De la Redacción de Contrapoder -
Dirigentes políticos y sindicales expresaron hoy su solidaridad con la dirigente social y referente de la Túpac Amaru Milagro Sala, al cumplirse siete años de su primera detención, reiteraron el pedido de libertad a través de un indulto y coincidieron en que se trata de un caso de “persecución judicial” que “lesiona la democracia”.
“Quiero sumarme al abrazo a Milagro y al pedido para que sea definitivamente el camino del indulto el que abra las puertas de la libertad”, manifestó el diputado y secretario general de la CTA, Hugo Yasky, durante una conferencia de prensa convocada por el Comité por la Libertad de Milagro Sala con el apoyo de organismos de Derechos Humanos en la sede de ATE Capital. El legislador fundamentó que “cuando no se cumple la ley, se vulneran los derechos humanos o el Estado de derecho y las garantías constitucionales en una provincia, le compete al Presidente de la Nación”.
Por su parte, el secretario General de ATE Capital, Daniel Catalano, opinó que “la democracia está en terapia intensiva porque hay un poder judicial que atenta contra ella de manera permanente”.
Los organismos de derechos humanos tienen una postura definida: “Siempre vamos a salir a demostrar abiertamente a la sociedad nuestra indignación por la prisión de Milagro. Si el Presidente puede indultarla —él dice que no puede, yo no soy abogada, no lo sé—, pero si hay alguna salida lo instamos a que la tome, con tal que esta mujer, esta querida amiga, esta patriota, recupere la libertad”, dijo Estela Carlotto
“Cuando el Poder Judicial no funciona, ¿quién es el que nos garantiza el derecho como ciudadanos? Milagro no puede estar ni un día más presa”, sostuvo Catalano.
“Cómo no vamos a exigir, no pedir, exigir el indulto y la libertad para Milagro”, dijo Taty Almeida de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora. Otros referentes pusieron en el centro de la argumentación la obligación del Estado nacional de proteger a los ciudadanos de persecuciones armadas, frente a la que los acusados quedan sin garantías de una defensa justa, ya que su objetivo real no es hacer justicia sino aplicar un castigo ejemplificador.
En tanto, la ministra de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual bonaerense, Estela Diaz, quien también se hizo presente. advirtió que Sala “estaba reclamando el derecho al trabajo y a la vivienda de sus conciudadanos, como hizo siempre, militó toda la vida por los derechos de su pueblo y eso es lo que la llevó a la detención”.
“Milagro está presa hace 7 años. Presa por ser una dirigenta mujer, negra, coya y peronista. Por no haber traicionado jamás al pueblo y por haber luchado incansablemente”, afirmó la diputada del FdT Gabriela Estévez desde su cuenta de Twitter.
También el presidente del Partido de la Concertación FORJA y vicepresidente de ENACOM, Gustavo López, reclamó libertad para la dirigente social y tuiteó: “Pedimos Indulto Ya”.
La postura de Fernández
En diciembre y en medio de reclamos de organizaciones políticas, el jefe de Estado ratificó que no le otorgará el indulto a Sala ya que la Constitución se lo «prohíbe», por tratarse de «una sentencia dictada por tribunales provinciales”.
“Soy un hombre de derecho y no pudo vulnerar la Constitución”, resaltó Fernández en declaraciones a Radio Con Vos, quien meses atrás había viajado a Jujuy a visitar a la dirigente a una clínica cuando fue internada por complicaciones en su estado de salud.
Los argumentos jurídicos para indultar a Milagro Sala
El grupo de abogados que trabajaron en la propuesta, argumentarían a Fernández, entre otras cosas, que el sistema internacional de derechos humanos y particularmente el Tratado de San José de Costa Rica, que es la Convención Interamericana de DDHH, establece que las vulneraciones y violaciones cometidas en un estado provincial obligan al estado nacional a tomar las medidas reparatorias correspondientes. Es decir, ellos explican que tanto las Naciones Unidas como la OEA interpelan al Estado Nacional y no a los estados provinciales. Por eso mismo considerarían que es el Estado Nacional uno de los corresponsables de lo que ocurrió y ocurre en la provincia de Jujuy.
“Los tratados tienen rango constitucional”, aclaran y además resaltan que se trata de “un problema humanitario gravísimo” que necesita la intervención política del Presidente porque la salud de Milagro Sala se ha complicado en el último tiempo. “Hay que hacer una interpretación en favor del menos favorecido y de la persona que está sufriendo”, expresó una integrante de los organismos de derechos humanos.
Lo que los abogados presentarían a Fernández es “una propuesta de decreto”. Sin embargo, especifican que no quieren adelantar detalles hasta encontrarse con el Presidente y poder transmitírselo a él. “Quisimos colaborar para alcanzar, más temprano que tarde, la libertad de Milagro, el modo después lo verá bien el Presidente”, explicaron abogados que estuvieron trabajando en el tema.
En una carta que presentó el Comité para la Libertad de Milagro la semana pasada, explicaron que “lo que estamos pidiendo en este momento lxs ciudadanxs es que la autoridad presidencial defienda a su sociedad de la discrecionalidad, la injusticia y el abuso de poder”. Argumentaron que “desde el inicio del actual gobierno de la provincia de Jujuy, su Poder Judicial ha sido un apéndice del Poder Ejecutivo; que desde la detención de Milagro la persecución se centró en armar causas o exhumar las prescriptas; que se ignoraron las pruebas ofrecidas por la defensa y se sometió a lxs encausadxs a citaciones en el tribunal sin conocimiento de sus abogados defensores; que no se garantizó en los sitios de detención la seguridad ni la atención de la salud de lxs dirigentes hostigadxs y que se incumplieron en forma reiterada las disposiciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.
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