De la Redacción de Contrapoder -
Alberto Fernández fue imputado hoy en la causa en la que se investigan supuestas irregularidades en contrataciones por parte del Estado nacional a Nación Seguros. Los delitos por los que se acusa al expresidente son violación de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad y malversación de caudales públicos. El fiscal federal Ramiro González está cargo de la investigación, y a la causa la lleva adelante el juez federal Julián Ercolini. Además del expresidente están imputados el ex titular de Nación Seguros, Alberto Pagliano, y Héctor Martínez, esposo de María Cantero, que es la secretaria de Alberto Fernández desde hace más de 20 años.
La causa, que , se inició a partir de la denuncia presentada ayer por la abogada Silvina Martínez y apunta a investigar “presuntas irregularidades ocurridas en torno al Decreto 823/2021, firmado el 2 de diciembre de 2021”, detalló el fiscal. En concreto, lo que la Justicia intenta determinar es si hubo maniobras ilegales en la contratación de un “broker y empresas privadas” para intermediar en la gestión de seguros en dependencias oficiales.
La causa se originó a partir de la denuncia presentada por la abogada Silvina Martínez, tomando como base un artículo publicado en el diario Clarín, en el que se da cuenta de un supuesto negocio millonario en la contratación de seguros por parte de la ANSES a partir de una auditoría pedida por la gestión de Javier Milei. Martinez ya había hecho denuncias similares contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, basadas en notas periodísticas, relacionadas con los casos Hotesur-Los Sauces.
En el escrito presentado por Martínez se pide a la Justicia que investigue la “trama de contrataciones opacas con el rubro seguro, actividad que Alberto Fernández conoce en profundidad porque allí inició su actividad política”, durante el Gobierno de Carlos Menem.
De acuerdo con esa denuncia, “dentro de la ANSES se descubrió un negocio de 20.000 millones de pesos anuales y 300 millones en comisiones mensuales con los seguros y las comisiones de los intermediarios”.
La maniobra, según la presentación, consistía en que Nación Seguros subcontrataba a otras aseguradoras y, como puente entre los dos organismos estatales, a un broker, con una comisión tres veces mayor a la del mercado: 17%.
A partir de que se conocieron las irregularidades en la contratación de los seguros, el Gobierno nacional resolvió dar de baja la normativa de la gestión de Fernández que habilitaba a los organismos del Estado a gestionar sus pólizas a través de Nación Seguros y por medio de brokers, quienes recibían esas comisiones
El fiscal González pidió como medidas de prueba que “se solicite a la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación y a la Secretaría de Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación que tenga a bien aportar los antecedentes, actuaciones y/o dictámenes jurídicos relacionados con el dictado del Decreto n° 823/2021”, que dispuso la contratación de los seguros.
El ex presidente explicó en un escrito de 5 páginas cómo fue la operatoria, buscando demostrar la falsedad de las acusaciones. Según lo investigado por la administración actual, cada uno de los organismos al contratar un seguro recomendaba a un broker de confianza y para ello necesitaba de un intermediario, que se llevaba una comisión tres veces superior a la que regía en el mercado. Allí aparecen como intermediarios Pablo Torres García, un empresario y bróker financiero y otro broker, Héctor Martínez Sosa, casado con la ex secretaria de Alberto Fernández, María Cantero.
En diálogo con radio La Red, el ex mandatario denunció que se trató de “una operación política porque me doy cuenta de dónde viene”, aunque evitó pronunciarse sobre quiénes podrían ser los responsables. “Tengo muchas ganas de aclarar esto porque no soy corrupto. Si algún funcionario hizo algo que no debía que responda, pero el caso de ANSES es un disparate”, resaltó.
“Inventan que yo estoy beneficiando a Martínez Sosa. Yo no me quedé una goma de borrar del Estado, les pido a todos que entren y miren mi declaración jurada, si cambió algo y si alguien se benefició. Esto no es un acto de corrupción, es todo falso”, insistió Fernández.
El decreto de Fernández, el número 823 del año 2021, obligaba a los entes públicos a contratar a Nación Seguros. Fue mediante esa mecánica que surgieron los gestores sospechados. Según contó Fernández en una entrevista con el diario La Nación su intención fue terminar con la intermediación, hacer la contratación de manera directa y así modificar el sistema que había implementado antes Mauricio Macri.
Entre los antecedentes, Fernández cita que con Macri en 2018 “el FGS (NdeR: Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES) en ese momento decide terminar con el esquema de seguros y opta por un esquema de “autoseguro”, el cual consistía en determinar actuarialmente una prima para incluir en el monto de la cuota de los créditos a efectos de mitigar (compensar) el riesgo de fallecimiento que retenía el FGS como prestamista. Esta prima se cobraba a los beneficiarios en concepto de gasto administrativo, aunque en realidad el FGS no incurría en un gasto de ningún tipo, era parte de los ingresos que cobraba con la recaudación de las cuotas”.
”El esquema de autoseguro es un mecanismo por el cual el FGS retiene el riesgo de fallecimiento originado en la operatoria de los créditos ANSES y cobra una sobretasa (la “prima”) con el objeto de mitigar este riesgo”, especifica.
En el escrito remite a 2017 cuando se decide implementar “un procedimiento de cobertura adecuado ante el riesgo de fallecimiento de los tomadores de créditos dentro del Programa Argenta”. Un años después ese programa cambió de nombre y pasó a denominarse “Créditos ANSES” y se “decidió descontinuar la contratación del seguro por fallecimiento de los saldos deudores a Nación Seguros SA, reemplazándolo por un esquema de autoseguro”.
De acuerdo a su interpretación “durante la vigencia del esquema de autoseguro el FGS realizó pérdidas acumuladas en el orden de los $5300 millones, concentrándose estas en los años 2020 y 2021. Solamente el año 2019 resultó superavitario”.
También señala que “tal como se detalló en los antecedentes la Resolución 155-E/2017 (plenamente vigente hasta el día de hoy) preveía como parte de las condiciones particulares de los créditos (Anexo III) que estos incluirían la contratación de un seguro de vida”.
”No sólo esto no se cumplió durante la vigencia del esquema de autoseguro, sino que además el FGS cobraba la prima del esquema como parte de supuestos gastos operativos que no eran tales (pues de hecho no había un gasto que trasladar a los beneficiarios del programa), siendo que además no tenía una autorización legal para operar como entidad aseguradora bajo las Leyes N° 17.418 y N° 20.091 y cobrar primas de seguro. Además, el FGS no tenía dentro de sus actividades de inversión permitidas (reguladas en la Ley N° 24.241) la realización de operaciones de autoseguro de ninguna índole”, agrega.
Fernández también desestimó que lo cobrado por Nación Seguros haya sido “un 40% más de lo que se estila en el mercado” y que remarca que las primas de los seguros que se contrataron es superior debido a que “la edad de los potenciales tomadores es mucho mayor y por lo tanto mayor es su riesgo de fallecimiento”. Detalla que para establecer el costo “no existe un mercado relevante para comparar la prima del seguro colectivo en cuestión, teniendo en consideración que las entidades financieras típicamente restringen la edad máxima de las personas que pueden acceder a créditos personales y, por lo tanto, no realizan préstamos a personas de edad tan avanzada como la del universo de Créditos ANSES”. En ese sentido aclara que los créditos se otorgaban a jubilados y pensionados de hasta 92 años.
En el final de su explicación, el ex mandatario indicó que “la ANSES no podía realizar una contratación en la que hubiera algún tipo de compulsa de precios entre distintos oferentes potenciales del seguro” de acuerdo a lo que marcaba el decreto 823/2021, que tenía una validez de un año a partir del 3 de marzo de 2022 “pudiendo prorrogarse por única vez y por un plazo igual o menor al del contrato inicial” y que la propuesta fue elevada por Nación Seguros en medio de la pandemia de Covid 19 y que por ese factor era más difícil “con la incertidumbre respecto del comportamiento futuro de la tasa de mortalidad” establecer “su impacto sobre todo en sectores vulnerables como personas de avanzada edad y/o con comorbilidades”.
Fuentes El DiarioAr e Infobae
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