Por Guido Agostinelli -
Javier Milei volvió a defender la venta de órganos, al afirmar que “hay que buscar mecanismos de mercado” para resolver el problema de las listas de espera para recibir un trasplante. En base a premisas falsas, se abarca un tema complejo de forma superficial.
Milei apoya la compra-venta de órganos, ya que considera que se trata de un mercado más. Incluso afirma que si se liberara ese mercado, los trasplantes funcionarían mucho mejor. Pero si una persona tiene la necesidad económica de vender un órgano para subsistir, esa decisión no es libre, está coaccionada y no puede considerarse autónoma.
La propuesta libertaria de considerar la compra-venta de órganos como un mercado más se basa en la autonomía, es decir en la libertad que tienen las personas para tomar decisiones. En ese sentido, los libertarios argumentan que cada uno dispone de la propiedad de su propio cuerpo (y por lo tanto, de sus órganos corporales). En otras palabras, el donante transferiría los derechos de propiedad a través de una transacción comercial por la que obtiene un beneficio económico.
¿Qué dice la ley en Argentina?
En Argentina, el comercio de órganos está prohibido y sancionado por la Ley 24.193. Los artículos 27 (inc. f y g) y 28 expresan el principio de gratuidad con sus respectivas limitaciones, tales como la prohibición de otorgar prestaciones o beneficios por la donación de órganos en vida o luego de la muerte, la indeterminación con fines de lucro o la inducción al dador para forzar la donación.
Según el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI), la donación se basa en una decisión solidaria, altruista y desinteresada, por lo que no puede existir ninguna contraprestación económica a cambio. En nuestro país, desde la sanción de la Ley Justina (27.447) en 2018, toda persona mayor de 18 años es donante de órganos o tejidos, excepto que haya dejado una constancia expresa de su oposición.
Esta ley también habilita la donación renal cruzada, procedimiento que involucra a cuatro personas y funciona como un intercambio de donantes entre dos receptores que cuentan con donantes vivos (generalmente familiares) pero que no son compatibles entre ellos.
La evolución de donantes reales en el país viene subiendo desde 1999, con leves caídas en algunos años. Sin embargo, luego de la sanción de la Ley Justina, se alcanzó el récord histórico en 2019, con 883 donantes reales.
Si bien en 2020 y 2021, debido a la pandemia, la cantidad de donantes descendió, es importante aclarar que fue uno de los pocos países que decidió seguir sosteniendo la operatividad de los programas de procuración y trasplante de órganos, tejidos y células. A su vez, en 2022, la donación de órganos volvió a aumentar, alcanzando niveles similares a los prepandémicos.
Milei afirma que “cada vez que se produce una intervención el resultado posterior es peor que el que tenías”. Sin embargo, en el gráfico se puede observar que claramente esto es una falacia, porque la cantidad de donantes fue aumentando desde 1999 a la actualidad, de la mano de la intervención estatal.
En casi todos los países del mundo, la compra-venta de órganos es ilegal, salvo en Irán, donde existe un mercado legal de riñones, pero que funciona de una manera contraria a la que promueven los libertarios, ya que hay una fuerte intervención del Estado como intermediario entre el donante y el comprador, y además el sector público cubre una parte del tratamiento.
En Irán, la gente con menos recursos se vio obligada a vender sus órganos para saldar sus deudas. Entonces, el camino a seguir no parece ser un mercado de órganos, sino impulsar acciones que promuevan la donación altruista, como por ejemplo, la ya mencionada Ley Justina, que modificó la Ley de Donante Presunto (26.066), que si bien expresaba que toda persona era donante salvo una manifestación en contra, al momento de la muerte las autoridades debían solicitar testimonio a la familia de la voluntad del fallecido, lo que demoraba el procedimiento.
El mercado de órganos
Sin embargo, las posiciones más radicalizadas, como la de Milei, expresan que la única solución para que se reduzca la lista de espera es que se le ponga un precio a los órganos. Gary Becker y Julio Elias afirman que hay un exceso de demanda y que la única forma de que haya un equilibrio es a través de un incentivo monetario para los donantes (lo que aumentaría la oferta).
Según estos autores, “la introducción de incentivos monetarios puede aumentar la oferta de riñones para trasplantes suficientemente como para lograr eliminar las largas colas de espera en el mercado”.
El libertarianismo se centra en el individualismo extremo. Pero, como afirma el INCUCAI, “para contrarrestar el atomismo moral y la desigualdad que genera la exacerbación de la individualidad es preciso recurrir a los principios de solidaridad y justicia, que se fundamentan en la no discriminación de posibles receptores por cuestiones vinculadas a la edad, sexo, religión, riqueza, entre otras”.
La desigualdad se evidencia cuando alguna de estas cuestiones se convierte en un impedimento para que cualquier competidor acceda al implante. Esto claramente ocurriría con el libre mercado: los ricos van a poder pagar por los trasplantes, mientras que los pobres tendrán menos posibilidades de obtenerlos e incluso se verán en la necesidad de vender sus órganos.
Por otra parte, la problemática del tráfico de órganos figura desde hace años en los estudios realizados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), ya que se estima que entre el 5 y 10 por ciento de los trasplantes realizados provienen del mercado ilegal.
Los países de donde proceden estos compradores de órganos son mayoritariamente Canadá, Estados Unidos, Arabia Saudita, Japón y Taiwán. Y los principales territorios exportadores de los órganos son Kosovo, Chipre, Azerbaiyán, Egipto, China, Panamá, Pakistán, India, Filipinas, Rumania, Moldavia, Perú y Colombia, es decir que van de países pobres a países ricos.
La capacidad económica de las personas tampoco debe ser un factor determinante a la hora de acceder a un trasplante. Los defensores del libre mercado intentan justificar que el fomento del propio interés contribuirá al interés de todos. Sin embargo, estos intereses pueden entrar en conflicto en determinadas condiciones, como por ejemplo, cuando una parte tiene la necesidad de vender sus órganos para sobrevivir y la otra no.
¿Qué pasaría si fuese legal la venta de órganos?
Según el INCUCAI, en India, donde existen alrededor de dos mil riñones ablacionados —extirpados— por año, las donaciones se realizan en circunstancias de máxima necesidad y pobreza, agravando las consecuencias de la nefrectomía con la mala nutrición y un deficiente estado de salud.
En ese sentido, la autonomía y el consentimiento informado (un adecuado sistema de transferencia de información a las personas para que puedan tomar decisiones informadas y libres con relación a la disposición de sus cuerpos) están condicionados por la coacción económica y por las necesidades básicas insatisfechas. La liberalización del mercado de órganos transforma al ser humano en un objeto, lo que vulnera la dignidad y los Derechos Humanos.
Si se permitiera la libre comercialización de órganos, el escenario sería como el que muestra la película Animal del director Armando Bo, pero extendido a todos los demandantes y oferentes de órganos. Habría personas pobres queriendo donar sus órganos como única posibilidad de poder tener cierto grado de riqueza, personas ricas dispuestas a pagarle al pobre por sus órganos y finalmente personas pobres con necesidad de un trasplante que se morirían. Hasta en estos casos tan delicados y profundos que determinan la vida y la muerte, se pretende seguir con la lógica moral mercantilista.
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