De la Redacción de Contrapoder -
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, tiene hasta el jueves a la medianoche para negociar los votos necesarios en el Congreso para aprobar las medidas provisorias que dispuso el gabinete, que cuenta con 37 ministerios. En caso de que no lo logre, se reduciría a 23 carteras, estructura vigente durante la gestión del ex presidente Jair Bolsonaro. Para intentar salvarlo, el mandatario convocó a una reunión de emergencia con ministros y dirigentes de su Gobierno para exigir a los partidos políticos que componen la coalición oficialista que aporten los votos necesarios.
La votación en la Cámara de Diputados estaba dispuesta para este martes, sin embargo, se postergó. “Por lo avanzado de la hora y luego de una larga reunión con todos los líderes de la Cámara, la votación de la medida provisoria 1154 es para mañana (por hoy) en horario de mañana. El panel estará abierto desde las 9. Con votaciones desde las 11″, dijo el presidente de la Cámara, Arthur Lira, según reportó el portal G1. Para la tarde aún no se había concretado.
Según la información publicada por distintos medios brasileños, el desencuentro se da con la fuerza Unión Brasil -un partido de derecha, que se proclama independiente y cuenta con dos ministros nacionales (de Turismo y Comunicaciones, más un tercero aliado en Integración y Desarrollo Regional)- y cuenta con 59 diputados. Pese a ser parte de la coalición oficialista, en los últimos días no votaron a favor de los proyectos que impulsa Lula. Esta propuesta fue resistida por ahora por el mandatario, quien enfrenta una gran presión del Congreso para poder incluir más enmiendas parlamentarias a sus proyectos.
Lula sufrió varios reveses desde el Congreso en los últimos días. Por ejemplo, el proyecto de ley sobre la demarcación de tierras indígenas en Brasil (PL490) conocida como “marco temporal”, que fue aprobada por 283 votos a favor y 155 en contra en la Cámara de Diputados este martes. Fue apoyado por los 59 diputados de Unión Brasil. La iniciativa, que espera su tratamiento en el Senado, restringe la demarcación de tierras indígenas -aquellas que ya estaban ocupadas por los pueblos originarios para el 5 de octubre de 1988, cuando se aprobó la nueva Constitución- y es resistida por las ministras de Ambiente y Pueblos Indígenas, Marina Silva y Sonia Guajajara. Además, fue considerada como una “amenaza” por el Ministerio Público Federal.
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