Por Ari Lijalad y Franco Mizrahi -
El director de Asuntos Jurídicos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) macrista, Juan Sebastián “Enano” De Stéfano, también registra llamadas con el fiscal federal Eduardo Taiano. Las fechas son clave: coinciden con uno de los principales ejes de la persecución judicial desplegada por el gobierno de Mauricio Macri, el ataque a la entonces procuradora Alejandra Gils Carbó. Son 4 llamadas el mismo día, el 8 de mayo de 2017. El contexto: movimientos tanto en la causa armada contra Gils Carbó por la compra de un edificio para la Procuración y en el expediente donde se investigaba la muerte del fiscal Alberto Nisman. Los dos estaban en manos de Taiano.
De perfil bajo y menos exposición mediática que su colega Carlos Stornelli, el fiscal Taiano fue una pieza clave del lawfare. Intervino en varias de las causas que luego se cayeron por inexistencia de delito como el expediente por traición a la Patria contra CFK y el ex canciller Héctor Timerman, el caso Dólar Futuro y el plan Qunita. Desde mayo de 2016 tuvo a cargo también la investigación por la muerte del fiscal Nisman, una vez que Comodoro Py logró importarla desde la Justicia ordinaria bajo el relato de que se trató de un homicidio cuando no hay una sola prueba que lo demuestre, más bien todo lo contrario. Y llevó adelante la causa contra Gils Carbó por la compra de un edificio iniciada no por una sino por dos cartas anónimas que aparecían en una fiscalía de Comodoro Py. Todo muy servicial. Las llamadas entre el jerarca de espías De Stéfano y el fiscal Taiano no sorprenden.
Ex director de Asuntos Jurídicos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) macrista, Juan Sebastián “Enano” De Stéfano
El ex director de Asuntos Jurídicos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) macrista, Juan Sebastián “Enano” De Stéfano
Los 4 llamados entre el capo de la AFI De Stéfano y el fiscal Taiano fueron el 8 de mayo de 2017. Pocos días antes, el 24 de abril de 2017, el operador con patente de periodista Luis Majul escribió en El Cronista: “Durante la semana que se inicia los hombres de Macri volverán a la carga contra la Procuradora General, Alejandra Gils Carbó. Aunque todavía no tienen asegurado el número para el inicio de su juicio político”. Y agregó: “El Presidente pidió a sus hombres que aporten a la justicia toda la información que el fiscal Eduardo Taiano y el juez Julián Ercolini soliciten en la causa en la que aparece involucrada en el presunto pago de una coima a un funcionario de su máxima confianza, para la compra del nuevo edificio de la Procuración. Al mismo tiempo dentro y fuera de Comodoro Py acopian información para probar el abuso de autoridad de Gils Carbó”. Parece que esa vez le dictaron bien.
A principios de abril Taiano había pedido que Gils Carbó declarara en la causa por la muerte del fiscal Nisman. El 7 de mayo Taiano hizo varios pedidos en la causa contra Gils Carbó por el edificio. Requirió peritajes en computadoras y teléfonos. El juez era Ercolini, otro paladin del lawfare.
El 8 de mayo de 2017 hubo 4 comunicaciones entre las líneas de De Stéfano y Taiano. De nuevo aclaración: solo aparecen los llamados por línea, no los que hicieran por alguna aplicación.
De Stéfano llamó a Taiano a las 11.45 horas. La comunicación duró 2 segundos, atendió el contestador o cortó y retomaron por alguna aplicación.
El fiscal Taiano llamó 3 veces a De Stéfano, a las 11.50, a las 11.51 y a las 12.04. Hablaron 1 minuto cada vez. En el medio de esas llamadas De Stéfano habló con el juez Ariel Lijo (ver nota aparte de esta investigación).
Por esos días el fiscal Taiano le envió a Gils Carbó un pliego de preguntas en el marco de la investigación por la muerte de Nisman. No tenían mucha chance de ensuciarla: el propio Nisman al presentar su denuncia en TN dijo que Gils Carbó siempre le brindó el apoyo que precisaba. Pero igual el fiscal Taiano le hizo un cuestionario que a todas luces parece diseñado por el director de Jurídicos de la AFI, De Stéfano.
Nunca pudieron vincular a Gils Carbó con la muerte de Nisman. Tampoco con la compra del edificio para la Procuración. Pero la entente conformada por el gobierno de Macri, la AFI, Comodoro Py, Clarín y los estudios de abogados de la city desplegó todo tipo de presiones para forzar su renuncia, incluido armado de causas contra sus hijas y la publicación del celular de una de ellas en el editorial de Clarín por parte de Ricardo Roa, de quien hay a su vez 182 llamados con el prófugo operador judicial Fabián “Pepin” Rodríguez Simón y a quien el espía ilegal Marcelo D’Alessio llamaba amigo.
Mayo fue clave. A finales de ese mes, el 28, Clarín publicó su histórica tapa donde adelantó el resultado de las pericias de Gendarmería sobre la muerte del fiscal Nisman. El Cuerpo de Peritos de la Corte dijo que no había ningún elemento que indicara que Nisman hubiera sido asesinado. Pero al gobierno de Macri no le gustó ese peritaje y buscó otro que pudiera ser controlado por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich. Por las dudas anticiparon el resultado en Clarín. Y unos meses después, el 8 de noviembre, Taiano señaló que Nisman fue víctima de un homicidio.
El 11 de julio de 2017 Taiano pidió la indagatoria de Gils Carbó y otros por la compra del edificio ubicado en Perón al 600. La procuradora finalmente presentó su renuncia en octubre.
Las llamadas entre De Stéfano y Taiano constan en el expediente que tiene el juez Ernesto Kreplak, que no buscaba eso sino el entramado de la persecución a sindicalistas que quedó a la vista en el video de la reunión en la sede del Banco Provincia entre altos cargos de la AFI, funcionarios de María Eugenia Vidal y empresarios de la construcción bonaerenses. Pero lo que muestra el informe de llamadas entrantes y salientes de De Stéfano que aportó la empresa Claro es mucho más amplio.
Hay que aclarar 2 cosas: una, que el registro de llamadas que pidió la Justicia va del 1 de mayo al 31 de diciembre de 2017, por lo que puede haber contactos fuera de esas fechas; dos, que el registro de llamadas que envió la empresa Claro incluye sólo las que hicieron por la línea del teléfono, no capta las conversaciones por Whatsapp, Telegram o alguna otra aplicación. Obviamente tampoco incluye intercambios por ninguna de esas apps. Para eso el juez debería pedirle a esas empresas los registros de llamadas y mensajes en cada una de sus aplicaciones. Que hablaran por teléfono de línea, llamadas más fáciles de pinchar y rastrear, revela tanto amateurismo como percepción de impunidad.
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