Por Irina Hauser -
Durante casi un año, el Tribunal Oral Federal 7 que debe hacer el juicio del caso de los cuadernos tuvo en su poder pero no a la vista de las partes una prueba documental que muestra que las declaraciones de los arrepentidos del caso fueron obtenidas bajo presión. Esos relatos constituyen la supuesta evidencia en que basaron su acusación el fiscal Carlos Stornelli y el fallecido Claudio Bonadio, inspirados en los escritos del chofer Oscar Centeno.
Estaba a la vista de todo el mundo que el que no se “arrepentía” y decía lo que ellos querían escuchar, iba preso. El empresario Mario Rovella lo dejó consignado en un acta que firmó ante un escribano público antes de su indagatoria: ahí avisaba que declararía bajo “coerción” haber pagado coimas vinculadas con obras públicas adjudicadas a su empresa porque, de lo contrario, sería privado de su libertad. En marzo de 2023 presentó esa actuación notarial y pidió la nulidad de aquella declaración y, con eso, la de su procesamiento y elevación a juicio.
El acta con el relato de Rovella vuelve a dejar al desnudo las maniobras con las que se armó el expediente de los cuadernos, que tiene 159 imputados, y debería hacerlo tambalear. También evidencia que la dupla Bonadio-Stornelli destrozó lo que podría haber sido una buena investigación sobre corrupción en la obra pública. Pero como el objetivo era la persecución política e involucrar a Cristina Fernández de Krichner —una de las acusadas, sin una sola prueba— se priorizó el apriete. Lo dijo en su momento hasta el actual ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, que defendía a Sergio Taselli: “Me preocupa que esto tenga que ser así: tenés que arrepentirte, confesar algo e involucrar gente. Si decís que sos inocente, vas preso. Me dio esa sensación y me alarmó cuando me fui. Hay que ir y confesar, si no, quedás preso y no me gusta”. “Si no sale en libertad en breve lapso, va a mentir y va a involucrar a alguno”, comentó sobre su cliente.
El acta caliente
Rovella es socio de la constructora Rovella-Carranza, que tiene obras y proyectos de infraestructura en todo el país. Sus abogados Pablo Medrano y Enrique Arce, hicieron su presentación clave el 3 de marzo de 2023: entregaron el acta donde el empresario decía que mentiría para no ir preso y pidieron nulidades. “Para dejar constancia de que su voluntad se encontraba viciada, asentó en un instrumento público la situación ilegítima a la que se hallaba sometido”, resaltaron. Agregaron otros argumentos técnicos, como que se lo mandó a juicio por hechos sobre los que nunca había sido informado, por los que no se lo indagó y que además son imprecisos. En la elevación a juicio, la fiscalía daba por demostrado que el empresario había intervenido “en la entrega de una suma de dinero a Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner, Julio Miguel De Vido y José Francisco López, a través de la interpósita persona de Ernesto Clarens el 17 de marzo de 2011”, para obtener algo “en beneficio de la empresa”.
El documento que lleva la firma del escribano Diego Ignacio de Achaval, está fechado el 28 de febrero de 2019, dos días antes de la indagatoria. Rovella decía que como era “conocido públicamente”, Bonadio “en franca violación a elementales derechos constitucionales, entre ellos, el de no ser compelido a declarar contra uno mismo, procedió a privar ilegalmente de la libertad a distintas personas por el solo hecho de que no reconocieron y confesaron los presuntos delitos que se les atribuye, remitiéndolos detenidos a distintas unidades penitenciarias; en cambio, quienes sí reconocen los delitos (…) mantienen su libertad ambulatoria”. En su caso, había sido involucrado en pagos ilegales señalados en la declaración como arrepentido del financista Clarens. “Ante esa situación, que estimo abiertamente ilegal, y dado que no admito ser privado ilegalmente de mi libertad, me encuentro en el estado de necesidad de tener que reconocer, sin que sean verdad, ciertos hechos al sólo efecto de evitar ir a prisión injustamente. Esos hechos que me veo obligado a admitir no resultan ser verdaderos”, dice el texto.
Los abogados, así, señalaron que la aparente confesión “carece de validez en razón de que tal reconocimiento no emanó de la libre voluntad del Sr. Rovella, sino que fue producto de la coacción psíquica de ser ilegítimamente privado de su libertad ambulatoria para el supuesto de que guardase silencio, si se negaba a declarar, o negara los cargos, en el caso de hacerlo”.
Invocaron la Convención Americana de Derechos Humanos y la Convención contra la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, según la cual es tortura “todo acto por el cual se inflijan intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sea físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero, información o una confesión”. Recordaron que la indagatoria es “el acto más trascendente del ejercicio de la defensa en juicio”, una garantía constitucional. En el mismo caso, citan ejemplos de empresarios que quedaban presos: Rodolfo Poblete fue preso tras negarse a declarar y lo liberaron cuando su jefe, Gabriel Romero, del Grupo Emepa, reconoció que ordenó hacer dos pagos. Héctor Zabaleta zafó cuando se arrepintió y acusó a otros. Lo mismo Aldo Roggio, después de la frase que se le atribuyó a Stornelli: “No hay sortijas para todos”. La lista sigue.
El empresario que pasó un año preso, parte en prisión domiciliaria, por no “arrepentirse” y acusar a nadie fue Gerardo Ferreyra, de Electroingeniería, quien relató en algunas oportunidades cómo fue el apriete de Stornelli. Ante este diario dijo que no descartaba que detrás del armado de la causa hubieran estado “los servicios de inteligencia de (Mauricio) Macri”, además de “La Nación, Stornelli y Bonadio”. Fue cuando se conoció otro dato crucial que puso un manto de dudas sobre el caso: los peritajes privados y oficiales mostraban que había cuadernos llenos de enmiendas y que en algunos la caligrafía no era la de Centeno sino la de su amigo el expolicía Jorge Bacigalupo, quien le había entregado los cuadernos al periodista Diego Cabot. En otros tramos, el texto utilizaba palabras que no formaban parte del repertorio del chofer, sino que parecía un dictado. Estos hallazgos ocurrieron en una causa a cargo del juez Marcelo Martínez de Giorgi a partir de la denuncia del empresario Armando Loson. El tribunal oral le retaceó prueba y llegó a intentar quedarse con su pesquisa.
Extraña demora
El TOF 7 integrado por Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli (éste último designado por un traslado de Macri), había armado un incidente de nulidad con la presentación/acta de Rovella, que fue revelada por el periodista Néstor Espósito. Sin embargo, la mayoría de las partes no tenía acceso y los jueces mantenían el planteo “dormido”. Recién ahora, ante el pedido de intervención en ese tema de algunos abogados defensores, el tribunal lo habilitó y lo subió al sistema. La defensa de Roggio, a cargo de Jorge Valerga Aráoz, adhirió al planteo, señaló su gravedad y pidió que se abra a prueba.
Fuente Página/12
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