prohibido a menos que pidan permiso, lo que no sucedió. La IGJ pidió la intervención judicial del IEES y denunció la posible violación a la ley de financiamiento de los partidos políticos “evadida a través de un ardid”.
“Bajo el amparo de una persona jurídica sin fines de lucro se ha estructurado un sistema de ingresos y egresos destinado a financiar -en todo o en parte- acciones de proselitismo político en franca contradicción con el objeto social autorizado y los fines de creación de la persona jurídica de que se trata”, explica la resolución que firma el inspector general, Ricardo Nissen. Como contracara del ingreso de fondos millonarios en el último año, un acta de comisión directiva de cerca de dos años atrás dice que a la asociación no le alcanzaba la plata para pagar gastos corrientes (luz, gas, teléfono, alquiler). Luego empezó a entrar dinero con los encuentros camuflados como seminarios donde “se ventilaban asuntos que poco o nada tenían o tienen que ver con el objeto social incluido en la norma corporativa”. De tener ingresos en 2019 por 741,93 a 90 millones en 2022. El portal Perfil.com reveló que el año pasado se cobraba 50.000 pesos el cubierto. También ElCronista.com publicó que hacía almuerzos y pedía dólares a los empresarios para la campaña.
Las ganancias
Los ingresos por seminarios/almuerzos, comienzan a crecer desde mayo de 2021. Se habla del tema en las reuniones de comisión directiva, pero sin precisiones acerca del contenido de esos encuentros. En 2022, cuando se convierten en la principal entrada de dinero de la asociación, no hay ninguna referencia a tales eventos. Las transferencias por la contratación no especifican de qué se trata o señalan de manera genérica “almuerzo” o “varios”. Lo mismo ocurre con la facturación, que dice, “seminario”, sin especificar fecha, lugar, o la temática de la capacitación ni el número de asistentes. La ONG también reparte formularios para “aportes/donaciones” con el título “seminario”.
Se detectó desde una empresa de refrigeración que pide el “seminario” hasta un evento para 40 empresarios en el Lawn Tennis. Además de ese aspecto, la resolución de la IGJ señala “una evidente sincronización entre las acciones políticas de la Sra. Patricia Bullrich, presidenta de la institución, y los aportes y pagos en concepto de seminarios”. Algunos ejemplos: en junio de 2022 viajó a Realicó y General Pico, en La Pampa. En ambos casos los medios locales consignaron actividades políticas, con referentes de su misma fuerza. Algunos medios decían “Bullrich volvió de campaña electoral” y contaban que almorzó con empresarios. Lo mismo hizo en Coronel Moldes, en Córdoba. La IGJ proporciona una larga lista de empresas de ambas provincias y de las ciudades que Bullrich visitó, que pagaron montos entre 50.000 y 300.000 pesos.
Hay otros pagos sobre los cuales el organismo pone la lupa. Algunos, que llegan a 3 millones de pesos en 2022, provienen de David Lacroze Ayerza, un hombre que fue presidente de la Junta Nacional de Granos en 1980 y miembro de la comisión directiva de la Sociedad Rural. Es quien escrachó a Cristina Fernández de Kirchner cuando viajaba a Cuba a ver a su hija. Otro caso revelador es el de Cooperativa Empresa Eléctrica Godoy Cruz que entre julio y octubre paga 1.600.000 pesos -siempre el mismo monto- primero como “aporte/donación” y luego como “seminario”. Lo mismo se repite con otras empresas, como la aseguradora La Mercantil Andina SA. Otros donantes que cita la IGJ son el Banco Galicia, Mirgor SA, Sar Suela SRL, entre las cuales suman la entrega de 9 millones de pesos, también el año pasado. En total, cerca de 400 personas físicas y jurídicas pagaron “seminarios”.
Cuando comenzó a funcionar, en el año 2006, la asociación en cuestión se llamaba Instituto de Estudios Argentinos en Políticas Públicas, y tenía un “objeto” amplio. En 2019, ya con el nombre actual, se enfocó en investigación, fomento y diseño de estrategias para “la seguridad y criminología compleja”, como eje. Esta temática no está especificada en ninguno de los “seminarios”. No se traduce de todo su despliegue el objetivo como asociación de realización de “un fin de bien común no lucrativo”.
Gastos en política
Según la resolución que firma Nissen tampoco los gastos del IEES tienen relación con sus objetivos. En este punto advierte coincidencia temporal entre los “egresos de la institución y los movimientos de campaña política”.
* En junio del año pasado, la asociación pagó pasajes aéreos a Salta a través de Cambytur S.A. El 14 de ese mes el portal El Expreso de Salta decía: “Patricia Bullrich viene de campaña y aprovecha la fiesta de Güemes”. Precisaba que era por el lanzamiento de su precandidatura presidencial. La entidad también pagó alojamiento a Desarrollos Maipú SA, de Mendoza, antes del viaje al norte. Clarín informaba que había ido a reunirse con la militancia y agrupaciones que avalan su candidatura. En agosto abonó hospedaje en Bahía Blanca a Cornelio SA. Ella misma tuiteó: Tenemos una plan para producir el shock que cambiará al país. Muchas gracias Bahía Blanca…”. El viaje seguramente más costoso que pagó el IEES fue a Miami a un evento del “Interamerican Institute for Democracy” ligado a la campaña de Bullrich. Cuando expuso tenía un cartel con su imagen y la leyenda partidaria “la fuerza del cambio”, dice la IGJ.
* El IEES, cotejó la Inspección General, paga sin disimulo las facturas de Telefónica de Argentina por cuatro líneas fijas que tienen como titular al partido Unión por la Libertad, liderado por Bullrich y que años atrás le permitió postularse a jefa de gobierno porteño. La tesorera de esa fuerza fue la misma del instituto (del cual fue también asociada), Silvia Miriam Elizabeth Turetzky. Fue ella quien respondió los reclamos de documentación de la IGJ, algunos de los cuales le sirvieron al organismo para constatar irregularidades. Otro nexo evidente entre la ONG y la política está dado por algunos nombres: el diputado Milman fue uno integrante de la comisión directiva y jefe de campaña de Bullrich hasta que quedó salpicado por la causa del intento de asesinato de la vicepresidenta, que dejó ambos puestos. Lo reemplazó Juan Pablo Arenaza, que fue presidente de Unión por la Libertad.
* La asociación pagó desde julio a diciembre del año pasado 6.063.280 pesos a la consultora IQ4B. ¿Qué hizo esa firma, que se dedica al análisis de datos? “Consecución, almacenamiento y análisis de datos relevados, planificación, conclusiones y seguimiento”, según se consigna. No se entiende la relación con los propósitos del IEES, que también contrató a Comunicaciones Sudamericanas y le pagó 1.764.500 pesos por “relevamiento, monitoreo y evaluación del clima social. Indicadores del impacto de las políticas públicas implementadas. Seguimiento Semestral”. Esa empresa se dedica a “estrategias comunicacionales en el ámbito político y privado, estudios de mercado y análisis del discurso”. Son todas prestaciones “estrechamente vinculadas a actores de la política o, al menos, ajenas a una asociación civil vinculada a la seguridad”, dice la IGJ. A su vez, hay pagos Maximiliano Defranchi, consultor en campañas políticas; a Santos Urquiza Rueda, especialista en procesos electorales y exfuncionario en la dirección de información y capacitación electoral del Ministerio del Interior del macrismo; a la consultora Silvia Peschiera; a María Oneto, del equipo de Bullrich, y otros especialistas.
*La ONG pagó honorarios a la propia Bullrich por 3.550.000 pesos a través de once facturas. Hizo lo mismo con otros integrantes de la comisión directiva: a Milman le abonó 2.766.170, con ocho facturas, por “servicios de coordinación de equipos”; a Alberto Fohrig, por el mismo concepto, 1.590.000 pesos; y a Martín Siracusa, 1.400.000 pesos. Milman tiene una causa penal por facturas sospechosas, entre ellas la del Instituto de Bullrich. Hay otra en la mira que le hace a Metalúrgica Oliva Hermanos, que era propietaria de un auto que manejaba con registro trucho una mujer que fue detenida y que dijo falsamente que era esposa de Milman. Y una más a nombre de una chica venezolana en estado crediticio irrecuperable. Según el Código Civil y Comercial, una asociación civil no puede reportar lucro para sus miembros o terceros. Puede haber reparto de honorarios solo si es autorizado por la IGJ, lo que no ocurrió.
Por todo esto la IGJ pidió la intervención del Instituto a través de un proceso judicial y hará una denuncia ante la justicia electoral por la violación a la ley de financiamiento de partidos políticos, que denuncia que fue eludida.
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