Por Claudio Mardines -
Gerardo Morales es uno de los radicales que quisieran a Juan Schiaretti como aliado en Juntos por el Cambio para confrontar con el eje que lideran su competidora precandidata presidencial Patricia Bullrich y el expresidente Mauricio Macri. Este viernes, en plena etapa de precampaña electoral, logró la aprobación de una reforma parcial de la Constitución provincial que contó el apoyo del Frente Justicialista y limita el derecho a la protesta. La aprobación de la Convención Constituyente aumentó las movilizaciones de repudio y Morales habilitó la represión como si fuera un capital político.
La ferocidad de la policía jujeña, los 27 detenidos registrados hasta el cierre de esta edición y la cantidad de heridos sin paradero comenzaron a nacionalizar una imagen de Jujuy muy distinta a la que el gobernador quiere comunicar.
Comenzó otro momento para Morales a partir del despliegue de la policía provincial para reprimir las protestas que no dejaron de extenderse por su territorio. La pulseada en la calle es un termómetro político para el titular del Comité Nacional de la UCR y ahora juega al límite. Buscará capitalizar el despliegue represivo en medio de la contienda interna de JxC. En su partido no reniegan y defienden en privado la necesidad de demostrar que el radicalismo también puede ejecutar con mano de hierro si hay resistencia social. El límite, admiten, es el mismo que cruzó en diciembre de 2001 el entonces presidente Fernando De la Rúa antes de renunciar, cuando decretó el Estado de Sitio y habilitó la represión policial en todo el país, una decisión que dejó 39 muertos. Ahora, 22 años después, Morales busca afrontar ese trauma con una demostración de fuerza que le podría traer dividendos electorales, pero a un costo desconocido que sólo se conocerá cuando termine el operativo.
Aún así, Morales sigue en campaña, defiende la represión y a la vez se diferencia de Bullrich y su potencial aliado Javier Milei. “¿Para qué quiere Patricia Bullrich hacer una alianza con Milei, para privatizar la educación pública o habilitar la venta de armas o reglamentar la venta de órganos?”, “¿Qué se va a acordar con Milei? Esos son algunos de los puntos cruciales que no compartimos. No son puntos secundarios del debate que nos va a cruzar durante toda la campaña. Ese es el debate, no la descalificación. A Patricia Bullrich le dije que tenía que bajar una cambio con relación a las cosas que venía diciendo (…) JxC tiene que pararse en el centro”, aseguró el gobernador mientras continuaba la represión provincial.
El escenario no pasa inadvertido entre los socios de JxC. Ningún dirigente salió a respaldar la represión pero saben que tendrán que hacerlo si Morales se los pide. Por debajo hay un mar de especulaciones electorales. En la UCR confiaron a Tiempo que Morales quiere capitalizar el impacto nacional de la reforma constitucional, especialmente porque está convencido de que es un modelo institucional para limitar la protesta en el marco del Estado de Derecho. También una forma de disputar con Bullrich, Milei y Macri.
Esa seguridad ya fue cuestionada silenciosamente dentro de JxC sin resultados. En el radicalismo ha sido acompañada silenciosamente, pero sus dirigentes reconocen que “es muy posible” que se encuentre con un frente judicial escarpado. Además de las movilizaciones, descuentan que la reforma recibirá impugnaciones ante la Corte Suprema de Justicia.
“Es la primera vez que esto ocurre en 40 años de democracia: hasta el momento, todas las reformas constitucionales, aún con sus problemas, habían dejado un saldo de ampliación de derechos. En el caso de la constitución que busca aprobar el gobierno jujeño, no sólo no amplía, sino que retrocede en relación con la constitución actualmente vigente. Desaparecen los derechos de los pueblos indígenas, se limita la protesta social hasta el punto de convertirla en una contravención grave. No se reconocen los derechos medioambientales ni la defensa de la naturaleza”, advirtieron a la Convención diez organismos de Derechos Humanos, entre los que está el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
Si la crisis provincial empeora y continúa la represión, la cercanía de cierre de precandidaturas pone a Morales en una situación delicada. Sus defensores anticipan que responderá las críticas y exhibirá el respaldo del Frente Justicialista, cuyos convencionales aprobaron el cambio parcial de la Carta Magna. Lo toman como un antídoto frente a una posible ofensiva del peronismo a nivel nacional contra Morales. La crisis jujeña se nacionaliza al calor de las aspiraciones presidenciales del mandatario jujeño: su futuro dependerá del desenlace que se registre en las calles y rutas provinciales, donde se siguen constatando detenciones arbitrarias y manifestantes heridos.
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